CLARIDAD
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no debería ya estar considerando el proyecto Esencia, luego del señalamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de que no hay los recursos ni la capacidad hídrica para atender la demanda de ese proyecto sin comprometer el suministro actual, expuso a CLARIDAD el licenciado Francisco Vargas Alcántara, portavoz del Comité por la Verdadera Esencia.
El señalamiento es parte de la evaluación que tiene que hacer la AEE sobre el impacto que tendría el pretendido proyecto en la infraestructura y el recurso agua que maneja. En comunicación con fecha del 11 de agosto del 2025, dirigida al secretario auxiliar de OGPe, licenciado Félix Rivera Torres, la AEE no solo le señala la falta del recurso, sino que agrega que, de acuerdo a la Ley 34-2022, es política pública de la AEE la conservación del recurso hídrico. La ley dispone que el uso de los canales de riego esté legalmente restringido a fines específicos para el uso agrícola y excluye de manera expresa los usos recreativos u otros no autorizados. La comunicación de la AEE está firmada por la directora asociada de la AEE, Blanca González Hodge.
Recientemente, la Coalición Defendamos a Cabo Rojo, integrada por personas en su carácter individual, organizaciones comunitarias, científicas y culturales del suroeste de Puerto Rico, realizó una asamblea de pueblo en la que se reiteró por unanimidad la oposición al pretendido mega proyecto turístico-residencial en el sector Los Pozos, en Boquerón. Además de denunciar que el proyecto afectaría el suministro de agua para toda la región, se denunció que también violaría el Plan de Uso de Terrenos y pondría en riesgo la estabilidad ecológica y económica de toda la región suroeste.
Eso unido a la privatización del litoral y la exclusión del pueblo del proceso decisional en contravención a la Ley de Política Pública Ambiental, al derecho constitucional al acceso a los bienes de dominio público y a la concesión de más de $495 millones en exenciones fiscales, lo que representa una transferencia de riqueza pública a intereses privados, mientras el Municipio renuncia a recaudos necesarios para servicios esenciales.
El licenciado Torres Alcántara expresó su indignación de que mientras la Junta de Control Fiscal pasa juicio sobre todo gasto y beneficio contributivo que se da en el país, estos inversionistas, al amparo de la Ley 74, tienen una exención del IVU de 10 % durante 10 años. Cuestionó que si el proyecto no se diera cómo se recuperaría ese dinero. Mencionó que ahora mismo pudieran estar comprando materiales de construcción sin pagar IVU y, en caso de que no se dé el proyecto, nada quita que se los lleven o los revendan.
A preguntas de CLARIDAD, el licenciado Torres Alcántara confirmó que ni el alcalde ni ningún otro funcionario del Municipio asistió a la convocatoria pública. Indicó que desde hace un año, tanto el Comité como la Coalición le han solicitado una reunión al alcalde, Jorge Morales Wiscovitch, que hasta el presente no ha querido conceder.
En términos del proceso de permisos del proyecto, denunció que lo último que se sabe que sucedió es que el proponente está preparando su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) final con lo que le dijo OGPe debe tener. Lo que se discutió en vista pública en el mes de marzo fue un borrador de la DIA. El licenciado Torres Alcántara planteó que a su entender con el trámite del borrador de la DIA debió de archivarse y con ello el proyecto, porque el proponente no cuenta con respuestas básicas, como, por ejemplo, cómo va a suplir la gran demanda de agua que supone el proyecto. “Al día de hoy los proponentes no tienen esa respuesta”.
Más aun, llamó la atención a que los desarrolladores, representados por Cabo Rojo Land Acquisition, todavía no son dueños de todos los terrenos donde proponen el proyecto, por lo que tampoco se debe considerar debido a que se está partiendo desde la especulación.
Además del proceso en OGPe, el proceso del deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) está cuestionado por segunda ocasión ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El portavoz del Comité narró que el primer deslinde fue impugnado por un colindante y que el DRNA determinó que el recurso fue presentado fuera del término de tiempo exigido por ley. Reveló que quien determinó que el recurso se presentó fuera de tiempo fue el juez administrador del DRNA, licenciado Samuel Acosta Camacho, el mismo a quien se le atribuye la redacción de la orden ejecutiva que pretende legalizar las casetas de La Parguera.
El colindante acudió al Tribunal Apelativo, el cual determinó que las notificaciones que habían emitido tanto el DRNA como el proponente fueron defectuosas, por lo que ordenó que había que volver a notificar a todos los colindantes Luego, el colindante volvió al tribunal a impugnar el deslinde por estar mal hecho. Ahora se supone que primero el DRNA vuelva a notificar al proponente y que luego el proponente tenga que volver a enviar por correo certificado todas las notificaciones a los colindantes para un nuevo deslinde. Se supone que ese proceso esté corriendo, aunque al momento de nuestra entrevista el portavoz del Comité dijo que aún no se había notificado a ninguno de los colindantes.
En tanto, en la Asamblea de Pueblo se expresó y aprobó una resolución en la que exigen, entre otros aspectos, la cancelación definitiva del Proyecto Esencia y la denegación de cualquier permiso o consulta de ubicación asociada y la publicación completa de los expedientes en poder del DRNA y la OGPe respecto al proyecto. Además, se exhortó al Municipio a rechazar los decretos contributivos que benefician a Esencia y a adoptar un modelo de desarrollo sostenible, participativo y de base comunitaria. Por último, se convocó a todas las comunidades del suroeste a defender nuestros acuíferos, humedales y zonas costeras frente a la especulación y el despojo.
