CLARIDAD
La solicitud de la agencia acreditadora Commision on Higher Education al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico para que presente evidencia de que cumple con el estándar VI de Planificación, Recursos y Mejoramiento Institucional no se refiere solo al presupuesto de este año, sino al presupuesto de los próximos cinco años.
Así lo aclaró la presidenta del capítulo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) de ese recinto, la doctora Ida Orta. “Es una certificación del Gobierno. Eso quiere decir que la Junta de Control Fiscal tiene que firmar la carta, el gobernador tiene que firmar esa carta y la Legislatura tiene que aprobar esa carta para que la agencia acreditadora nos crea que sí ese dinero va a venir”. De lo contrario, el recinto se enfrenta a perder su acreditación.
Mientras el RCM por sí solo necesita $116 millones como mínimo para funcionar y cumplir con los requisitos de la Middle States, el presupuesto asignado en el Plan de Ajuste de Deuda para todo el sistema de la UPR es de apenas $500 millones. De los $116 millones que requiere Ciencias Médicas, le recortaron $17 millones. El recorte de fondos ya tuvo como consecuencia la pérdida de la acreditación del Programa de Neurociencia en el 2019. Ese año, los 11 recintos de la UPR fueron advertidos de que podían perder la acreditación por recursos insuficientes.
La doctora Orta responsabilizó por la situación, tanto de su recinto como el de toda la UPR, a la Junta de Gobierno de la UPR. “La Universidad de Puerto Rico no necesita una capitana, necesita una Junta de Gobierno que debe estar compuesta por personas que tengan unos intereses específicos en común: el desarrollo y mantenimiento de nuestra única y primera institución de educación universitaria”, declaró en clara alusión a la actual presidenta, doctora Ilka Ríos Reyes, y al resto de los miembros de la JG.
Orta denunció que en la presidencia de la UPR no ha habido la cabeza que le dé seguimiento a los señalamientos de la agencia acreditadora ni hay una estructura de seguimiento por la continua contratación de personas que “caen de paracaídas en el recinto y en todos los recintos, que no tienen ninguna idea de lo que es la UPR y llegan por motivos políticos partidistas”. También censuró tanto la gestión de la actual presidenta de la JG y la de su antecesor, Jorge Haddock, quien en un principio sostenía que los recortes a la UPR eran manejables.
“Nuestra presidenta interina se quedó corta en la energía que tenía que meterle para exigir el presupuesto. Ninguna de las dos se preocupó porque no hay forma de que ese presupuesto se pueda balancear. Aquí la matemática básica de nuestros legisladores se fue a juste”, expresó Orta en referencia a la presidenta interina de la UPR Mayra Olavarría Cruz y a Ríos Reyes.
La doctora Orta describió la situación tanto de Ciencias Médicas como el de toda la UPR como una muy fuerte, a la cual de manera indirecta se está exprimiendo para beneficio de las universidades privadas. “Aquí el espacio de acceso de la UPR lo han ido haciendo imposible, lo han eliminado como una alternativa viable para asegurarse que las privadas tengan su porción. Creo que es una visión equivocada del Gobierno”.
Aunque hizo la salvedad de que no quería pensar en la pérdida de la acreditación, comentó que en caso de que sucediera, el RCM tendría que garantizar a los estudiantes activos el traslado a otra institución para que terminen su preparación. El Recinto tendría que pagarle la matrícula a ese estudiante al costo de la institución que lo reciba. Trajo como ejemplo que el programa del cual es profesora, Ciencias de Higiene Industrial, es el único en Puerto Rico y en todo el Caribe y que de perderse la acreditación, el lugar más próximo que ofrece esa especialidad es la universidad pública en Tampa, Florida. Añadió que ahora mismo a los seis residentes del Programa de Neurocirugía, el RCM tiene que pagarles la matrícula y el salario en cada uno de los hospitales de las universidades en los que fueron admitidos, lo que asciende a tres y cuatro veces que lo que costaba en Puerto Rico.
La profesora Orta no dudó en afirmar que la situación que atraviesa la UPR es una intencional, ya que su presupuesto representa una vía de acceso más fácil para obtener el dinero para pagar a los bonistas.
Por su parte, la APPU también responsabilizó a la JG de la UPR, al Gobierno de Puerto Rico, tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa, y a la Junta de Control Fiscal de ser responsables directos de la posible pérdida de acreditación del RCM.
“El empeño abusivo e irrespetuoso en recortar fondos de manera indiscriminada por parte de la Junta de Control Fiscal a la UPR nos ha llevado a esta situación de crisis en nuestro Recinto de Ciencias Médicas. Ante ese ataque de la JCF, el Gobierno central en todas sus ramas no ha tenido la valentía ni el coraje de defender la UPR como servicio esencial en nuestro país. La Junta de Gobierno de la UPR y la alta gerencia de la institución han seguido tratando de insistir en la viabilidad de la Universidad ante una situación presupuestaria que es claramente insostenible” dijo Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la APPU.
El presidente indicó que le enviarían una comunicación al Gobernador Pierluisi, a la Legislatura y a la JCF solicitando reuniones para discutir la situación fiscal de la institución y buscar alternativas. “Le dejamos saber a todos los cuerpos rectores que han ido desmantelando la Universidad que necesitamos reunirnos con urgencia. Estamos en toda la disposición de sentarnos a discutir la defensa de nuestro recinto de enseñanza superior y su importancia como servicio esencial. Esperamos su pronta respuesta. La Universidad y el País lo necesita” expresó Rodríguez.
