CLARIDAD
Se puede tener la mejor administración del mundo, pero si el dinero no da, no da. Lo que pretenden el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, con sus expresiones de que una disciplina fiscal y la negociación de la deuda mantendrán a flote a la Universidad de Puerto Rico es normalizar la precariedad de la Universidad del Estado. En ello coinciden tres profesores de economía de la UPR entrevistados por CLARIDAD.
Las declaraciones de Parés y Marrero fueron vertidas al periódico El Nuevo Día en una conferencia de prensa en la cual se presentaron los estados financieros del 2020 del Gobierno, entre ellos, el de la UPR.
El profesor Heriberto Martínez Otero, quien es también asesor legislativo, explicó que en el plan fiscal (PF) para el próximo año el presupuesto contemplaba la asignación de $383 millones y con el plan de ajuste de deuda se modificó a $500 millones, mas con las resoluciones legislativas el presupuesto se elevó a $550 millones. “A todas luces, eso es completamente insuficiente para que la Universidad pueda operar de una manera efectiva y capaz de cumplir con su propósito tanto de educar e investigar”.
Este rechazó enfáticamente que sea como dicen ambos funcionarios, que con una buena administración y la negociación de la deuda se puede salvar la UPR. Martínez Otero comentó que para la administración actual es complicada la situación porque fue el propio exgobernador Ricardo Rosselló quien dijo que había que hacer recortes a la UPR y lo incorporó al primer PF que preparó para presentarlo a la Junta de Control Fiscal (JCF). Luego trajeron de presidente a Jorge Haddok, quien dijo que podía trabajar con los recortes y que podía hacer más con menos.
“Ahora están diciendo de algún modo nos equivocamos. Esa política de austeridad lo que hizo fue poner a la UPR prácticamente en una situación de colapso y no vislumbró que en algún momento surja ya la propuesta de consolidar algunos recintos”.
Expuso que las universidades públicas en Estados Unidos ahora mismo operan con tres fuentes de financiamiento: las aportaciones privadas, lo que se conoce como los endorsements; las aportaciones del gobierno estatal y la matrícula. En el caso de la matrícula de la UPR, esta se ha salido de proporción por completo. Narró que al interior de la Junta Universitaria se dio el debate de si la matrícula debería aumentarse por inflación, una escalonada cada cierto tiempo o ajustada por los ingresos. Sin embargo, ninguna de estas propuestas fueron consideradas y se dio un alza exponencial que ha puesto a la UPR en unos niveles de costos que prácticamente consume completamente la beca de los estudiantes. “La UPR ha perdido su noción social de ser la universidad del pueblo y llegan los que puedan pagarla y aquellos que estén dispuestos a hacer un esfuerzo”.
Martínez Otero considera que ante la falta de más recursos, la JCF va a presionar para el cierre de recintos. Ante esa posibilidad, es importante que la UPR presente sus necesidades presupuestarias detalladas al Gobierno central, al poder Legislativo y a la JCF. Incluso expresó que su parecer es que los cuerpos administrativos de la UPR van a tener que empezar a hacer enlaces en el Congreso de Estados Unidos para buscar aliados que presionen a la JCF a asignar más fondos a la Universidad. Resaltó que en estos momentos en Hacienda hay en reserva para el pago de la deuda $4 mil millones, por lo que entiende que una partida de ese fondo podría utilizarse para la UPR.
Administrar el hambre
“Yo creo que estos planteamientos de estos funcionarios dan la impresión de que se trata de normalizar la situación presupuestaria de la UPR. Yo me pregunto qué significa disciplina fiscal. ¿Significa administrar el hambre, que es lo que está haciendo la Universidad en los últimos años? La Universidad está en el hueso en términos fiscales”, expresó el profesor del Instituto de Relaciones Laborales, del recinto de Río Piedras, Iyari Ríos.
Reconoció que en principio se podría estar de acuerdo con que hace falta una mejor o una sana administración fiscal de la UPR y que ciertamente ha habido señalamientos en áreas particulares de que la administración ha sido deficiente en las cuentas por cobrar y la administración de sus bienes inmuebles. En el caso de las cuentas por cobrar, un estudio del profesor Argeo Quiñones, también economista, encontró que la UPR tenía la cantidad de $3,200 millones de cuentas por cobrar entre el 2004 al 2015.
Ríos, quien es presidente de la Asociación de Economistas, resaltó que incluso la actual rectora del recinto de Río Piedras, doctora Angélica Varela Llavona, ha hecho expresiones públicas calificando los recortes a la UPR hechos por la JCF como devastadores. “Así que cuando se habla de disciplina fiscal, ¿a qué se refiere, a que administremos el hambre? Nosotros podemos tener la mejor disciplina económica del mundo; pero si no tenemos los recursos, no podemos ofrecer los diferentes servicios que ofrece la Universidad”.
En cuanto a la negociación de la deuda recordó que cuando se aprobó la Ley PROMESA y entró la JCF, se señaló públicamente que la UPR no tenía problemas con el pago de su deuda. El pago de la deuda representaba una parte del presupuesto. Sobre las declaraciones del secretario de Hacienda y el director ejecutivo de AAFAF de que la negociación de la deuda mantendría a la UPR a flote, Ríos dijo no saber a quâ se referían, a no ser que el escenario de la deuda se haya complicado más recientemente, producto precisamente de los recortes al presupuesto y a que no hay suficiente dinero para pagarla.
Para el profesor Ríos, un recorte de 50 % al presupuesto de la UPR como está en el presente torna inoperante a la Universidad. Esto se ve ya en el deterioro de la planta física, la reducción en el personal docente y no docente, en los servicios que se ofrecen a los estudiantes, en la reducción de la oferta de cursos y sesiones y en los servicios a la comunidad.
“Así que el planeamiento que se ha hecho por el secretario de Hacienda y Omar Marrero, a mi juicio, lo que pretende hacer es normalizar la austeridad de la Universidad queriendo insinuar que con los recursos que tiene la UPR en estos momentos puede funcionar de manera óptima si se administra bien. Se puede tener la mejor administración del mundo, pero cualquier institución a la que se le recorte el 50 % de su presupuesto se torna prácticamente inoperante”, indicó.
Reparó en que el Gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos han estado hablando de la importancia de promover el crecimiento de la oferta de trabajo en el país; pero que con una universidad pública menguada, alcanzar ese objetivo va a ser muy difícil.
Comparación irresponsable
El profesor Waldemiro Vélez declaró que comparar a la UPR con la Autoridad de Acueductos, “es una irresponsabilidad tremenda. La UPR no tenía problemas con pagar su deuda, y eso era sin los aumentos de matrícula”. A su juicio, en la práctica, se ha eliminado la fórmula en que se le asignaba el presupuesto a la UPR. Recordó que cuando la gobernación de Alejandro García Padilla no se utilizó la fórmula, pero se le dio una asignación de $800 millones, lo que era razonable con relación a los presupuestos que había tenido antes la institución.
Vélez denunció que la JCF lo que ha hecho desde que llegó ha sido desangrar la institución y que incluso no responde a los cuestionamientos de cuáles son los criterios o métricas que utiliza para la asignación de fondos.
Los entrevistados todos coincidieron en que en las universidades públicas las matrículas no constituyen la mayor parte del presupuesto. Vélez señaló que en EE.UU. el alto costo de las matrículas ha llevado a grandes endeudamiento a los egresados, por lo que ahora mismo el presidente está buscando fondos para pagar esas deudas. “Es decir, el modelo que la Junta ha querido implantar en Puerto Rico desde que llegó está en bancarrota en Estados Unidos. Es absurdo”.
Respecto a la posibilidad del cierre de recintos, su parecer es que los van a dejar morir por inercia, a la vez que desangran el presupuesto. Igual, los entrevistados hicieron expresiones de que se debe mantener y respetar la ley que establece que la asignación del presupuesto de la UPR es mediante la fórmula de del 9.6 % del presupuesto general. De cumplirse con esto, el presupuesto actual sería de $950 millones. Pero la JCF ha impuesto su criterio.
En otra apreciación en la que coincidieron es que a la comunidad universitaria se le ha dejado al margen y no sabe nada del proceso de la negociación de la deuda. Según dijeron Marrero y Parés, la renegociación de la deuda de la UPR está en suspenso por acuerdo entre las partes.
