CLARIDAD
Una acción temeraria es lo que evidencia la acción de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG) de acudir ante la jueza Laura Taylor Swain a solicitar que la UPR sea puesta bajo el Título III de la Ley PROMESA.
La petición de la Junta de Gobierno se produjo el pasado 24 de mayo, un día antes del que se supone se viera en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan una demanda en su contra presentada por la UPR para impedir que la esta implemente un nuevo plan de pensiones de contribución definida. Tras la petición de la JG, el proceso ante el TPI quedó archivado.
Por su parte, la jueza que ve el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA le dio a la JG hasta el próximo14 de junio para que presente sus argumentos de por qué debería remover el caso del Tribunal y acoger su petición.
El presidente de la Junta de Retiro del Sistema de Pensiones, Luis Vicenty Santini, expuso a CLARIDAD sus preocupaciones por la contestación de Swain y por las consecuencias que tendría para la Universidad si la jueza decide acoger la petición. “Si esa es una movida bien temeraria de la Junta de Síndicos de la UPR, más preocupante es lo que dijo la juez. Les dijo que le digan por qué ella no debe desestimar la petición, porque ella lo que ve son casos bajo el Título III de Quiebra y la UPR no está bajo el Título III”.
Las consecuencias que tendría colocar a la UPR bajo el Título III de PROMESA incluyen la pérdida de acreditación, lo que a su vez impediría el acceso a las becas Pell, el acceso a fondos de investigación y a fondos federales de Educación. Dijo que lo próximo sería un proceso de cómo acomodar a los estudiantes de la UPR en otras universidades. La quiebra sería para todos los recintos.
El presidente de la Junta trajo a la atención que cuando la Junta de Retiro ganó la fiducia del sistema en el 2020, la entonces directora de la JCF, Natalie Jaresko, hizo una consulta con el Departamento de Educación de Estados Unidos para ver si se podía hacer una quiebra consensuada bajo el Título III para que la UPR no perdiera el acceso a los fondos federales, y le contestaron terminantemente que no. Este considera que la decisión de acudir ante la jueza Swain fue de la expresidenta de la UPR, Mayra Velasco, de Emilio Colón y el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau. Denunció además que la decisión no fue sometida al pleno de la Junta de Gobierno, aun cuando se supone que la Junta es un cuerpo colegiado.
Uno de los argumentos de la Junta de Gobierno para pedir colocar a la UPR bajo el Capítulo de Quiebra de PROMESA es que supuestamente tiene que cumplir con el Plan Fiscal impuesto por la JCF. No obstante, es sabido que desde el 2017 la JCF presiona a la Junta de Gobierno para que cambie el sistema de retiro. Otro de los razonamientos de la JG para cambiar el plan de pensiones para los empleados nuevos es que el Plan de Retiro se va a queda insolvente. Vicenty Santini desmintió que esto sea cierto y afirmó que el último estado financiero del Retiro establece que el plan tiene solvencia, por lo que cuestiona las motivaciones para insistir en el cambio.
A su juicio, el cambio responde a aspectos ideológicos. Agregó que ya los tribunales de Puerto Rico removieron a la JG de la UPR de la fiducia del Plan de Retiro, por lo que técnicamente y legalmente se supone que la JG no tiene ninguna participación sobre el plan y su única participación es su aportación. Para cerrar el plan se requiere la anuencia del fiduciario, que es la JRSP, que él preside. Una de las razones por las cuales el tribunal le quitó la fiducia a la JG fue porque esta le condonaba pagos a la UPR, indicó.
El presidente de la Junta del Sistema de Retiro manifestó aprehensión por que la jueza coloque a la UPR bajo Título III, porque prácticamente estaría dejando al país sin universidad y se pregunta “si eso es lo que están que buscando el presidente y la Junta de Gobierno de la UPR: llevarla a la quiebra y que la UPR deje de existir. Eso es lo que va a pasar”.
Por su parte, el representante legal de la Junta de Retiro, Rolando Emmanuelli Jiménez, describió la acción de la JG de la UPR como una desesperada, la cual crea un problema porque la Universidad no es ningún deudor. Eso significa que no hay jurisdicción del Título III. Este señaló que es por eso que la jueza le ordenó a la UPR mostrar causa por la cual tendría que ir el caso al tribunal, porque el asunto no tiene nada que ver con PROMESA.
Este también observó que de haberse podido someter a la UPR bajo el Título III de PROMESA, la JCF lo hubiese hecho; pero el caso es que la UPR estaba cumpliendo con el pago de su deuda, por lo que la JCF hubiese tenido que mostrar causa para ello, algo que deben saber los abogados de la JG.
El licenciado Emmanuelli Jiménez se expresó confiado en que no hay méritos en la petición de la JG. De parte de su cliente esperan presentar su contestación en esta semana. Recalcó que ya la jueza emitió una opinión de que no tiene jurisdicción, por lo que no hay manera de que la UPR explique o justifique su petición.
El meollo del caso, comentó, es que la ley de la UPR dice que la Universidad tendrá un plan de retiro, no dos, y la JG quiere abrir otro plan de retiro que le va hacer un hueco al existente debido a que los empleados nuevos no van a estar aportando, y eso va a menoscabar el plan. Por demás el actuario ha señalado que sale más caro el nuevo plan que el actual. Al la acción de la JG ser contraria a la Ley Universitaria, si quiere tener ese otro plan, tendrá que enmendar la ley, anticipó.
