Un informe que oculta la ineficacia de su intervención, sus costos sociales y su naturaleza antidemocrática, así describió el grupo Plan B: Independencia el Informe Anual de 2025, de la Junta de Control Fiscal, presentado al Congreso y a la administración presidencial de Estados Unidos en semanas recientes. La presentación de dicho informe es un requisito del artículo 208 de la llamada Ley PROMESA. Este sería el noveno informe del ente fiscal.
“Después de casi una década, la Junta no puede mostrar un solo indicador estructural de éxito; su legado es un país más pobre, un Estado más débil y un futuro más incierto”, denunció el portavoz de Plan B, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez. Este calificó el informe de documento cuidadosamente elaborado para proyectar logros, mientras oculta aquellos elementos que revelarían con claridad la ineficacia de su modelo de intervención, los costos sociales de su actuación y la naturaleza antidemocrática de su autoridad.
El experto en casos de quiebra denunció que la JCF proclama avances en materia fiscal, reformas estructurales y disciplina presupuestaria, e ignora el hecho de que Puerto Rico continúa sin un crecimiento económico sostenido que permita superar el estancamiento crónico de la última década.
“La política de austeridad impulsada por la Junta no ha sido un proceso neutro ni técnico, sino una estrategia ideológicamente dirigida contra sectores esenciales, particularmente la Universidad de Puerto Rico y los pensionados”, manifestó. Al respecto, citó datos del economista y profesor José Caraballo Cueto de que la UPR ha sufrido recortes de casi un 50 % desde 2017, lo que demuestra que “la austeridad de la JCF era para la UPR y los municipios, mientras agencias menos estratégicas recibían aumentos presupuestarios.
En el plano gubernamental, la política de austeridad de la JCF ha reducido y debilitado su capacidad, frenado la inversión pública, ha afectado la formación profesional del país y ha limitado la capacidad del Estado para atender necesidades básicas.
Otro aspecto denunciado es el que el informe evade una rendición de cuentas completa sobre el costo real de la propia Junta al no ofrecer un desglose detallado y transparente de los honorarios multimillonarios pagados a consultores externos, de los gastos asociados a litigios prolongados ni de los costos indirectos derivados de los procesos de reestructuración que se han extendido por años.
De hecho, un análisis en febrero de este año, preparado por la organización Espacios Abiertos, reveló que, hasta el presente, la Junta había gastado —y los puertorriqueños pagado— $308,111,005 por consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III; $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el Tribunal Federal (de EE. UU. en Puerto Rico), para un total de $2,021,957,705.
Plan B describió como preocupante el que la JCF celebre la certificación de presupuestos balanceados sin aclarar que tales ejercicios no cumplen con los criterios legales que permitirían activar el mecanismo de salida dispuesto en la Ley PROMESA. Aunque habla de “presupuestos equilibrados”, la Junta omite explicar que estos han sido balanceados en la base de caja y que, según la propia ley federal, la terminación de su mandato requiere de cuatro años consecutivos de presupuestos equilibrados bajo criterios de contabilidad gubernamental, además de demostrar acceso real y sostenido a los mercados de capital.
Esta ausencia de precisión, apuntó la organización, no es un descuido, sino una estrategia para presentarse como una entidad que cumple sus metas, sin reconocer que el país no está más cerca de la salida de la Junta que hace años. En esa línea, el informe evita de manera absoluta indicar cuándo la JCF prevé retirarse de Puerto Rico o qué calendario sigue para cumplir con los criterios de terminación.
En términos de su proceder, Plan B destacó que el informe se presenta como expresión técnica y neutral de supervisión fiscal, pero evita reconocer que se trata de un ente no electo que tiene poder superior al Gobierno que el pueblo de Puerto Rico escoge en las urnas. “La Junta es la negación institucionalizada de la democracia real a la que aspiramos los puertorriqueños; no representa al pueblo, no rinde cuentas al país y opera como un enclave colonial del siglo XXI que sirve solo a los intereses de unos pocos”, resaltó el Dr. Carlos Rivera Lugo, portavoz de Plan B: Independencia, y reconocido filósofo del derecho.
Para finalizar, Plan B destacó que el informe ignora el impacto humano de sus decisiones y que durante años, encuestas y estudios han revelado que la sociedad puertorriqueña está sumida en un profundo desánimo, caracterizado por la falta de expectativas de progreso, la incertidumbre económica y la sensación generalizada de que el país no avanza.
