Especial para CLARIDAD
Dentro de pocos días se cumplirán cinco años de la aprobación de la ley Promesa, ley que aprobara el congreso de los EE. UU. y que firmara el entonces presidente Barack Obama, con el propósito de atender la situación de endeudamiento sin precedente que experimentaba el gobierno de Puerto Rico. La aprobación de dicha ley no solo puso de manifiesto el carácter burdamente colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino que nos legó un organismo bautizado con el nombre de Junta de Supervisión Fiscal (“La Junta”), compuesto por siete personas totalmente desvinculadas de nuestra vida como pueblo y de la situación de empobrecimiento que veníamos experimentando hacía varios años como consecuencia de la irresponsabilidad en la administración pública por parte de los gobiernos que, hasta entonces, se habían turnado en el poder. Sin importarles la realidad social y de la génesis de la deuda, llegaron al País a instalarse como máximos jerarcas y a disponer de nuestro presupuesto a su arbitrio. Poco después todas las esperanzas que albergaban algunos, de que la Junta vendría a acabar con la corrupción y a poner la casa en orden, se vinieron abajo ante la renuencia de la Junta de definir los servicios esenciales y su determinación de aprobar planes fiscales para favorecer los intereses de los bonistas “buitres”. Muy pronto, la Junta comenzó a invertir millonarias sumas de dinero de nuestro presupuesto en el pago de asesores financieros, abogados, consultores estratégicos y otro personal.
Entre los bufetes de abogados que fueron contratados por la Junta se encuentra O’Neill & Borges, firma establecida en Puerto Rico desde 1962 y que cuenta con amplia experiencia en quiebras y derechos de acreedores. La contratación de O’Neill & Borges estuvo salpicada de controversias por cuanto su departamento corporativo “… ha sido instrumental en el manejo de un sinnúmero de emisiones de valores municipales, deuda corporativa y valores de capital en Puerto Rico, el resto de Estados Unidos y América Latina” (Sin Comillas, 27 de noviembre de 2016). Tras ser creadores de la deuda, ahora fungirían como asesores de la Junta en su reestructuración. Para abril de 2019, O’Neill & Borges había cobrado alrededor de $1.6 millones por sus servicios a la Junta. El actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, entraba a y salía de dicho bufete, según comenzaban o finalizaban sus funciones públicas como secretario de Justicia bajo el gobierno de Pedro Roselló (1993-1996) o como Comisionado Residente de P. R. en EE.UU (2008-2016). Pierluisi regresa al bufete a partir de 2017, llegando a someter facturas de hasta $400 la hora. Sus ejecutorias en el bufete tampoco estuvieron exentas de conflicto de intereses, pues mientras asesoraba a la Junta en la reestructuración de la deuda, realizaba labores de cabildero para la empresa AES, que opera una planta de quema de carbón en Guayama y que inició dos reclamaciones en el tribunal contra la AEE.
La divulgación del rol que jugó Pierluisi por años como miembro de uno de los bufetes asesores de la Junta, dejó claramente establecido de qué lado estaba y que intereses representaría, quien en las elecciones del 2020 aspiraba a ser gobernador de Puerto Rico. De ahí que se le comenzara a tildar como “el abogado de la Junta”. Consciente de esto, Pierluisi se proyectó ante el país como el candidato que mejor comunicación tendría con el ente fiscal, para lograr acuerdos en cuanto a la distribución del presupuesto del gobierno y la confección de los planes fiscales. Ante la política pública establecida por la Junta por los pasados años de imponer su agenda neoliberal, totalmente divorciada de la realidad puertorriqueña, que provocaba un mayor empobrecimiento y malestar en el pueblo, el candidato Pierluisi se expresó decidido a oponerse a muchas de las medidas previstas. Se expresó en contra de aumentos en las tarifas del agua, de la luz, a mayores recortes al presupuesto de la UPR y a los recortes a las pensiones de los empleados públicos. Con la firma del contrato por parte de la exgobernadora Wanda Vázquez, con la empresa Luma Energy, para transferirle la transmisión y distribución de la energía eléctrica, Pierluisi dijo, claramente, que no respaldaría que el contrato con esa empresa, violara derechos adquiridos de los empleados de la AEE conforme el convenio colectivo. Pierluisi ofreció, renegociar dicho contrato, ante la lluvia de críticas al mismo. Para llevar a cabo su encomienda y una vez en el cargo, se auto nominó representante del gobierno ante la Junta.
En la más reciente reunión celebrada por el organismo y en presencia del propio Pierluisi, se anunció, sin ambages, que se aproximaban aumentos a las tarifas de agua, de la luz, a los peajes, recortes a las pensiones de los empleados públicos, al presupuesto de la UPR y mayores aumentos a la matrícula de nuestro principal centro de educación superior. Pierluisi se mantuvo impávido ante estos anuncios, demostrando que su lealtad está con la Junta y no con el pueblo que lo respaldó con un raquítico 33%. Dio la espalda a sus promesas de renegociar el contrato con Luma Energy y ha defendido a capa y espada las ejecutorias de una compañía que, antes de entrar en la administración del sistema de transmisión y distribución, nos ha desfalcado en la suma de $120 millones, que nos seguirá escamoteando con los incentivos que contempla el contrato, con los salarios de sus 22 vicepresidentes y las oportunidades de negocio para sus matrices. Como si ello fuera poco, Luma Energy ha tenido un comienzo atropellado, demostrando cuan falsa era la promesa de que “estamos listos”. Por otro lado, y ante el costo político que representaría no hacerlo, Pierluisi optó por firmar la ley conocida como Ley de Retiro Digno (P. de la C. 120), no sin antes advertir, que “…la medida en cuestión es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley PROMESA”.
A cinco meses en la gobernación, ha quedado claro que Pierluisi sigue siendo el abogado de la Junta y que tanto el cómo sus cómplices en la administración gubernamental respaldan la agenda de desmantelamiento del país. Queda de nuestra parte decidir si se lo habremos de permitir.
