¿Se podrá hablar de carreteras de libre acceso? ¿Podrán las y los trabajadores ir de paseo luego de que todas las principales vías del país estén privatizadas?
Como ya se había adelantado desde el año pasado, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) conlleva la privatización de todas las carreteras con peajes. Este dos de mayo el Gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia dio a conocer que si el Tribunal de Título III (se refiere al Título III de la Ley Promesa) confirma el plan propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF), la deuda de bonos de la ACT se reducirá en un 71% aproximado de $44,200 millones a $1,245 millones la cual será asegurada con los peajes. Esta reducción-según Fortaleza- rebaja el pago anual de cerca de $148 millones a $78 millones, cerca de 47% menos de lo proyectado originalmente. Lo que no dijo es que dicho pago se hará por un plazo de 40 años. Según el Gobernador, el plan de ajuste ofrece “una vía para que el gobierno realice un proceso de alianza público-privada (APP) para el manejo y mantenimiento de nuestras carreteras con peajes”.
CLARIDAD consultó a la economista Martha Quiñones Domínguez su apreciación sobre si en efecto es cierto que la deuda se reduce en un 71%, y sobre si resulta necesaria una alianza público privada de todas las carreteras con peajes. La experta indicó que no, y añadió que se trata de una estrategia económica propia del capitalismo, donde el Gobierno cede la administración de propiedad pública a una empresa privada, y enriquece al privatizador pasándole los costos al pueblo. “Es parte de un proyecto de hacer negocios con el dinero del pueblo y así vivir aparentando que son empresarios exitosos cuando en realidad son vividores del Gobierno”, señaló.
Dijo que en el caso de Puerto Rico, con estas llamadas fórmulas público-privadas se complace a la élite de Estados Unidos que quiere hacer negocios en la Isla, y además sirve para emplear o contratar a hijos o familiares de los políticos o a cuadros políticos que fueron derrotados electoralmente. La economista explicó que la privatización es una estrategia muy típica del capitalismo explotador internacional, y que eventualmente conduce a la destrucción del gobierno. A la administración de los fondos públicos desde las empresas, se le llama Gobierno Empresarial o el secuestro del Estado por parte de las élites políticas, desviándose así la política pública de una agenda social, para favorecer el capital privado de negocios y empresas. “Eso en política pública es mal uso de fondos o corrupción, pero los especialistas en esa materia no lo mencionan”, acotó.
Si siempre la deuda de la ACT se ha pagado con los peajes, ¿qué de nuevo tiene el acuerdo?
Quiñones Domínguez planteó que el acuerdo de la deuda de ACT da la impresión de que el dinero se está desviando del uso público para otras cosas. Expuso que una característica de los procesos de privatización de servicios públicos es que no son transparentes, ya que vemos que se han privatizado las autopistas y se han aumentado los peajes, pero no ha habido ninguna evaluación de los efectos de estas acciones sobre la sociedad. Observó, además, que si existen problemas para pagar la deuda de la ACT ¿por qué el gobierno insiste en seguir construyendo autopistas como la extensión de la PR 22 de Hatillo a Aguadilla, por ejemplo? “La falta de información y de discusión y evaluación pública crítica de los proyectos es parte del problema. Te imponen proyectos, desvían fondos y nosotros terminamos pagando”. Como punto de comparación examinó lo que ocurre en la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde la deuda se paga con los recaudos de la matrícula, pero se aumenta la matrícula y aun así no hay dinero para pagar.
¿Hay algún peligro en que un país tenga todas sus autopistas bajo administración privada? ¿Se mantiene el concepto de vía pública?
La economista afirmó que sí existe un serio peligro. Por eso, dice que hay que cuestionar qué es lo que se considera vías públicas, y si un bien público se puede privatizar, ya que esta acción puede significar que el que no puede pagar, no lo puede usar, y eso rompe con la definición de que nadie sea excluido. En sus palabras, esa discusión marca el dilema sobre qué es lo público, sobre lo que sería exclusión y cómo podría justificarse la misma. En especial, si dicho bien se construyó con fondos públicos, ¿de quién es el derecho? O la gran pregunta de si al privatizar, dicho bien se convierte en un bien privado, o ¿bajo qué categoría cabe, si bien privado o público? Expresó que, desde el punto de vista legal y de derecho estos aspectos debieron haberse definido desde hace tiempo, pues lo mismo está pasando con muchas propiedades, como escuelas, que se están vendiendo y no está claro si eso es legal. Por definición, una vía pública todos la pueden usar y nadie los puede excluir, y mucho menos cobrar.
¿Hay precedente de otros países-islas dónde se haya privatizado puertos, aeropuertos y carreteras, ¿cuál ha sido la experiencia?
“No sé si hay precedentes, pero lo que sí se establece es que la Isla ya no te pertenece, y pueden decidir si pasas o no pasas. Cuánto eso viola los derechos constitucionales y otras leyes, habría que estudiarlo” concluyó Quiñones Domínguez.
