La privatización de los gobiernos y de los bienes públicos se ha impuesto como tendencia creciente del capitalismo neoliberal globalizado durante estas primeras décadas del Siglo 21. Bajo un disfraz de «innovación» y «modernidad», avasalla pueblos y sociedades bajo la premisa de que las reglas de la competencia y el libre mercado aplicadas a los servicios públicos representan un salto de calidad en agilidad, eficiencia y costo efectividad sobre la pesada estructura gubernamental.
Así, hemos visto cómo bajo esa ideología, gobiernos y partidos políticos dominantes se alinean para entregar a manos privadas la propiedad o la administración de servicios y bienes públicos, con consecuencias funestas para los pueblos y enormes beneficios para las empresas privatizadoras y sus dueños y altos oficiales. Así, esos dueños y altos oficiales pasan a tener el control de los haberes públicos bajo custodia del gobierno, ya como contratistas, consultores, o administradores de estos, mientras financian también las campañas políticas de los partidos dominantes y gobernantes.
Esta situación, que muy bien describe al Puerto Rico de los últimos 40 años, surge impulsada por la fuerza expansionista del gran capital de Estados Unidos y demás potencias de Occidente, que la han impuesto y extendido a más de la mitad del mundo, a través de entidades globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y la internacionalización de las políticas monetarias, los mercados financieros, las industrias y los servicios.
En Puerto Rico, esas prácticas neoliberales se han enquistado aún más por nuestra condición de colonia de Estados Unidos, y la falta de soberania y autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Responden a los intereses del gran capital estadounidense, que a su vez mueve los hilos de la política partidista en Washington, y también en San Juan.
A esas fuerzas responden también la Junta de Control Fiscal (JCF) que ahora gobierna sobre el gobierno de Puerto Rico, y los dos partidos que se han turnado el poder aquí, Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista.
Por eso, con la quiebra fiscal de Puerto Rico, se ha intensificado la presión para que se abran de par en par las compuertas de la privatización de lo público en nuestro país, tendencia que le está costando cara a nuestro pueblo, sobre todo ante en áreas esenciales y estratégicas como la energía eléctrica, la salud, la educación, las autopistas, la protección, uso y disfrute de los recursos naturales de todos y todas, como playas y reservas naturales o áreas de patrimonio histórico o cultural, ahora amenazados por la privatización, como también lo están entidades gubernamentales solventes y prósperas, que han despertado la codicia de ciertos privatizadores.
La privatización indiscriminada e innecesaria – sobre todo en el contexto de subordinación colonial de Puerto Rico- es una encerrona que puede representar un despojo irreversible de bienes públicos valiosos que comprometan la sostenibilidad futura de nuestro país. El afán de lucro inmediato de unos pocos codiciosos- por atractiva que suene su oferta- no debe prevalecer sobre el interés último de nuestro pueblo. Después de todo, es con los votos del pueblo que los gobiernos coloniales han subido y bajado del poder en Puerto Rico. Por eso, lo que nos pertenece, no puede ser pieza de canje en las componendas políticas o de cualquier tipo entre gobiernos corruptos y empresarios rapaces. Solo utilizando la resistencia civil organizada podrá nuestro pueblo resistir hasta prevalecer sobre la encerrona de la privatización de sus recursos públicos.
