Próximamente, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) nombrará al nuevo presidente o presidenta de la institución, en una coyuntura particularmente difícil en la historia de nuestra universidad pública y de nuestro país.
La selección se hará entre cuatro candidatos: el actual vicepresidente de Asuntos Académicos e Investigación de la institución, los rectores en funciones de los recintos de Río Piedras y Arecibo respectivamente, y una doctora en ingeniería y científica que dirige el Programa de Becas en Ciencias, Tecnología y Matemáticas de la Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, y quien fue profesora durante varios años en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
Podría asumirse que los cuatro están altamente cualificados por sus títulos académicos y sus experiencias como administradores y docentes. Pero, cuando se profundiza en los monumentales problemas que confronta el sistema de la UPR en estos momentos, la tarea de seleccionar al candidato o candidata idóneo se torna inmensa, incierta y absolutamente indispensable. Sobretodo, porque la situación actual en la universidad y en Puerto Rico no hay espacio para la improvisación, ni para la aplicación de criterios fallidos o ilegítimos, ni mucho menos para equivocarse con un nombramiento tan importante en un momento tan crucial.
La UPR es la única universidad pública en Puerto Rico, y la que por más de un siglo ha sido la principal generadora de conocimiento, creación y capital intelectual y profesional en nuestro país. Hoy atraviesa la que es quizás la peor crisis en toda su historia. No se trata ya de los ciclos críticos que comúnmente atraviesan las instituciones donde confluyen diversas tendencias del pensamiento, ni de las concepciones distintas sobre cómo debe organizarse y funcionar la universidad y la sociedad. En la UPR han hecho crisis males mucho peores que hoy amenazan su propia supervivencia como el proyecto educativo y social más importante y abarcador del pueblo puertorriqueño.
De un lado, está el control que por décadas ha ejercido la política colonial de los partidos Popular y Nuevo Progresista en los más altos niveles de la regencia y administración universitaria. Estas dos tribus podridas e irreformables han convertido a las Juntas de Gobierno en premio a la lealtad partidista de los nombrados, por encima de cualquier otra consideración que los acredite para tan alto puesto. También la administración central se ha convertido en guarida para los ocupantes de «puestos de confianza», casi todos allegados de los partidos, con salarios y privilegios que se le niegan al claustro y demás trabajadores del sistema. La política partidista ha instaurado en la UPR un sistema de castas intocables que trastoca los propósitos mismos de una universidad pública, y que ha terminado por restarle prestigio y brillo a la institución. Sin embargo, aún en esas circunstancias injustas y discriminatorias, la UPR se destaca por la calidad de su enseñanza, lo que evidencia el compromiso y sentido de pertenencia, de sus profesores y estudiantes.
En tiempos recientes, la UPR confronta también la peor amenaza a su viabilidad financiera y económica con el impacto de la ley federal PROMESA, para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, y la imposición, también federal, de una Junta de Control Fiscal (JCF) con amplios poderes sobre nuestros haberes públicos. La JCF fue nombrada para frenar el gasto público y así poder pagar la deuda, y ha encontrado en la UPR su víctima más propicia. Para la JCF, la educación superior pública es un gasto que Puerto Rico no puede sostener, y por eso le han aplicado a la UPR los recortes de presupuesto más tajantes y abusivos, sin atender otras razones y con la complicidad de la Junta de Gobierno y
oficiales universitarios que no han movido un dedo para defender a la UPR como un servicio esencial para nuestro pueblo.
Este es el escenario al que llegará el nuevo presidente o presidenta que sea nombrado. Un reto gigantesco ante el cual tendrá dos opciones: enfrentarse con valentía al poder y defender a la UPR como un pilar indispensable para Puerto Rico, o desaparecer en la historia como alguien más que defraudó la confianza del país, y especialmente de la comunidad universitaria.
