El robo en el Departamento de Educación continua

 

Por la Redacción

Indignado se encuentra el magisterio ante la revelación de que la secretaria del Departamento de Educación (DE) Yanira Raíces, tiene en su plantilla a 93 puestos de confianza lo que implica una nomina de $700 mil al mes. La revelación fue resultado de una petición de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado.

“En momentos en que nuestras escuelas languidecen  por el abandono y la falta de mantenimiento, mientras se carece de equipo y materiales didácticos, mientras se le deben miles de dólares a maestros y maestras por la Carrera Magisterial, y mientras se les niegan equipos y servicios a nuestros estudiantes de Educación Especial, entre otras necesidades apremiantes, nos enteramos de la nomina de los empleados de confianza de la secretaria del DE», denunció la presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.

La presidenta de la FMPR no paso por alto y censuró el que mientras el DE   pretendió reprimir y minimizar las denuncias hechas por los y las estudiantes, que a través de las redes sociales publicaron las pésimas condiciones en que se encuentran sus planteles escolares, que el DE gaste la friolera de $8 millones anuales en la nómina de estos empleados de confianza y peor aún, que utilizara todas las artimañas posibles para no hacer publicar esta información. En esa misma línea cuestiono el que si esas personas tendrán las cualificaciones necesarias para los puestos que ocupan y si dichos puestos son verdaderamente necesario. De lo contrario sostuvo es un vil acto de corrupción.

“En la Federación de Maestros hemos criticado y advertido por años del daño que le hace a nuestro sistema educativo los altos niveles de politización en el DE. Esta situación de los empleados de confianza es sólo un ejemplo más de como esta administración, al igual que las pasadas, han convertido las agencias públicas en enormes batatales y el DE en especial en una ATH para costear campañas políticas y beneficiar a los allegados del partido”.

La presidenta de la FMPR exigió que tanto la Legislatura y agencia correspondientes a que lleven una investigación rigurosa sobre la legalidad de los sueldos y la forma en que se están utilizando los fondos asignados al DE.

En declaraciones por separado, el presidente de la Asociación de Maestros (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, también expreso su indignación.

“Por años hemos denunciado a la sociedad que en el DE no se administra eficientemente el presupuesto y esto es una muestra más, pero una muestra vergonzosa. Las precarias condiciones de las escuelas de Puerto Rico, la falta de recursos y los miseros salarios del magisterio y el personal docente no son temas nuevos. No nos sorprende que mientras nuestros estudiantes son víctimas de una administración que no dirige el dinero eficientemente para que lleguen los recursos a las escuelas, estén en mejores condiciones y haya salarios justos para nuestros docentes, tenemos una nomina de $8.4 millones anuales en puestos de confianza del DE, muchos con un salario mayor al del mismísimo gobernador de Puerto Rico”.

Bonilla Sánchez reparó en que muchos maestros con maestría y doctorado, la mayoría no llega ni a los $3 mil dólares mensuales. Además de que hace mas de 10 años hay muchos maestros en espera del pago de la Carrera Magisterial y la respuesta del DE siempre es que no hay dinero.

Por otra parte, el maestro federado y candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 11 (Dorado, Vega Alta y Vega Baja) por el Movimiento Victoria Ciudadana, Eric Armando Rosser, hizo un llamado a la comunidad escolar y al país para que hagan visible su indignación.

“La comunidad escolar debe hacerse sentir sobre todo el magisterio. ¿A cuántas personas nos han negado el pago de la carrerea magisterial teniendo maestrías y doctorados? El DE se escuda tras la Ley 66 para no pagar. Esta ley detuvo los pagos de la Carrerea Magisterial. Es indignante ver como el dinero no llega al servicio directo a las escuelas a causa de estas contrataciones desmedidas”.

Se ha confirmado que, de los 93 puestos de confianza, 71 de ellos son donantes del PNP.

Mientras el gobernador Pedro Pierluisi en distintos momentos y evidentemente molesto a preguntas de la Prensa ha calificado las criticas como unas “absurdas, politiqueras y ha defendido que estos puestos de confianza tienen que ser gente identificada con el programa de su administración”.

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