CLARIDAD
Con la expresa intención de acelerar los proyectos a construir con subvenciones federales, la Cámara de Representantes se apresta a simplificar aun más los requisitos y procesos para el otorgamiento de todo tipo de permisos.
La voz de alerta la dio el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, quien reveló que la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara, convirtió los proyectos PC- 549, PC- 688 y PC- 916 y el proyecto del Senado PS- 122 en un proyecto sustitutivo que hace múltiples enmiendas a la Ley 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.
En entrevista, Márquez Lebrón denunció que el proyecto requiere de vistas públicas debido a que contiene diversos asuntos que son insostenibles y contradictorios con otras posturas que se han asumido en la Cámara, además de peligroso. “Aquí se lleva años hablando de que luego del huracán María, los terremotos y la pandemia va a llegar una cantidad de fondos federales y se va a hacer una serie de proyectos grandes de energía, de construcción y de infraestructura. Todos los proyectos, no importa la cuantía, después que tengan algún tipo de fondos federales, el que sea, no tiene que cumplir con las leyes de permisos de Puerto Rico”.
En su lugar, el proyecto dispone que se cree un Comité Especializado de Evaluación de Proyectos Subvencionados con Fondos Federales, cuyo objetivo principal será tramitar con prontitud todo aquel proyecto subvencionado con fondos federales. Márquez Lebrón detalló que la medida establece que los proyectos no tendrán que cumplir con los términos ordinarios de la Ley 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos; con la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, conocida como Ley Orgánica de la Junta de Planificación; con la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal; con la Ley 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 2 Uniforme del Gobierno, ni con cualquiera otra ley que conflija con lo allí dispuesto y los reglamentos promulgados al amparo de las mismas.
Además, las agencias, corporaciones públicas o municipios a los cuales el Comité Especializado les solicite comentarios tendrán el término improrrogable de diez días laborables desde la petición de comentarios para presentar los mismos. De no recibir contestación, transcurrido el término de diez días laborables, se entenderá como favorable la propuesta.
El Comité también tendrá la facultad de establecer procedimientos alternos para expeditar la concesión de permisos, licencias, endosos, consultas o certificaciones relacionadas con los proyectos subvencionados con fondos federales.
Márquez Lebrón trajo a la atención que el proyecto traslada una orden ejecutiva del gobernador que planteaba lo mismo. La diferencia es que ahora se hace por legislación: “Es hacerle el favor al gobernador”.
El legislador del PIP hizo la salvedad de que lo que contiene el proyecto es muy diferente a que se le aceleren los permisos a los pequeños y medianos comerciantes: “Con eso no tengo ningún problema; pero cuando se trata de proyectos de construcción, de demolición, proyectos que requieren un montón de estudios, realmente es un asunto alarmante, y con unos procedimientos expeditos es una cosa muy preocupante para el país desde el punto de vista ambiental y de planificación urbana”.
Denunció, además, que el proyecto mantiene a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como la agencia prominente con relación al proceso de planificación ambiental, soslayando una vez más al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. De igual forma, la participación de personas afectadas, comunidades y grupos con interés para cuestionar u oponerse a un proyecto queda totalmente excluida. Las personas solo podrán hacer una reclamación en un término corto al Tribunal de Apelaciones. El único requerimiento para con el público es un anuncio en un periódico y un letrero frente a la obra.
Por su parte, la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, en comunicado de prensa también denunció sobre la medida y reclamó la necesidad de que se celebren vistas públicas. Entre los puntos preocupantes, Nogales Molinelli destacó lo relativo a los Profesionales Autorizados, que son contratados por los proponentes de un proyecto para que certifiquen su cumplimiento con las leyes y reglamentos, sin que un funcionario público así lo confirme.
Destacó que se han hecho denuncias sobre el Profesional Autorizado, de que en ocasiones han hecho certificaciones donde se omiten circunstancias que ponen en duda su determinación o, peor aun, le han mentido a las agencias. Ante esto, censuró que el proyecto establezca que el permiso debe ser expedido en dos días y que se excluya a los geólogos y los planificadores profesionales de los Profesionales Autorizados que pueden hacer este trabajo. Solo podrían serlo los agrimensores e ingenieros.
“O sea, limita ese privilegio precisamente a las clases de profesionales de donde provienen quienes han abusado de él. Debemos aprovechar esta oportunidad para eliminar esa figura y ordenar una revisión de todos los casos en los que intervino un Profesional Autorizado, afirmó.
Aunque se supone que, según el trámite ordinario, la medida deba ser presentada al hemiciclo de la Cámara en algún momento de esta semana para ser aprobada, luego, pasará al Senado, a otra comisión para otro examen. A juicio de Márquez Lebrón, no se sabe qué acción se tomará en la Cámara y, de someterse al Senado, cuánto tiempo pasará en ese cuerpo.
