La semana pasada, mientras se protestaba por la entrega del icónico Parque Sixto Escobar a la empresa extranjera dueña del Hotel Normandie, y se denunciaba la llamada Ley 22 como promotora de Puerto Rico como un «paraíso fiscal» para inversionistas y evasores de impuestos, la comisionada de la Oficina de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), Natalia Zequeira, desde un evento de la banca comercial anunció que su oficina trabaja en una propuesta legislativa para imponer límites a la Ley 273, que autoriza la creación y operación de Entidades Financieras Internacionales (EFI) y Entidades Bancarias Internacionales (EBI) en la Isla. Esto, con el propósito de fortalecer la fiscalización de dichas entidades y poner freno a la actividad ilegal de lavado de dinero en nuestro país.
Las declaraciones de la comisionada de OCIF pasaron inadvertidas aunque debieron causar revuelo. Porque las mismas revelan un patrón de falta de fiscalización, permisividad e impunidad que va a la raíz del desgobierno que padecemos en este país.
La iniciativa anunciada por la OCIF no debe sorprender a nadie tras el arresto y acusaciones hechas a la ex gobernadora Wanda Vazquez, y sus co acusados, un banquero extranjero con operaciones en Puerto Rico y un ex agente del FBI asociado con éste.
Tristemente, en Puerto Rico cada día se hacen mas visibles las señales del desgaste y la decadencia en la gestión gubernamental, y cómo la corrupción ha minado el aparato público a niveles aún insospechados.
Ya sabemos el engaño que ha sido la llamada Ley 22, un pantallazo tras el cual se escudan evasores de impuestos, especuladores y timadores extranjeros, principalmente estadounidenses, al amparo de una legislación promovida desde el gobierno de Puerto Rico, con la excusa del desarrollo económico de nuestro pais. Simultáneamente, la jefa de OCIF pone el dedo en la llaga sobre otra legislación de aquí, con suficientes defectos como para levantar la bandera roja del «lavado de dinero».
Los vientos de la colonia han traído estas tempestades. La alternancia en la administración pública de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) hace rato que muestra su descosido. Como siameses ante un espejo, cada uno de esos partidos es la imagen del otro. Llevan tantos años turnándose la administración del presupuesto colonial, y poniéndose de acuerdo para privilegiar, mediante la acción ejecutiva y legislativa, a los grandes intereses de Estados Unidos y del capital globalizado, que se han olvidado de que son capataces a sueldo y han empezado a creerse dueños de la gran parcela en que han convertido a Puerto Rico.
Y aunque el.gobierno de Estados Unidos y sus dependencias en Puerto Rico saben la que hay, y cuando les conviene a sus intereses actúan para sacar del medio a alguien que les estorba, han sido ellos los que han permitido que el deterioro de la gestión pública en Puerto Rico haya llegado hasta el extremo actual.
En este momento de nuestra historia, la combinación asfixiante de problemas fiscales, económicos y sociales que acosa a nuestro pueblo se debe en partes iguales a las maquinaciones y decisiones unilaterales sobre Puerto Rico del Imperio que nos manda, y a la pésima gestión de los sucesivos gobiernos de Puerto Rico, especialmente durante los pasados 40 años, desde que la complacencia los convirtió en castas inamovibles y corruptas para quien nuestro pueblo no es más que una excusa barata.
Amparados en la impunidad por el propio Congreso de Estados Unidos, endeudaron hasta el límite nuestras arcas públicas, a sabiendas de que nuestro país no tendría los recursos para pagar la deuda monumental. Por 50 años se vivió del cuento del progreso y de la fantasía de un desarrollo económico artificial y prestado. Y a base de eso, se le hicieron promesas a nuestro pueblo y a los miles de empleados públicos que, por generaciones, dejaron sus vidas sosteniendo la » vitrina» que, al final, se ha hecho añicos.
Hoy, nuestro pueblo está a merced de la Ley PROMESA, concebida y ejecutada por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, de una Junta de Control Fiscal ( JCF) impuesta y no electa, y de un Tribunal de Quiebras, también extranjero y con juezas y funcionarios que no conocen ni entienden al pueblo puertorriqueño. El principal interés de todos ellos es pagar la deuda como sea, cantar victoria y congratularse por el «gran logro» de sacar a Puerto Rico de la quiebra. Así regresarán de nuevo al continente y a sus vidas, con una nueva nota de satisfacción en sus bitácoras profesionales, por haber resuelto la bancarrota municipal de mayor magnitud en la historia del Imperio del Norte.
Acá, en el Caribe caliente, quedará un pueblo puertorriqueño menguado, maltrecho y empobrecido, con la obligación de pagar de sus menguados sueldos y pensiones una larga condena por 50 años de una deuda que, en justicia, no les pertenece.
