CLARIDAD
Una camisa hecha a la medida fue lo que los inversionistas de la escuela chárter, Paradiso College (PC), en Río Piedras, le solicitaron a la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, (MSJ) en la vista pública para continuar operando su negocio.
La vista se efectuó el pasado 27 de septiembre, a raíz de la orden de cierre inmediato emitida en agosto por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Fue el mismo MSJ quien acudió al tribunal a solicitar el cierre debido a que los proponentes sometieron información falsa sobre el uso del edificio.
Hay que señalar que la escuela chárter, Paradiso College Preparatory LLC, es una de las empresas del inversionista de la Ley 22 (ahora Ley 60), Patrick Horsman, su socio, David Frontera, presidente, y Robert Acosta, director ejecutivo. En una edición anterior, CLARIDAD publicó que la corporación Paradiso College Preparatory LLC está inscrita cuatro veces en el Departamento de Estado: una como escuela, otra como propietaria y administradora de escuelas, otras dos como negocio de bienes raíces. Las cuatro corporaciones, registradas a nombre de Robert Acosta, están inscritas como entidades con fines de lucro.
La vista pública celebrada por la Oficina de Permisos se dio ante el oficial examinador, licenciado José Rullán Hernández. Por parte de Paradiso College estuvieron sus representantes legales, los licenciados David Ricardo Martínez Avilés y Gabriela Cruz, el ingeniero Camilo Almeida y Eduardo José Oliver Polanco, ingeniero proponente. También estuvieron presentes los interesados Robert Acosta, Patrick Horsman y David Frontera. Fue evidente que los proponentes se ocuparon de que estudiantes de nivel elemental e intermedio vestidos con sus uniformes coparan el salón en donde se celebró la vista pública. También presentaron a sus madres, abuelas y tías.
Al inicio, el oficial examinador Rullán Hernández explicó que la vista pública tenía el propósito de que los proponentes expusieran sus argumentos. Su función se limitaría a redactar un informe con sus recomendaciones, que luego sería referido a un comité de evaluación. Será el comité, según él, quien que tome la decisión y acepte o no la recomendación del examinador.
Las argumentaciones de PC iniciaron con una exposición del ingeniero Almeida sobre la historia del edificio, que data de 1924, antes de que existieran reglamentos, reclamó. Según alegó, la escuela —es decir, el edificio remodelado—alberga 162 estudiantes, lo que está muy por debajo de los que cabrían. Cada salón, dijo, puede acomodar a 18 estudiantes.
En sus argumentos reconoció que el proyecto no tiene patio, como tampoco ha tenido uso continuo. Tampoco tiene estacionamiento, para lo cual no hubo reglamento hasta el 1946, por lo que alegó que el edificio tiene derecho a seguir así. Sí reconoció que no fue hasta el 20 de septiembre que los proponentes publicaron un aviso de vista pública, después de que la escuela pretendiera abrir en agosto y luego de la orden de cierre del tribunal. En resumen, según él, el proyecto tenía recomendaciones favorables del Departamento de Bomberos, de Salud, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de LUMA Energy, de la Compañía de Turismo y del Programa de Patrimonio Edificado del Instituto de Cultura.
“Me parece que una escuela siempre debe ser bienvenida. Creo que este caso, que cumple con todas las consultas de ubicación, debe ser permitida”, alegó.
Intervino entonces el licenciado Martínez Avilés, quien cuestionó cuál era el parámetro reglamentario por el que una escuela no debía estar localizada en la esquina de la Avenida Ponce de León, frente al conocido edificio La Torre. Alegó que la clasificación de CT3 (comercial turístico intermedio) no es para prohibir escuelas, que allí no hay ningún impacto en la actividad turística y que los colindantes son librerías.
El ingeniero Oliver Polanco, igual hizo una defensa de la permanencia de la escuela, apeló a que su hija, maestra de Música en la Universidad Interamericana, renunció para ir a dar clases a PC. En tono algo arrogante presumió que antes de la remodelación, el lugar era uno abandonado, lleno de jeringuillas, de ratas y maloliente. Finalmente, dijo: “Vamos hacer todo lo que sea necesario para cumplir con este proceso”.
En reacción a las exposiciones de los proponentes, el oficial examinador les planteó una serie de preguntas sobre la cantidad de asistentes (165 estudiantes serían los permitidos), el memorial explicativo que prevalece ante la Oficina de Permisos (si el sometido el 23 de septiembre o el que se sometió antes el 12 de agosto de 2022), sobre una certificación del CRIM en que no estaba identificado quiénes eran los colindantes y sobre una escalera de escape que no da a un patio. El oficial les solicitó un mapa del casco urbano de Río Piedras y les concedió 10 días a los proponentes para entregar toda la información.
A la pregunta de si lo que estaban solicitando era un permiso de uso comercial intermedio o una variación de uso, el primero en contestar fue el ingeniero Almeida. Este argumentó que aprobar el uso sin cambiar la clasificación no representaba un problema, pues a su juicio, “no es la única escuela que está en un lugar turístico”, y que eso era cónsono con estar en el casco de Río Piedras. Mientras, el licenciado Martínez Avilés propuso sin ningún pudor que estaría bien que les hicieran una camisa a la medida.
Se expresa la comunidad de Río Piedras
La comunidad de Río Piedras expresó su postura en torno al establecimiento de esa escuela. Allí expusieron el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, la Junta Comunitaria, la Junta Comunitaria # 7 de San Juan, la organización El Otro Puerto Rico y el residente Rodolfo Vázquez Fuentes. Todos presentaron resistencia al establecimiento de la escuela.
Andrea Bauzá, miembro del Fideicomiso, acotó de entrada que no se oponía al desarrollo, pero que objeta que el proyecto de PC comenzara de manera ilegal. Entre otros argumentos, levantó bandera por la falta de un estudio estructural, ya que el edificio original era de dos pisos y ahora le añadieron dos; que se supone que la consulta de ubicación se hubiese dado antes de que se hiciera la construcción y que el permiso para la estructura fue para uso de oficinas y no para salones de clases. Bauzá solicitó que se corrobore si la edificación cuenta con salida de emergencia
José Coll Ruiz, vicepresidente de la Junta de la Comunidad #7, junta creada bajo la Ley de Municipios Autónomos, les cuestionó a los proponentes si proyectaban seguir ocupando edificios en Río Piedras. Coll Ruiz, quien es comerciante de Río Piedras, narró que en conversación con el mismo Acosta, este le comentó que tenían interés en otras propiedades, pero que hasta que no se acabara con el proceso de PC no iniciaría otros proyectos, que eran proyectos independientes no relacionados a Paradiso.
Manuel Amador Torres, en representación de Jackie García, presidenta de la Junta Comunitaria de Río Piedras, expuso su fuerte oposición y cuestionamiento a Paradiso College. La Junta Comunitaria dio a conocer que Robert Acosta se les acercó para solicitar su endoso para establecer cuatro escuelas chárter en Río Piedras. Ante la petición, la JC llevó a cabo consultas en las ocho comunidades y con los tres sectores de residentes, comerciantes y maestros. Luego del proceso, se decidió no dar el endoso a las escuelas. La comunidad de Río Piedras, representada por su JC, cuestionó el establecimiento de las escuelas chárter habido el hecho de que bajo el argumento de baja matrícula en el 2017 se cerró la escuela intermedia José Celso Barbosa y sus estudiantes fueron trasladados a la Vilá Mayo. Después, en el 2011, se cerró la escuela bilingüe del barrio Buen Consejo. Este puntualizó la incongruencia del cierre unas escuelas con la apertura de otras.
Por parte de los comerciantes y residentes, el director ejecutivo de la organización El Otro Puerto Rico, licenciado Alfonso Ortiz Menchaca, cuestionó el que PC estuviera solicitando que se le construyera “una camisa a la medida”, o que se le permitiera operar una escuela sin cambiar la zonificación. Subrayó que la actividad de una escuela no es compatible con la de los otros comercios de la zona, que su operación afectaría el horario de los comercios e implicaría que algunos tendrían que transformar sus negocios. Recordó que fue el mismo MSJ quien forzó el cierre de la escuela por hacer una representación falsa, por lo que recalcó que el reglamento y el estado de derecho no deben crear camisas a la medida.
Un experto conocedor de los procesos de permisos del MSJ y de los que exige la Junta de Planificación coincidió con la apreciación de CLARIDAD de que la vista fue una donde los proponentes de Paradiso College fueron a desahogarse. La vista no fue una vista de ubicación, ya que cuando se convoca a una vista de ubicación, esta tiene que especificarse.
En el caso de Paradiso College, explicó, estos solicitan una consulta de ubicación, pero ni en el letrero que exponen frente al edificio ni en la información que aparece en la página de Solicitud de Permisos indican para qué es la solicitud. No se indica si es para una variación en uso o si es para un cambio de zonificación, lo cual son dos cosas distintas. La variación en uso significa que se queda la zonificación como está y que para ese uso particular que se está solicitando se hace un cambio de uso; pero no se cambia el distrito.
El cambio de zonificación significa que se cambia el distrito. Por ejemplo, de residencial turístico o de alta densidad. Pero si el PC optara por un cambio de zonificación o de calificación, que es lo mismo, tiene que convocar a una vista pública. Son ellos los que tienen que coordinar el proceso. Ese es un proceso que no se ha hecho ni ha sido la vista pública del jueves 27 de septiembre.
Así las cosas, el Municipio de San Juan tiene que aclarar si va a proceder con una variación en uso o si va a proceder con un cambio de zonificación. Apuntó que este caso es uno es inusual, ya que se supone que quien haga esa petición sean los proponentes. Por el contrario, en la vista, básicamente lo que dijo PC fue: Díganos, Municipio, ustedes, cómo nosotros acomodamos el proyecto. En otras palabras, le pasaron la papa caliente a la Oficina de Permisos.
