Del 23 al 26 de octubre de 2018 se celebró en Buenos Aires, Argentina, La V Cumbre de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas. Puerto Rico estuvo presente en dicho evento internacional mediante una delegación de seis personas. En una edición reciente de Claridad se reseñó los logros de esa presencia y se hizo hincapié en la importancia de participar en este espacio de concertación, educación y formación cooperativista. Además, este acontecimiento constituye un momento ideal para consolidar esfuerzos en la defensa de este modelo de organización social ante la coacción de los intereses del lucro y la especulación.
La ACI fue creada hacia el 1895 y su función esencial es promover y construir un escenario que favorezca el crecimiento del cooperativismo mundial. Esto incluye el ámbito político, jurídico y normativo. Defiende los intereses del cooperativismo y desarrolla trabajo y alianzas para promoverlo. Sus miembros son organizaciones cooperativas y mutuales de todos los sectores. Su sede internacional está ubicada en Bruselas, Bélgica y para asegurar el desarrollo de la agenda de trabajo poseen cuatro oficinas regionales: África, América, Asia-Pacífico y Europa, ocho organizaciones sectoriales globales (agricultura, banca, comercio minorista, pesca, salud, vivienda, seguros e industria y servicios), y cinco comités y redes (género, investigación, derecho, juventud y desarrollo). ACI- de las Américas tiene su sede en Costa Rica. La Alianza Cooperativa Internacional destaca que en el mundo existen aproximadamente tres millones de cooperativas que agrupan a 1.2 billones de personas, en otras palabras, una de cada seis personas en el mundo pertenece a una cooperativa.
Esta V Cumbre de las Américas tenía un matiz distinto al ser el primer evento que actual presidente, el argentino Ariel Guarco, dirigía en su tierra natal. Guarco es un líder cooperativista de gran trayectoria. Es veterinario de profesión y cuenta con una maestría en Economía Agraria y un posgrado en Economía Social. Nacido en Coronel Pringles al sur de la Provincia de Buenos Aires es el segundo latinoamericano en presidir esta organización en sus 123 años de historia. El primero fue el brasileño Roberto Rodrigues que presidió del 1997 al 2001. Estas actividades regionales son encuentros muy esperados y concurridos por los cooperativistas pues facilitan el intercambio de experiencias y el análisis a profundidad de temas de interés.
Ariel Guarco, presidente de esa organización recientemente hizo declaraciones en las cuales destacaba la importancia de visibilizar el modelo frente a sus detractores: “Ellos están mucho más preparados que nosotros para hacer que nuestro modelo fracase”. El líder del movimiento cooperativo argentino, que lleva poco más de un año a la cabeza de esta entidad mundial recabó que es urgente dar respuesta rápida a los problemas que enfrenta el modelo alrededor del mundo. Esa es una clara aceptación de las amenazas que rodean al cooperativismo y que nos mueven a impulsar trabajos concretos en el aspecto de incidencia en políticas públicas que respeten y propicien el desarrollo del modelo.
Por eso me sentí honrada al ser invitada a disertar en el Foro sobre Derecho Cooperativo en el cual abordamos los problemas de la actuación de los organismos regulatorios en nuestro país. En esa disertación, que incluyó el desarrollo histórico de nuestra legislación, los organismos regulatorios y la participación del cooperativismo afirmamos que: la experiencia ha sido útil a los fines de haber alcanzado una dinámica de defensa con participación directa de los nuestros en las estructuras de gobierno. Sin embargo, no hemos logrado cambiar el escenario de excesiva intervención, control gubernamental absoluto y desviación de recursos. A través de su historia el Movimiento Cooperativo puertorriqueño ha procurado el respeto por la naturaleza especial del modelo y sus bases filosóficas. Nuestra respuesta a las condiciones económicas y sociales que nos plantea el momento histórico debe apoyarse en estas mismas bases doctrinarias y concretizar un escenario que nos independice de las fuerzas políticas y económicas desvinculadas de los intereses sociales del movimiento cooperativista en nuestro país.
Regresamos a Puerto Rico con nuevos bríos y conocimientos fraguados en las experiencias compartidas principalmente con Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Todas experiencias ricas, con altas y bajas, nos dan perspectiva. Estos eventos nos recuerdan que no estamos solos en el reclamo de políticas públicas de respeto para los que edificamos un sistema que esté al servicio del desarrollo sostenible. Un sistema que propicia la inclusión financiera de los más vulnerables y que reclama que las regulaciones financieras reconozcan la naturaleza distinta del modelo que fomenta el crecimiento de una economía social y solidaria. Regresamos a la realidad sobre la necesidad de mantenernos alerta ante el impacto de la Ley PROMESA y sobre todo porque la Junta de Supervisión Fiscal extendió su marco de acción a la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), que ejerce las funciones de regulador y asegurador de las cooperativas del país.
En los planes fiscales presentados por el gobierno de Puerto Rico ante la Junta se insiste en que los regulados no pueden estar en la junta del ente regulador, refiriéndose a la actual composición de la junta de directores que incluye representantes del gobierno y del cooperativismo. Ese es el pie forzado para que propongan cambios en la dirección de la corporación pública dirigidos a eliminar la representación de las cooperativas en la Junta de Directores de COSSEC. La reacción de los cooperativistas es: ¿y a quiénes van a dejar, al gobierno solo? La experiencia es que el sistema en más de una ocasión se ha visto amenazado en diversas administraciones que han intentado echar mano de los dineros de COSSEC para fines ajenos a su naturaleza.
Lo positivo de este proceso es que los líderes del cooperativismo en Puerto Rico han abierto la puerta del diálogo con las autoridades federales y estatales sobre las bases de propiciar garantías de protección de un modelo que está arraigado en el pueblo y que le ha servido bien. La discusión incluye medidas financieras que fortalezcan el sistema cooperativo para que continúe ocupando ese espacio de inclusión financiera con impacto positivo en el entorno económico y social. Además, para que pueda asumir un rol destacado en el desarrollo económico de otros sectores productivos.
No podemos bajar la guardia. Es tiempo de estar atentos. No se puede permitir que se utilice la situación fiscal del gobierno como una excusa para vulnerar los fundamentos básicos éticos y democráticos del cooperativismo. Eso lo hemos vivido en carne propia y lo palpamos en este pasado encuentro regional cooperativo.
La autora es líder cooperativista. Comentarios a: mildredkairo@gmail.com
