Por Giancarlo Vázquez/CLARIDAD
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Dentro de un mes concluye otro año fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR). A partir del primero de julio, se efectuará un nuevo recorte al presupuesto de la Universidad, que amenaza las condiciones de trabajo para los empleados del sistema y que limita la accesibilidad a una educación superior pública.
En octubre pasado, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó por decisión unánime un plan fiscal que recorta $541 millones a la UPR en los próximos cinco años. Como parte de las medidas para contrarrestar los efectos de ese recorte, el plan sugiere la congelación de plazas, la consolidación de recintos, un aumento de $124 por crédito de nivel subgraduado, recortes a las pensiones del Sistema de Retiro UPR y al plan médico, la liquidación por días de vacaciones, de enfermedad y más.
Según el último Plan Fiscal Revisado, sometido por la UPR a finales de abril, “la Universidad ha ejecutado medidas que tendrán un impacto total de $629.85 millones en los próximos cinco años, o el 53.3% del objetivo de cinco años en comparación con el Plan Fiscal Certificado”.
Pero los recortes continúan y, aunque algún tiempo atrás, el presidente de la universidad Jorge Haddock Acevedo se pronunciaba a favor de las decisiones tomadas por la JCF sobre la UPR, de un momento a otro, no ve razonable que el ente federal creado bajo la ley Promesa continúe haciéndole recortes al primer centro docente del país.
“No soportamos un recorte más. Nosotros hemos sido bien responsables. Hemos tenido unos recortes sustanciales este año y ya tenemos hasta el momento el presupuesto balanceado. Ponernos en este momento recortes adicionales cuando nosotros estamos trabajando arduamente, yo no lo veo viable o razonable”, dijo Haddock a El Vocero.
Y así como continúan los recortes, también el despilfarro. Considerando lo mencionado anteriormente, cabe recordar los reclamos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) sobre la ceremonia de investidura del presidente.
“Motu propio”
Las ceremonias de investiduras son una práctica medieval en la que se reconocen los méritos de una persona y su transición al poder de una institución. Aunque en pleno Siglo XXI se siguen practicando, este tipo de actividad ha dejado de realizarse por el mal sabor que dejan.
La UPR nunca antes había presenciado una actividad de este carácter. Al menos, eso nunca ha sido una tradición de la institución. Sin embargo, el presidente ha solicitado un reconocimiento para sí mismo con la excusa de que esto ayudará a mejorar la reputación y a la credibilidad de la Universidad, “motu proprio”.
La presidenta de la HEEND Jannelle Santana criticó las pretensiones del presidente, que después de casi un año en el puesto “ahora quiere hacerse ceremonia para alimentar su ego…” Todo un despilfarro de dinero en el momento hasta ahora más crítico para la Universidad.
“Tenemos conocimiento de que hay un comité que él creó con un grupo de personas, incluyendo rectores, que están a cargo de esta ceremonia”, dijo la líder sindical a CLARIDAD.
Aunque se desconoce el costo total de esta actividad, se estima que el costo de cada toga ronda los $3 mil. Santana mencionó que para la ceremonia “se mandó a hacer un medallón en oro de la UPR y la toga que él (Haddock) va a usar para las graduaciones; también, la compra de tres togas adicionales, incluyendo la del presidente de la Junta de Gobierno. Todas las togas tienen los grados terminales de cada una de esas personas, chebrones en oro blanco, el logo de la universidad en relieve…”
La investidura va a ser en el Teatro de la Universidad y el pasaje de los invitados que vengan de fuera del Puerto Rico será costeado por la UPR.
“Mientras se aumentan matrículas, quitan exenciones, reducen beneficios a los empleados y las aportaciones al plan médico, tenemos una Administración Central que no está viviendo la crisis de la manera que la estamos viviendo los recintos. Para ellos no hay crisis, sino gastos excesivos”, manifestó.
El despilfarro en Administración Central no se compara con la realidad que están enfrentando los recintos, que sufren en gran parte el impacto de los recortes determinados por la Junta de Control Fiscal y avalados por la Junta de Gobierno de la UPR y el presidente.
Un capricho ideológico
A principios de mayo, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) presentó una demanda planteando que la JCF se excedía en sus poderes al intervenir con el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. El Fideicomiso es autónomo e independiente y “en ningún ordenamiento jurídico está contenido que ellos puedan intervenir con respecto a eso”, sostuvo presidente de la APPU Ángel Rodríguez.
Además, esa asociación demandó al presidente de la universidad y a la Junta de Gobierno por incumplir con su deber fiduciario, ya que no se han realizado los pagos al sistema de retiro, que le corresponden a la universidad como patrono, lo que a su vez ha permitido el deterioro de la estabilidad económica del fideicomiso.
“Esto incide en el presupuesto porque se va acumulando una deuda que, cuando comienza un nuevo presupuesto, de igual manera se corre para el próximo año fiscal”, dijo Rodríguez. Es decir, se le sigue adeudando al retiro.
La Junta de Retiro de la UPR ha sostenido reuniones con la directora ejecutiva de la JCF Natalie Jaresko para demostrar la solvencia del sistema, el funcionamiento de las inversiones y todo lo referente al Retiro UPR. Aunque la Junta está de acuerdo con la información que se le ha suministrado –según mencionó Santana– y, por ende, con que el sistema funciona, el ente federal mantiene su posición de cambiarlo de un sistema de pensiones con beneficios definidos a unas cuentas de ahorro individuales, mejor conocidas como 401k.
Santana, describió los cambios en el sistema de retiro como un “capricho ideológico” por parte de la Junta.
Por otra parte Rodríguez añadió que “la UPR no aguanta más recortes. El nuevo presupuesto que comenzaría a partir del primero de julio promueve un recorte de $83 millones adicionales, además de los recortes que ya se habían realizado, lo que incide en los programas académicos, las contrataciones, en los pagos al sistema de retiro, etcétera”.
“A pesar de que nuestro reclamo ha sido siempre que se regrese a la fórmula del 9.6%, ahora le estamos pidiendo que, por lo menos, los $83 millones que están presupuestados como recorte no se recorten. Esto lo que implica es la no planificación de la universidad”.
Más información sobre el sistema de retiro de la UPR en las páginas 26 y 27.
