Después de la cancelación del acuerdo de la AEE ¿qué?

Tomado de la Perla del sur.

 

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Después de que el gobernador, Pedro Pierluisi, cancelara el acuerdo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),  el panorama actual se limita a que la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene que regresar a la mesa de negociación con los bonistas. La Legislatura podría  imponer condiciones para el pago mediante legislación  mientras el Gobierno lleva en secreto la privatización de la generación. Al final, conel plan que se haga será que los consumidores sabremos cuánto vamos a pagar por la deuda, quién va a recibir el dinero  y quién lo va administrar.

En entrevista, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez,  representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores Industria Eléctrica y Riego), explicó que uno de los acreedores de la AEE indicó que ese es el panorama actual de la situación de la deuda de la AEE luego de que el gobernador decidiera cancelarlo, después de meses de haber defendido el acuerdo junto con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Emmanuelli Jiménez atribuyó la decisión del gobernador a que este reconoció la realidad de que la Legislatura no iba a aprobar el acuerdo. “El gobernador lo que hizo fue reconocer la realidad de que la Legislatura no iba aprobar el plan nunca. Escogió atribuirse el crédito de anularlo. El acuerdo murió en la Legislatura, él lo que hizo fue darle cristiana sepultara”.

Tras la cancelación, la JCF tiene que  informar a la jueza Taylor Swain, el 18 de marzo, qué plan tiene para tratar de llegar a un acuerdo. Entre esos trámites podría llevarse a cabo un proceso de mediación con los bonistas; pero también con todas las partes, incluido el Sistema de Retiro y la UTIER. Se supone que en esa negociación, otra vez, la Legislatura quedaría fuera, aunque el presidente de la Cámara de Representantes radicó una moción en la que pide participar. Por ahora, la negociación es un asunto de los acreedores. Esto es así debido a que en realidad la Legislatura no es acreedora, aunque se supone que sí podría decir algo si para implementar el acuerdo al cual se llegue se requiera una legislación habilitadora. Esto hasta ahora no se sabe, alertó, porque eso va a depender de cuál es el acuerdo al que lleguen.

Los aspectos que puedan requerir legislación son que se requiera que los bonos estén asegurados con la tarifa. Esto se explica dado a que en la actualidad la AEE puede emitir bonos por sí sola, pero esos bonos no tienen una corporación aparte para su administración y para garantizar el pago. Esto era parte de lo que tenía el acuerdo rechazado por la Legislatura, entre otros aspectos, como el impuesto al sol y el aumento en la tarifa. Aclaró y añadió que la Legislatura  podría tener algo que decir estableciendo condiciones para el acuerdo, pero no tiene que avalarlo como antes. Sí podría poner condiciones como que no se aumente la tarifa y no haya impuesto al sol.

Mientras se negocia un acuerdo de pago, el Gobierno lleva un proceso de privatización de la generación de la energía en secreto, del cual no se sabe nada. Ello levanta la interrogante de quién va a administrar la parte de la tarifa para pagar la deuda una vez se privatice. En opinión de Emmanuelli Jiménez,  la AEE tiene que seguir existiendo porque es la dueña del sistema de generación, que es la que recibe los fondos federales para la reconstrucción, por lo que siempre va a haber un pequeño núcleo de organización que es la que haría el pago de la deuda. “Por eso habría un aumento en la tarifa para pagar la deuda y al privatizador que administre, además de los otros agravantes”.

En tanto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes llevó a cabo una vista pública a inicios de esta semana para examinar la imposición de restricciones para las emisiones de bonos a las corporaciones públicas. El presidente de la Comisión, Jesús Santa, hizo alusión directa a que la AEE ha podido concretar este tipo de transacciones sin la exigencia de fuese un proceso transparente.

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