CLARIDAD
Una total violación a la libertad de expresión, que limita que posibles interesados se aventuren a solicitar al programa, la guía del Programa de Infraestructura de Sistemas Alimentarios Resilientes (RFSI), del Departamento de Agricultura (DA), establece que “un posible conflicto de intereses incluirá cualquier expresión o comportamiento que el solicitante haya hecho en el pasado contra el DAPR o que haya afectado negativamente su imagen”.
Personas relacionadas con organizaciones y la actividad agrícola abordadas por CLARIDAD respecto a esta disposición se expresaron entre asombrados e indignados. “¿Dónde está la libre expresión? no había visto antes una cosa como esa, estoy en shock”, fue la reacción de la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Fundación Bucarabón, Jaqueline Pérez Torres. La Fundación Bucarabón es una de gestión comunitaria de desarrollo a pequeños agricultores. Aun cuando indicó de inmediato que esa subvención es de $100,000 mil, a su vez dijo que no conocía ese dato, pero que una agricultura -le contó- que fue a orientarse a una oficina y le dijeron que eso era solo para cinco agricultores, porque para eso es que dan los fondos.
Pérez Torres, contrastó que los agricultores con los que trabaja son agricultores de bajos ingresos por lo que no van a poder solicitar esa subvención. “El agricultor va a pedir menos de 100 mil y cuando el DA verifique los ingresos de la finca sencillamente no lo van a poder tener. Esa subvención está diseñada simplemente y sencillamente para grandes agricultores, cooperativas agrícolas, organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro que operan cadenas de suministros, aunque dice agricultores la realidad es que el agricultor promedio no va a poder adquirir esa subvención porque no puede manejar esos 100 mil”, manifestó.
Añadió en que por condiciones que limitan la expresión de las personas o que requieren capacidades de operación que no tienen, hay algunos agricultores que se quitan. La directora de Fundación Bucarabón se cuestionó el por qué esa subvención se hizo de esa forma. “Me está curioso me da la impresión de que eso ya tiene nombre y apellido”.
El RFSI fue anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del DA Ramón González Beiro, a inicios de abril. La subvención de $420 millones proviene del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). Según se anunció los interesados podrán solicitar una subvención de un mínimo de $100 mil y se tendrá que aportar un pareo de 50 por ciento, o al menos de 25 por ciento en el caso de entidades que cualifiquen como desventajadas socialmente. El período de solicitud inicio 15 de abril hasta el 30 de junio de 2024.
En entrevista por separado el ex secretario de Agricultura Carlos Flores Ortega, igual expresó su asombro señalando de inmediato que ello era completamente ilegal. “Una agencia de gobierno no puede supeditar una ayuda o incentivo cualquier tipo de subvención con ese argumento, eso esta completamente fuera de orden, eso choca hasta con la constitución. Usted tiene su derecho a la libre expresión y si usted no está de acuerdo con algo, usted lo puede expresar, pero eso no tiene que ver con que a usted le aprueben o no le aprueben una ayuda”.
Reparó que ese tipo de restricción se aplica a empleados de una agencia que tienen y manejan información privilegiada, con documentos, que en el reglamento se le prohíbe hacer expresiones en contra de la agencia, pero la agencia tiene que proveer un mecanismo para que cuando el empleado quiera expresar tenga los canales, pero a un solicitante no, eso es ilegal.
Flores Ortega, quien ocupó la secretaría de Agricultura durante la gobernación de Wanda Vázquez, cuestionado de si los documentos del departamento tenían antes esa disposición, reaccionó; “me entero ahora por usted, jamás se me hubiera ocurrido que habría algo así. Ese es un tipo de control, muy peligroso porque ya sabemos a quienes le van a estar dando ayuda. Si no está de acuerdo con el DA, no le van a dar ayuda. Yo soy estadista y estoy en contra del gobierno ahora mismo”, trono.
El ex secretario cuestionó el quién determina que un cuestionamiento está o no en contra del DA y apuntó a que los agrónomos no están para eso, ni ningún comité de evaluación, reclamó que las evaluaciones que hace el DA deben ser evaluaciones únicamente técnicas y económicas para el desarrollo del proyecto que se quiere hacer. Todavía recalcó que esto era una censura y ningún abogado del DA pudo permitir que eso fuera un argumento para descualificar a un agricultor a participar de fondos federales.
En tanto la ex secretaria Myna Comas, cuestionada si durante su incumbencia había igual disposición, dijo que ella recordará, ningún documento tenía una disposición como esa.
CLARIDAD sometió una serie de preguntas al respecto al DA pero al momento de cierre no se había recibido ninguna respuesta.
