Columnista invitada
La corrupción es una de las problemáticas más grandes que azota al país, deteniendo el desarrollo social y económico, aumentando la desigualdad, simplemente por el ánimo de lucro de unos pocos, que prefieren llenar sus bolsillos de dinero y dejar de lado las necesidades de Puerto Rico. Desafortunadamente, el sector ambiental también es víctima de este mal, al ver como se atenta contra los recursos, el patrimonio natural y cultural y la sociedad. Entender la multidimensionalidad y la transversalidad de la corrupción, que hoy se encuentra en todas las esferas de la vida, es parte del proceso de eliminarla. Ante tantos casos que nos han presentado, la misma suele manifestarse de forma transversal en la administración pública, sino que la vemos en las iglesias, en las organizaciones sin fines de lucro, en las empresas, en las multinacionales, en los inversionistas y cala en nuestra sociedad corrompiendo todo a su paso. La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familias, amigos u otros con poder, es un crimen de cálculo y no de pasión, es sistémica y no un simple acto transaccional entre dos individuos.
La ideología neoliberal, inspirada en el lucro y el egoísmo salvaje, busca privatizar, desregular y flexibilizar las aprobaciones y los permisos para pasar a manos privadas muchas de las acciones que el Estado debe hacer. Estas acciones estaban definidas para cuidar, proteger y lograr objetivos sociales, lograr objetivos de desarrollo y de calidad de vida. Hay estudios que demuestran que cuando privatizas, flexibilizas y contratas la corrupción encuentra espacio ante la falta de vigilancia y evaluación.
La corrupción es un fenómeno sistémico, es al mismo tiempo un fracaso de la gobernabilidad y del desarrollo. Y para abordarla de manera rigurosa, debemos comprender cómo funciona, cómo las leyes lo permiten o favorecen, cómo se trastocan las leyes para permitirlo y cómo se puede cambiar. La corrupción es un crimen de cálculo y no de pasión, en el marco de una cultura permisiva, que suele manifestarse de forma transversal en la administración pública, privada y la sociedad. El corrupto juega sus probabilidades donde se evalúa el riesgo de ser descubierto en el acto de corrupción versus el beneficio personal que se podría obtener con el acto ilegal.
La lucha contra la corrupción, por lo tanto, debe plantearse desde el entendimiento que la corrupción es sistémica y no un simple acto transaccional entre dos individuos. No es individual, existe un esquema o mafia que la fomenta y la perpetúa, y en sus tentáculos va arrastrando a muchos. También es importante entender que la colonia es un acto de corrupción, donde le quitan los derechos a los ciudadanos para mandar en su país, le imponen criterios externos con el fin de saquear al país y explotar a los ciudadanos. La Junta de Control Fiscal es parte de esa corrupción que viene a saquear al país para pagarle a unos entes externos en detrimento del pueblo, violentando sus derechos humanos. La deuda pública que pretenden re estructurar para pagar fue creada por actos de corrupción, traqueteos, enredos que generaron diversos esquemas de corrupción, llenando los bolsillos de los que traquetearon con la misma y sacrificando al pueblo. Si se quiere combatir la corrupción, primero hay que auditar la deuda e identificar todos esos esquemas de corrupción y los causantes.
Es necesario reducir la corrupción y sus males estructurales para poder recuperar la economía y sociedad puertorriqueña. Por eso la fórmula de Robert Klitgaard tiene tres variables que define la corrupción es el poder monopolizado-concentrado, la discrecionalidad, y la falta de transparencia. Señala que el poder monopolizado-concentrado y la falta de transparencia son dos elementos que fomentan los esquemas corruptos y favorecen la discrecionalidad de los entes de poder. El poder político monopolizado, primer componente, que define esos esquemas hay que regularlo y limitar la discrecionalidad del funcionario (segundo componente), para incrementar la transparencia (tercer componente). La discrecionalidad es lo no sometido a regla, sino al criterio de una persona o autoridad, requiere que no se vigile, no se audite, no se vea, no existan criterios. La fórmula de la es corrupción = (poder monopolizado + discrecionalidad) – transparencia. Esto aumenta la probabilidad de no ser sorprendido cometiendo un acto corrupto.
Hay que poner atención de los controles horizontales internos y enfocar más a la rendición de cuentas y participación ciudadana, lo que se logra mediante controles internos y la reducción de la cultura permisiva.
El tercer componente de la ecuación la transparencia, incluye la cadena de información pública que permite la transparencia y la rendición de cuentas. La información no solo debe estar disponible, sino que requiere ser publicada para que sea fácilmente accesible y debe responder a un criterio de rendición de cuentas para que sirva para combatir la corrupción. Por eso la transparencia debe entenderse de forma sistémica, es una cadena de información amplia y de discusión constante para que logre un incremento de la efectividad de la gestión pública por medio de la discusión. Evitar el discurso de que son datos secretos, debe ser información pública con participación ciudadana, así evitamos los malos manejos.
En el caso de la corrupción ambiental encontramos la corrupción sistémica, control político a los jefes de agencias, que establecen políticas discrecionales en la otorgación de permisos y poca transparencia. Esto comenzó cuando flexibilizamos y cambiamos la ley de permisos, que concentró (monopolizó) la radicación de permisos en una agencia (Oficina de Gerencia de Permisos – OGPe) con poder discrecional sobre cómo se manejan los permisos y con poca transparencia en la forma en que los otorgaban, disminuyendo la participación pública en las discusiones. Cuando a la ciudadanía le quitan el derecho a estar informado y a protestar ante proyectos que consideren que los afectan y debe ser mejor evaluados, destruyes la democracia y la posibilidad de participación. A esto se une la falta de personal científico y de planificación que analicen los proyectos, de esta manera se pasa esa función al proponente, que complaciendo al cliente todo lo ve bien. El personal que velaba porque las evaluaciones se realizaran conforme a la ley y reglamento, que respondían a los objetivos sociales del pueblo, ya no están. Este esquema permitió la corrupción ambiental en diversos proyectos que debilitaban las leyes y reglamentos y fomentan la poca evaluación científica sobre los daños potenciales a la salud, sociedad, económicos y ambientales. Debemos estudiar seriamente todos los permisos otorgados y encontraremos diversos problemas en los mismos, así comenzamos a corregir el problema de la corrupción ambiental.
Hay que comenzar a enmendar estas leyes que permiten la corrupción y debilita los controles horizontales internos, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y hacerlos transparentes. La discusión activa y pública va tejiendo cadenas de información para que las personas entiendan la administración pública eficiente y el logro de los objetivos sociales, de manera que cuestionen el uso de los fondos, las construcciones indebidas, los proyectos que no hacen faltan y se logre un balance social. La corrupción socava el desarrollo humano, aumenta la desigualdad y obstaculiza el desarrollo social y económico y nos cuesta. Puerto Rico exige, una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y reducir la corrupción para permitir una recuperación efectiva y sostenible.
