Asalto a las cooperativas

 

CLARIDAD

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El  gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, pretende emular a su homólogo, el exgobernador Luis Fortuño, y apropiarse una vez más del dinero de las  cooperativas. Ese es el propósito que hay detrás de la insistencia en el nombramiento de Mabel Jiménez Miranda como directora ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas (COSSEC).

A principios de año, en una acción  unilateral, el gobernador le solicitó a la Junta de Directores de COSSEC que nombrara como directora ejecutiva a Jiménez Miranda. Según fuentes de CLARIDAD, la acción tomó por sorpresa hasta al mismo director ejecutivo en ese momento, Emilio Torres Antuaño, quien tiene 25 años de experiencia en la banca de  financiamiento y en la administración de instituciones financieras, en  funciones similares a las que requiere el puesto de director ejecutivo de COSSEC. Torres Antuaño, fue nombrado por la exgobernadora, Wanda Vázquez, en marzo del 2020, en consenso con las cooperativas.

La Junta de Directores de COSSEC aprobó el nombramiento de Jiménez en enero 2021. La ley obliga a que el nombramiento de su director ejecutivo sea aprobado por  la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP), quien rechazó el nombramiento en votación de siete a tres.  Por lo tanto, se supone que la nominación de Jiménez Miranda quedara sin efecto. Pero la Junta de directores de COSSEC, en lugar de buscar otras nominaciones para el puesto, decidió nombrarla como presidenta interina, lo que le permite seguir ejerciendo las facultades y obligaciones, funciones y deberes del presidente ejecutivo. Hasta le concedió  el mismo salario, como si fuese una funcionaria en propiedad.

Los representantes del movimiento cooperativo, tanto en la junta de directores de COSSEC como en CDCOOP, mediante la Liga de Cooperativas los demandó por entender que mantener a la persona rechazada en el puesto era una burla a los procedimientos. El 15 de junio, el juez del Tribunal de Primera Instancia (TPI) Sala de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, le dio la razón a la Liga de Cooperativas y sostuvo que mantener a la rechazada como directora interina era un subterfugio para ir en contra de la determinación del ente que tiene el poder de nombramiento, que es la junta rectora de CDCOOP. Concluyó que una  vez ocurre el rechazo por la junta rectora, la junta de COSSEC  no puede nombrar a la misma persona que ya fue rechazada. El tribunal declaró nulo el nombramiento de Jiménez Miranda y ordenó que cese y desista de ocupar la posición como interina.

No obstante, la Junta de Directores de COSSEC apeló la determinación y solicitó un auxilio de jurisdicción para que se paralice la determinación  del TPI. Por su parte, la  Liga de Cooperativas ya radicó su  oposición. En  tanto,  el Tribunal Apelativo paralizó la sentencia en cuanto al cese y desista, lo que tiene el efecto de que Jiménez Maldonado se mantiene en el puesto tomando decisiones con plenas funciones.

Quién es Jiménez Maldonado

La nombrada mediante orden de  Pierluisi es esposa del CPA José González Torres, quien precisamente era el director ejecutivo de COSSEC  bajo la administración de Fortuño, gobernador que obligó a las cooperativas a comprar bonos del Gobierno de Puerto Rico por la cantidad de $976 millones. Esa compra llevó a la quiebra a más de una docena de cooperativas.

Aunque ya estuvo antes en la agencia, las fuentes de CLARIDAD aseguran que Jiménez Maldonado, quien no dio pie con bola, luego ocupó un puesto en el Capitolio dirigiendo la flota vehicular; pero en  el cooperativismo no se le conoce ninguna experiencia financiera.

La fuente también reveló que en la presentación que Jiménez Maldonado hizo ante CDCOOP habló de querer montar un equipo en COSSEC para asesorar a las cooperativas sobre cómo invertir su dinero y dónde deberían invertir. Confrontada con que eso fue precisamente a lo que las obligó el Gobierno de Fortuño, su respuesta fue que las cooperativas son “autónomas y hacen lo que ellas quieran. Las vamos a orientar”.

Diversas fuentes han comentado que la intención del Gobierno de Pierluisi es traer una firma de  inversiones para manejar el dinero de COSSEC.

El informe sobre los Estados Financieros de COSSEC a junio del 2020 dice que la agencia obtuvo un crecimiento de $23 millones en los activos totales. La cartera de inversiones cuenta con 884 posiciones con un valor en el mercado de $335 millones y una ganancia no realizada de $20 millones. Las actividades relacionadas a estas aportaron $13.4 millones a las operaciones del actual año fiscal.

Los ingresos obtenidos ascienden a $35 millones, de los cuales $24 millones provienen de las primas cobradas a las cooperativas aseguradas y $10.1 millones son producto de los intereses de las inversiones. Los gastos de la Corporación se redujeron por $707 mil dólares, sin considerar la reserva para pérdidas estimadas, y tuvimos una disminución en la sección de capital de $2.2 millones.

COSSEC es una de las pocas agencias del Gobierno donde hay dinero. Todo ese dinero lo aportan las cooperativas. No es dinero que aporte el Estado. Pero los miembros del Gobierno en la junta de COSSEC mantienen  16 puestos de confianza en la agencia y están pidiendo aumentar el presupuesto para una partida para contratar otros asesores.

Aunque  la situación de COSSEC se está discutiendo dentro del movimiento cooperativo, todo indica que el Gobierno de Pierluisi lleva una política de “torcer   brazos” entre los cooperativista de su partido  para que se allanen a sus propósitos.

También entra en juego la Junta de Control Fiscal (JCF), quien quiere eliminar el mecanismo de cogobernanza que hay en las agencias que regulan este sector. Contrario a otras jurisdicciones, en el cooperativismo puertorriqueño se ha llegado a unos entendidos con el Gobierno, de que en las agencias que les regulen se ha legislado para que haya representación igualitaria en sus juntas entre representantes del cooperativismo y gente nombrada por el Gobierno. Esto es así en COSSEC, CDCOOP y en FIDECOOP (Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo). La pretensión de la JCF es que se cambie  la ley para nombrar una supuesta junta de expertos, que sea la que dirija las agencias y así sacar a los cooperativistas. La JCF también pretende que se tomen medidas  contra las 20 cooperativas que salieron más golpeadas con la compra de los bonos del Gobierno de Puerto Rico y que se  altere  el sistema de contabilidad de las cooperativas.

La fuente denunció que la comisión que vigila la banca —Comisionado de Instituciones Financieras— no se toma las mismas atribuciones de manejar los bancos como lo hace COSEEC  con las cooperativas.

 

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