Especial para CLARIDAD
Por años en Puerto Rico, se intentaba ir colando la ideología neoliberal, era como una caja de Pandora. Por pequeñas dosis se fue introduciendo el neoliberalismo, pero en la década de 1990 toma fuerza y es en el 2009 que se establece el andamiaje legal que la instauración, y entonces se abre la caja de Pandora y suelta la corrupción rampante. La leyenda de la caja de Pandora dice que había dioses astutos y traicioneros que engañaban a los seres humanos, en Puerto Rico son las élites económicas y políticas del capitalismos de EEUU y su ideología neoliberal. Como dioses astutos, engañaron a los administradores coloniales con la ideología neoliberal para que abrieran la caja de Pandora y soltaran la corrupción colonial. Por eso cuando se investiga la Ley 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios), la Ley 22 (para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) y la Ley 273 (Ley reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico) del 2012 se ha abierto nuevamente la caja de Pandora. Esta caja de Pandora que era una acción en apariencia inofensiva, que trae consecuencias desastrosas, y guía a revisar otras leyes del 2009 que están envueltas en las mismas: la Ley 7 – Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, la Ley 161 – Ley de Reforma de Permisos de Puerto Rico y la Ley 29 – Ley de Alianzas Público-Privadas. Esa caja de Pandora de todas estas leyes excita la corrupción sistematizada que hoy vemos. Así que si van a revisar estas leyes hay que revisar todas, que justificando con la crisis fiscal se imponen.
En la colonia todo está diseñado para favorecer la corrupción, porque la colonia es corrupción. El discurso neoliberal hegemónico, que es torcido, te convence que no se podía hacer otra “cosa” y que estas acciones son lo mejor ante la crisis fiscal. Te convence con su discurso torcido, que todo esto es desarrollo, pero no te dicen para quién es ese desarrollo. En la construcción social de la crisis o de las crisis sólo te hablan de una, la fiscal, y no te hablan de cómo las corporaciones y sus cabilderos juega un papel central en la construcción, promoción y mantenimiento de esa corrupción gubernamental que también es corporativa.
Uno de los males de la caja de Pandora que se estableció a partir de la década de 1990 en Puerto Rico, es lo que llamamos la ‘puerta giratoria’ sin fin, de los cabilderos y asesores que se vuelven servidores públicos y luego vuelven al cabildeo o asesoría. Tiene una plasticidad que hace desaparecer la frontera entre servidor público y cabildero/asesor privado. Estos personajes de la puerta giratoria son gestores de la corrupción, de la deuda pública, de la crisis fiscal y del desmantelamiento del gobierno y traen la ideología neoliberal. Presenciamos como los mismos personajes se repiten en las historias, una clase dominante (élite económica y política en Puerto Rico) que funciona como una mafia ‘cleptocrática’, de amigos, de parientes, para su partido, y para las corporaciones en las que van a trabajar, cabildear o asesorar. Son los que crean las leyes para luego lucrase de las mismas. El discurso dominante era que la corrupción es un problema de servidores públicos, que el Gobierno es muy grande e ineficiente y que hay que privatizar. Ahora descubrimos que las corporaciones sus asesores, y sus cabilderos son parte y promocionan esa corrupción gubernamental, que hoy seguimos viendo.
Otro de los males las inversiones políticas, tenían que invertir en un personaje que se atreviera a crear el andamiaje legal para apoderarse de las riquezas del país, a la vez beneficiarse, permitir la corrupción y creara el paraíso fiscal que necesitaban en territorio de EEUU. Que utilizando la excusa de la “crisis fiscal” impusiera una series de medidas neoliberales para “rescatar a Puerto Rico”, ese fue Luis Fortuño. En un patrón de “puerta giratoria”, primero en Turismo, luego en empresas y ahora venía a culminar la misión como Gobernador, para luego volver a las empresas donde se beneficiaría de sus políticas públicas. Con él llegaban personas que llevaban tiempo, desde la década de 1990, creando el patrón neoliberal. Ahora iban a crear el andamiaje legal para favorecer las políticas neoliberales y la corrupción, que incluía una serie de leyes en el 2009: la Ley 7, Ley 161 y Ley 29 justificadas con la crisis fiscal. Además, se consolida en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) todos los permisos y se crea un andamiaje legal que permitiría pasar por encima de la Constitución, las leyes y reglamentos ambientales, y las otras leyes para repartir ese dinero, fomentar privatizaciones, construcciones y desregulación, la corrupción anda suelta. Los grandes esquemas de la corrupción se establecen con legislaciones, con políticas de impunidad y de justificación, esta vez corporativas.
La caja de Pandora se abre, la corrupción se entrona con la política neoliberal que ha creado un gobierno cada vez más corporativo. No se podía fomentar la auditoria a la deuda, el rastro de la corrupción, y se justificaba porque hay que resolver el problema de la deuda pública. Ese gobierno como empresa y como facilitador del empresarismo para el sector privado, en un “estado permanente de emergencia” que ha facilitado la aprobación ‘fast-track’ de proyectos y privatizando, obviando planes de ordenación territorial, derechos de protección ambiental y la participación ciudadana. Así que estas leyes – Ley 7, 161 y 29 de 2009 -, son las primeras en salir de la caja de Pandora, que se unen a la Ley 20, 22 y 273 de 2012 y la Ley 60 de 2019 entre otras para regar la corrupción en nuestro archipiélago, encontramos la creación de empresas ´fantasmas´ con contratos, que surgen para administrar los fondos públicos. Y para evitar las protestas, crearon una ley que fomentaba la represión ante las protestas, la Ley Tito Kayak (Ley10-2013).
Otro discurso neoliberal se impone, justificado para lograr desarrollo, para invertir y crear empleos hay que eliminar derechos laborales, los derechos sociales y humanos. Entonces el neoliberalismo se fue consolidando con otras leyes, desde Washington la Ley PROMESA y su Junta de Control Fiscal que fuerza la intervención de todo lo financiero y fiscal y establece el gobierno neocolonial corporativo. En el nuevo imperialismo del capitalismo, las empresas responsables de la deuda pública y la privatización ahora gobiernan, creando el gobierno corporativo, no electo, que los favorece, otra especie de corrupción. Se imponen los ajustes fiscales, la reforma laboral de 2017 (Ley 4-2017, Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral), donde desmantelan los derechos laborales y se institucionaliza la corrupción llamada ´captura del Estado´ por parte de la Junta de Control Fiscal. Se comienza a desmantelar el Estado, reducir los gastos sociales y fortalecer la cultura de contratos, semilla de corrupción. Y llega el huracán Irma y María (2017), luego los temblores y el COVID (2019) que abren otro de los males de Pandora, el archipiélago puede ser un Paraíso Fiscal. Para favorecerlos, mientras estabas en tu casa por el COVID-19 se aprueba la Ley 60-2019 del Código de Incentivos que crea una compilación de diversas exenciones, incentivos y abusos contributivos desde 1945 al 2019, sin evaluarlos, sin estudiar sus costos creando el andamiaje de formas violentas de destruir la sociedad. La construcción toma impulso, se comienzan la construcción en las costas de Puerto Rico y la corrupción en el sector ambiental se visibiliza.
Aquí no importaba el cambio climático, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no cuestionaba los permisos, no investigaba y OGPe se dedica a dar permisos sin evaluaciones científicas, sociales, ambientales o de cualquier tipo, omitiendo impactos ambientales, pasando casi todo como exclusiones categóricas sin impactos. Y comienzan a desarrollar la infraestructura en las costas del archipiélago para estos inversionistas que querían el paraíso, para los inversionistas políticos y económicos y la élite mafiosa. También le gestionaban los permisos y exenciones, los mismos que habían creado las leyes (los de la puerta giratoria), ahora se lucraban de las mismas, conocen el entramado, conocen como moverse en el Gobierno, son asesores, abogados, ingenieros, contratistas, vendedores de bienes raíces, gestores de permisos, etc. Se abren nuevas oportunidades de corrupción, incrementado las presiones sobre nuestro territorio, ahora somos el paraíso para los ricos estadounidenses, con beneficios fiscales y oportunidades de inversión, en propiedades y hoteles, imponiendo la gentrificación, el desplazamiento de comunidades y el escamoteo de patrimonio natural y cultural. Favorecido con un gobierno corporativo que sistemáticamente obvia leyes, reglamentos y planes existentes, que no le importa el pueblo, que no tiene personal para investigar las querellas ambientales, mientras los jefes de agencia, tanto de la Junta de Planificación, el DRNA y la OGPe no ven o no hacen su trabajo y dejan que vayan destruyendo y privatizando el país.
Los llamados a defendernos, el Estado, muestran formas violentas de destrucción de la sociedad, se entrega a las empresas, que lo tienen secuestrado y no defienden al pueblo. Encontramos que son las empresas las que influyen en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado, evalúan sus acciones y recomiendan acciones favorables a ellas, perfeccionando la corrupción con desviación de fondos públicos y la creación de esquemas de corrupción diversa. Poco a poco se establece el desmantelamiento del Estado, los gastos o inversiones sociales se reducen – educación, pensiones, beneficios laborales, la UPR, el ambiente (es mercancía), la seguridad (se convierte en ente represivo) y la protección social-, mientras los contratos a entidades privadas aumentan y no son fiscalizados.
Podemos conocer sobre cómo operan estos esquemas y las diversas formas de la corrupción o delitos contra la Administración Pública: la malversación de fondos; el inversionismo en campañas; la desviación de fondos; el uso ilegal de información confidencial o privilegiada derivadas del ejercicio de la función pública o para ocultar impactos ambientales y sociales; el peculado o apropiación ilegal, en provecho propio a favor de un tercero, de bienes del Estado; la colusión, donde se identifican esquemas para timar al Gobierno; la concusión o exacción ilegal, identificado como el abuso del cargo o sus funciones, inducir a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebida; el cohecho, recibir para sí o para otro dinero, utilidad o promesa remuneratoria para retrasar u omitir un acto propio de su cargo ejecutar uno contrario (no ver o interpretar lo que sucede) o que autorice un informe ambiental con información falsa o sin validez científica; celebración indebida de contratos o tramites o aprobación de un contrato con violación del régimen de contratación estatal; prevaricato que es tomar decisiones administrativas contrarias a la ley; tráfico de influencias que anulan los usos de terrenos o los cambian; y el cabildeo de parte de intereses privados de lucro para ganar acceso privilegiado al gobierno.
Encontramos formas de corrupción más comunes en la carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones; el debilitamiento en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública; el abuso del poder, de autoridad y abuso de funciones públicas, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales, o sea impunidad; el enriquecimiento oculto y el tráfico de influencias. También podemos encontrar la obstrucción a la justicia por parte de funcionarios que no investigan o investigan mal; el desvío de recursos y eliminar gasto social o inversión social; la conspiración para cometer actos de corrupción; el entorpecimiento para el pueblo y facilitando para el empresario; y la falsificación de documentos, legalizados.
En resumen, todos los cambios a la ley han generado la corrupción a gran escala, debilitando leyes y reglamentos, generando la multiplicidad de contratos y la extorsión, entre otros, son los males que han salido de la caja de Pandora del neoliberalismo. Estos cambios a las leyes buscan detener las querellas administrativas, demandas en tribunales, cabildeo, protestas e incluso actos de desobediencia civil, para lograr detener el daño ambiental, que los grupos de ciudadanos organizados buscaban. Además de entorpecer los procesos en los tribunales.
Debemos decirle NO a la Junta de Control Fiscal y comenzar a diseñar el país que queremos donde estemos integrados. Podemos tener alternativas de desarrollo, y para que exista desarrollo se debe planificar el mismo en función de la gente, buscando un balance entre empresas locales y extranjeras, reforzando las locales, fomentando la inversión o gastos social al identificar los servicios esenciales, permitiendo participación comunitaria en todo proceso, fomentando la trasparencia fiscal y el rendir cuentas de los fondos públicos, evaluando las exenciones y subsidios y evitando la cultura de los contratos. En especial diferenciar el crecimiento económico y el desarrollo económico y social, para poder construir un proyecto de país y utilizar los fondos para lograrlo. Y establecer mecanismos eficientes para reducir la corrupción y combatir la violencia institucionalizada del Estado.
Este trabajo continuará en otro escrito.
La autora es profesora y economista.
