Las transferencias de fondos del gobierno de Estados Unidos fluctúan actualmente entre un 46 y un 50 porciento del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. En el 2013 eran el 31 porciento y subieron al 58 en 2021, tras la devastación por los desastres del Huracán María en 2017, los terremotos en el Sur de 2020 y la pandemia del Covid-19.
Jenniffer González y el PNP basaron toda su campaña electoral del 2024- que los llevó al gobierno- en la mentira de que sólo ellos podían garantizar el flujo ininterrumpido de fondos federales hacia Puerto Rico. Ante el avance de las candidaturas de Juan Dalmau y La Alianza ( PIP-MVC), con sus propuestas progresistas y descolonizadoras, el PNP y González lanzaron sus cañones fuertes, pronosticando que un triunfo electoral de la Alianza representaría el fin de los fondos federales en Puerto Rico. Lo irónico es que hoy, justamente bajo el gobierno de González y el anexionismo extremo, los fondos federales para Puerto Rico están en riesgo como nunca antes por el gobierno de Donald Trump y los Republicanos, efusivamente endosados por González y la plana mayor del PNP
La dependencia de Puerto Rico en fondos federales es tres veces más alta que la del resto de estados y territorios de Estados Unidos, según un informe de la Junta de Control Fiscal ( JCF) de principios del 2025. En ese mismo informe, el ente fiscal impuesto por el Congreso para supervisar y reorganizar las finanzas públicas en Puerto Rico, califica dicha dependencia como insostenible, ya que muchos de esos fondos no son recurrentes ni permanentes. Según la JCF, Puerto Rico debe iniciar la ruta de «liberarse» de la dependencia de fondos provenientes de la metrópolis colonial.
Ciertamente, la ruta de nuestros gobiernos del bipartidismo PNP-PPD ha sido en dirección contraria a lo que sugiere la JCF. También, los economistas más serios de Puerto Rico ven en las astronómicas cifras de dependencia un obstáculo a la autosuficiencia y desarrollo económico propio al que Puerto Rico debe aspirar. Planificar y organizar la gobernanza pública sobre dinero ajeno, que hoy está y mañana no, no es la mejor ni más saludable estrategia de desarrollo económico para ningún país, y menos para una colonia aún en quiebra y estancada económicamente, como lo ha estado Puerto Rico durante las últimas décadas.
Pero, la historia del anexionismo y su voracidad por los fondos de Estados Unidos viene de mucho tiempo, desde que en su primer cuatrienio como gobernador en 1976, Carlos Romero Barceló, del PNP, publicó un folletín titulado «La estadidad es para los pobres», con una apología de la dependencia como camino hacia la estadidad federada. Desde entonces, los ideólogos del anexionismo han usado la dependencia como herramienta y excusa para intentar acorralar al Congreso de Estados Unidos y hacer la estadidad inevitable.
Por no quedarse atrás en la oferta de «más fondos federales», los Populares le han hecho coro al PNP yendo juntos a Washington con las manos extendidas y la cantaleta de la supuesta «paridad», que ha caído cada vez más en oídos sordos en el Congreso y los sucesivos gobiernos Demócratas y Republicanos.
Obviamente, es una estrategia que le ha explotado en la cara al PNP , porque mientras más piden, más se asustan allá y más se aleja la posibilidad de la estadidad. Así ha sido cuatrienio tras cuatrienio, y hoy la estadidad para Puerto Rico está más lejos que nunca y el gobierno de Jenniffer González y el PNP se encuentra en una encerrona. La administración caótica de Donald Trump y los Republicanos los ha dejado sin argumentos, y mucho menos opciones. El cierre gubernamental allá, y el tranque entre Demócratas y Republicanos en el Congreso por la aprobación de un presupuesto que permita operar bajo nuevas reglas del juego, ha puesto en jaque hasta las «ayudas alimentarias», SNAP allá y PAN aquí, de las que dependen millones de personas para su seguridad alimentaria.
En Puerto Rico, donde la crisis económica de los últimos veinte años, sumada a la quiebra de las finanzas públicas, la Ley PROMESA y la imposición de la JCF, han lanzado a la pobreza al 40 por ciento de nuestra población, la congelación de los fondos del PAN por tiempo indefinido provocaría una catástrofe humanitaria de grandes proporciones. Cerca de 1.4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas ( más de un tercio de nuestra población) reciben la ayuda del PAN, sobre todo niños y ancianos en pobreza para quienes dicho programa representa su única opción para una alimentación minimamente adecuada. Desde el gobierno de Jenniffer González y el PNP han dicho que identificarán los fondos para poder continuar el PAN mientras dure el tranque. Habrá que ver si la JCF se lo permite dadas las circunstancias inciertas de las finanzas públicas y de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, otro factor de peso en esta coyuntura.
Como quiera, al cierre de este editorial el futuro del PAN y de muchas otras partidas para salud, educación, vivienda y otras áreas esenciales, penden del hilo de un Presidente y un Congreso caprichosos, donde Demócratas y Republicanos defienden cada uno su trinchera de espaldas al sobresalto y sufrimiento que provocan en sus poblaciones más vulnerables.
Una gran ironía que este descarado chantaje con los fondos de alimentos provenga desde el propio Washington, la sede de su procedencia. Y otro fracaso más para apuntarle al gobierno sin plan, sin rumbo y sin garras de Jennifer González y el PNP.
