Por Juan Mari Brás, Especial para Claridad
Ahora, más que en el pasado, es necesario que los independentistas actuemos con independencia del régimen. Lo que está inservible, y listo para echarlo a la basura de la historia, es el régimen colonial que hemos soportado por más de medio milenio. El mundo entero está de acuerdo en la necesidad de darle fin al colonialismo “en todas sus formas y manifestaciones” en todo el planeta, sin más dilación. Hace falta que nuestro pueblo así lo reclame. Cada vez son más los puertorriqueños que se convencen de esa gran necesidad.
Por eso, es necesario promover y hacer efectiva la mayor unidad posible de todo el pueblo puertorriqueño. Los grandes cambios no se dan sin el respaldo de los pueblos. Estemos claros en eso. Pero, al mismo tiempo, estemos claros, en que sin la unidad, o al menos la coordinación, del trabajo y forcejeo de los independentistas no vamos a conseguir que el pueblo se una en un esfuerzo común por la descolonización del país. Para lograr esa unidad mayor, es imprescindible alcanzar la unidad menor, que es la del independentismo. Y para alcanzar esa unidad menor, en la medida en que sea posible, es preciso que todo el independentismo actúe con independencia del régimen. Lo que confunde en sus orientaciones políticas a la mayoría de nuestro pueblo es el acondicionamiento al sistema colonial que ha producido la sumisión al régimen. Los independentistas somos los menos colonizados entre los habitantes del país. Pero eso no implica que no se nos haya infiltrado la colonización en alguna medida. Quinientos años de coloniaje dejan una huella que nos alcanza a todos. Lo maravilloso es que hayamos muchos, en todas las generaciones, que podemos cobrar conciencia de la realidad de que estamos sometidos a un régimen extranjero que nos gobierna sin respeto alguno a la voluntad soberana de nosotros como pueblo. Y más maravilloso aún es que hayamos podido cuajar una nación en la historia, de inconfundible identidad a pesar de haber vivido siempre bajo regímenes coloniales. Esos dos hechos, que nadie puede negar hoy, son los que han salvado a nuestro pueblo de haber sido arrinconados como minorías en su propio espacio, como ocurrió en Hawaii, en Alaska, en Texas y en Nuevo México.
Estamos en el momento propicio para impulsar la gran alianza de los puertorriqueños hacia la completa descolonización del país. Para eso, tenemos que estar claros en varios puntos esenciales.
Primero, el asiento de nuestra nación son las islas habitadas que forman geográficamente a Puerto Rico: la isla mayor, y Vieques y Culebra.
Segundo, los boricuas, no importa donde estén residiendo, son parte de la nación puertorriqueña y tienen derecho a participar en la determinación que hagamos los puertorriqueños para iniciar libremente la redefinición de nuestras relaciones con Estados Unidos.
Tercero, lo anterior no significa que seamos una nación nómada, sin asiento geográfico. Este está muy claramente definido en nuestra ubicación caribeña. Los boricuas residentes en Estados Unidos pueden y deben reclamar sus derechos en las comunidades y el estado, provincial y nacional, en donde hacen sus aportaciones, con su trabajo, a esas comunidades, estados provinciales y estado-nacional, pero tal situación no impide que aporten y contribuyan a rescatar la plena soberanía intervenida en su patria puertorriqueña. Téngase presente que los mexicanos residentes en Estados Unidos no niegan la realidad de que México es una nación diferente a Estados Unidos ni están dispuestos a permitir que ésta sea intervenida por nadie. Lo mismo puede decirse de los polacos, los italianos, o los de cualquier otro origen, residentes en aquel país. No puede ser distinto en el caso de los puertorriqueños.
Cuarto, el ejercicio de la libre determinación es del pueblo puertorriqueño, no del Congreso ni del Presidente ni del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por eso, el inicio de cualquier proceso dirigido a la redefinición de nuestras relaciones con Estados Unidos es un derecho de los nacionales puertorriqueños y no de los ciudadanos de Estados Unidos, de aquí o de allá.
Quinto, lo anterior es así porque la soberanía de Puerto Rico reside en el pueblo puertorriqueño y no en ningún poder interventor, según lo reconoce el Derecho Internacional vigente, el cual obliga a todos los países y gobiernos del mundo, incluyendo a Estados Unidos. En el caso de dicho país, su propio sistema constitucional así lo reconoce en la llamada cláusula de supremacía de su constitución. El hecho de que el gobierno de Wáshington mantenga una intervención casi total sobre nuestro país lo convierte en violador del orden internacional proclamado universalmente y así reconocido por su propio estado nacional desde el momento mismo en que proclamó su independencia el 4 de julio de 1776. Los puertorriqueños, y sobre todo los independentistas, no debemos jamás repetir ofuscamiento jurídico de que Estados Unidos ostenta la soberanía sobre Puerto Rico. La realidad jurídica es que suprime, en la práctica el ejercicio pleno de nuestra soberanía por el pueblo, mediante un régimen interventor. Por eso, no hay democracia en Puerto Rico, y es una equivocación decir que aquí vivimos en un sistema democrático.
Sexto, por esas mismas razones, ni el Congreso ni el presidente, ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos deben iniciar el proceso de libre determinación de los puertorriqueños sobre nuestro futuro. Ese poder es únicamente del pueblo puertorriqueño. De ahí la importancia de mantener abierto, y abrirlo hasta sus órganos superiores, el foro de Naciones Unidas para ventilar, y fiscalizar, el caso colonial de Puerto Rico en todo momento hasta que cese la intervención indebida de Estados Unidos en nuestro país.
Séptimo, si el Congreso, el presidente o el Tribunal Supremo de Estados Unidos están dispuestos a reconocer el derecho inalienable que tiene Puerto Rico al pleno disfrute de su libre determinación e independencia —que es el que reconoce el Derecho Internacional a todas las naciones del mundo— le daremos la bienvenida a tal reconocimiento. Eso lo deben decidir ellos. No es función nuestra estancar el ejercicio de nuestro derecho y dedicarnos a cabildear por los pasillos congresionales en Wáshington para mendingar tal reconocimiento.
Los puertorriqueños tenemos derecho a esperar que el nuevo presidente de Estados Unidos, y la mayoría Demócrata en ambas cámaras congresionales, rectifiquen la política imperial que han estado aplicando a Puerto Rico por ciento diez años consecutivos. Ahora hay un nuevo gobierno en Wáshington que surgió como decisión del pueblo de Estados Unidos de echar a un lado las políticas torcidas que han llevado a esa nación a lo que podría ser la peor crisis de su historia. Una de las rectificaciones que tienen la obligación de hacer, respondiendo al reclamo de su propio pueblo y de la inmensa mayoría de la humanidad, es sencillamente acatar el Derecho Internacional como norma invariable en todas sus acciones para propiciar la más sana convivencia con todos los pueblos del mundo. Eso incluye el reconocimiento del derecho a la libre determinación y la independencia del pueblo puertorriqueño.
Octavo, por las mismas razones y la realidad adicional de que los puertorriqueños somos parte del Caribe y la América Latina, más allá del aislamiento político y económico a que nos condena el coloniaje, es un deber de todos los pueblos y gobiernos que forman nuestra América, respaldar en todas las instancias a las que tienen acceso —sin omisiones diplomáticas que tienen el efecto de ayudar a esconder nuestra realidad— el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la independencia. Para hacer patente ese derecho, y su respaldo por los pueblos del mundo, es necesario elevar el foro de discusión sobre el caso colonial de Puerto Rico al pleno de la Asamblea General y que allí se ratifiquen tras un debate abierto y profundo las acertadas resoluciones del Comité de Descolonización en torno a nuestro caso colonial. De todo lo demás, nos haremos cargo nosotros. Y nosotros quiere decir el pueblo entero de Puerto Rico.
Noveno, nada de lo que hemos discutido aquí se relaciona en forma alguna con las elecciones y sus resultados que se celebra cada cuatro años en Puerto Rico. No es cuestión de ponernos a discutir una vez más si algún sector del independentismo o de las fuerzas anti-coloniales debe participar o no en dichas elecciones. Lo que manda la realidad inmediata es que atendamos prioritariamente la búsqueda de la mayor fuerza posible en todo el país para hacer valer, aquí y ahora, sin más dilaciones, el ejercicio de nuestros derechos básicos para poder encarar la grave crisis social, económica y política por la que atraviesa el país, y la cuál afecta adversamente a todo nuestro pueblo, más allá de diferencias partidistas e ideológicas.
Es importante que todos tengamos presente que en las elecciones, tanto las pasadas como las que podrían celebrarse bajo el actual régimen, no se está seleccionando a los que nos gobiernan a los puertorriqueños. Estos los selecciona el gobierno de Wáshington, en cuya composición nosotros no participamos por la sencilla razón de que somos una nación diferente a la de ellos.
Décimo, es importante evitar que nos estanquemos en debates triviales, inconsecuentes e impertinentes, en esta hora histórica que reclama grandes definiciones, sobre las disputas de si el estado libre asociado debe repudiarse o debe ser la base sobre la cuál el sector que lo ha respaldado reclame los poderes soberanos para el mismo que les han sido negados consistentemente por los usurpadores de éstos. Tampoco tiene relevancia alguna detenernos a debatir si la anexión (que aquí sus defensores llaman estadidad) es posible alcanzarla o no. En primer lugar, nuestro pueblo nunca la ha solicitado en los últimos setenta años; y más importante aún, jamás Estados Unidos se la ha ofrecido a los puertorriqueños. Lo cuál indica que se están perdiendo energías en discutir alternativas que, al menos por ahora, resultan ser fantasiosas. Todo lo cuál me lleva a reafirmarme en que la única manea de comenzar a ejercer la libre determinación por parte del pueblo puertorriqueño, por la vía pacífica y no confrontacional, es la de que nos auto-convoquemos como pueblo, en todas sus orientaciones, a una Asamblea Constitucional de Status, como lo ha planteado consecuentemente el Colegio de Abogados de Puerto Rico, con el respaldo de colegiados de todos los sectores ideológicos del país. Es por eso, entre otras razones, que los politiqueros de oficio —que le huyen a ese planteamiento por temor a que si éste se materializa se les termine su festín politiquero,— están tratando de descolegiar a nuestra institución profesional, que es la mayor credibilidad en el país, según todos los sondeos que se han hecho a lo largo de los años.
En cuentas resumidas, por todas las buenas razones que hemos enumerado en éste y el anterior artículo, podemos concluir que la defensa completa de los intereses del pueblo Puertorriqueño nos reclama que definamos una política contra el régimen, fuera o dentro del régimen, pero con independencia del régimen. Eso es lo que propongo que sirva de base al Congreso Pro Independencia que se ha planteado para unir en acciones concretas, ahora, a todos los grupos y personas que integramos al movimiento independentista, de suerte que podamos, a su vez, participar en las campañas específicas que conllevan enfrentar con éxito los graves problemas sociales, económicos y políticos que nos afectan a todos.
Ahora, y en lo adelante, CON INDEPENDENCIA DEL RÉGIMEN.