Por Cándida Cotto / CLARIDAD
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró el 15 de octubre la audiencia sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF). A más de cuatro meses, para el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos González, el que todavía no se haya producido una determinación le parece preocupante e interesante.
“Es preocupante porque la decisión que se va a tomar impacta a nuestro País. Y ahora viene lo interesante: se supone que el Supremo le dé prioridad a estas controversias de Promesa. Sin embargo, lo más que puede hacer el Congreso, por el tema de la separación de poderes, es que eso se interprete como una sugerencia; no puede ordenar darle prioridad”.
Reparó en que el proceso de ese Tribunal en acoger la petición después de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito fue bastante acelerado. A la interrogante de por qué a casi fines de febrero no se ha dado una decisión o se escucha nada, el profesor de la Universidad Interamericana dijo que las razones podrían ser varias, pero que le preocupaba una en particular: que de alguna manera el Tribunal Supremo, que vive en la realidad americana de Washington D.C., pueda haberse enterado de que la firma Aurelius está en proceso de transar, no a los reclamos de este caso, pero sí de llegar a un acuerdo en el Tribunal de su deuda. Puede que el Tribunal Supremo piense que la cosa se está resolviendo sola. Puntualizó que esto es falso y que es aquí donde viene la importancia del caso de la Unión e trabajadores de Industria Eléctrica y Riego (UTIER), ya que en cuanto Aurelius reclame que no le hace falta que el Tribunal Supremo se exprese porque ya recobró su dinero, el caso de la UTIER estará vivo. “Pero los intereses que representa la UTIER no son los que representa Aurelius”, reconoció.
El doctor Ramos González advirtió que no estaba diciendo que esa sea la razón por la cual todavía no se haya producido una determinación; pero sí dijo que podría ser una de ellas. Otra posibilidad es que la situación sea más complicada de lo que se pensaba y no se haya podido lograr una votación. Considera que llegar a una votación conforme a las consecuencias o decisión que se vaya a dar es compleja y comprometedora.
Una tercera preocupación del Tribunal puede ser el que uno de los planteamientos de la UTIER —que si lo nombramientos de la JCF son inconstitucionales se anule todo lo que ha hecho— presenta el problema de que mientras más pase el tiempo, más difícil será que se anule todo lo que ha hecho. Cuando vayan a decidir no tendrán más remedio que resolver en el más estricto derecho, pero manteniendo las decisiones de la Junta. A eso se suma la posibilidad que el juez presidente, John G. Roberts, esté tratando de lograr unanimidad, cosa que toma más tiempo. Tampoco descartó que las razones para la demora pueda ser el conjunto de todas las mencionadas.
