CLARIDAD
En lugar de repartir dinero a empleados públicos a diestra y siniestra, ya sea de dinero irrestricto como negociado, y de gastar millones en fiestas, el dinero debió repartirse de una manera más equitativa e invertirse en áreas que produjeran rendimiento económico a corto y largo plazo.
Así se desprende de la entrevista a dos economistas respecto al uso de la administración Pierluisi de $19 millones de fondos ARPA para un bono de mil dólares a los trabajadores de las corporaciones públicas, a la repartición de $475 millones para un bono a los trabajadores afiliados a las uniones Servidores Públicos Unidos (SPU) y American Federation of State County and Municipal Employees (AFSCME), que aprobaron el plan de ajuste de deuda (PAD) del Gobierno central, y al uso de $3.5 millones en una fiesta de fin de año que supuestamente generará otros treinta y tantos millones.
Según indicó el mismo gobernador, luego del uso de los $19 millones, solo queda el 5 % de los $2 mil millones de los fondos ARPA. El economista Heriberto Martínez Otero expuso que los fondos ARPA desembolsados por el Gobierno de Estados Unidos desde el 2020 se supone que estuviesen dirigidos a apoyar a las familias, evitar el desempleo y apoyar los pequeños negocios, para contrarrestar los efectos de la pandemia. Parte de ese dinero estaba a la libre disposición del gasto de los estados. De ahí salieron los mil dólares para el aumento al magisterio. La actividad económica que generó ese dinero, junto con la inflación, permitió que los recaudos del Gobierno de Puerto Rico aumentaran.
“Lo que estamos viendo ahora es que ese dinero de libre disposición es el que se está agotando, y no necesariamente se invirtió en áreas de la economía, sino en transferencias directas; pero tenemos la fiesta de Navidad para diz que sea un tipo de inversión. El dinero se ha utilizado en áreas que no necesariamente van a generar un rendimiento económico a largo plazo”.
Martínez Otero señaló que por otro lado hay fondos federales que ya tienen un destino particular y que aunque es mucho dinero y gran parte ya está asignado, no ha sido desembolsado aparentemente en parte por incumplimiento del Gobierno. Ahí se encuentran los fondos CDBG y los fondos de FEMA para la reconstrucción de la red eléctrica.
A juicio de Martínez Otero, si se empiezan a gastar los fondos para la reconstrucción de manera acelerada, deberíamos estar viendo próximamente que los recaudos del Estado van a aumentar, ya que la construcción es la actividad que más eslabones tiene con los demás sectores de la economía. Por lo tanto, si se meten millones en la construcción, se va a tener un efecto multiplicador que va a tocar otros sectores de la economía.
No obstante, una vez desaparezcan las transferencias directas a las familias el próximo año y las familias comiencen a depender de sus ingresos o transferencias federales de los diversos programas, si el consumo baja, bajarán los ingresos. Puerto Rico es un país donde el consumo de los hogares es el equivalente al 90 % del producto nacional bruto. Si el IVU excede las expectativas va a haber una parte que irá a los bonos de valor contingente y otro a los empleados públicos cobijados por el PAD. Hoy, bajo el PAD, esa bonificación de los empleados públicos tiene la misma fuerza de ley que los otros bonitas de la deuda.
El asunto estriba, indicó Martínez Otero, en que no se ve que el Gobierno presente un plan de desarrollo económico. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en un momento dado, dijo que iba a presentar un plan de desarrollo económico, y al final lo que se presentó fue un mapa de objetivos; pero un plan de desarrollo económico que haya sido desarrollado por la Junta de Planificación, por su agencia o por el sector sindical, empresarial o cooperativo no se tiene, tampoco un modelo de desarrollo económico concreto y coherente.
La falta de un plan económico, subrayó el economista, deja al país a la merced de que una vez concluya el exceso de fondos federales que están todavía en caja y no se han gastado, una vez ese dinero comience a reducirse, al principio se verán alzas relativas de tasas de crecimiento económico, pero a la medida en que se utilice vamos a tener un retroceso económico porque ciertamente las fuerzas productivas al interior de la economía de Puerto Rico no necesariamente se están desarrollando ni fortaleciendo de manera endógena.
Martínez Otero puntualizó que el panorama se va a complicar para el 2030, ya que los fondos federales estarán impactando hasta el 2027: “Cuando ese dinero se vaya acabando, si no tenemos ese plan económico en marcha, vamos a tener problemas de crecimiento en los próximos años”.
Una repartición equitativa
“Me parece bien que los sindicatos negocien, pero me parece mal que no se piense en el colectivo social”, señaló en entrevista por separado la economista Martha Quiñones Domínguez sobre el uso de los $475 millones.
Esta calificó las políticas neoliberales de la Junta de Control Fiscal de perversas y corruptas. Explicó que el bono es en función del exceso de estimación que se realizó y que por el alto nivel de consumo se recauda más. Teóricamente, se supone que si hay sobrante se traslada al presupuesto del próximo año fiscal para cubrir desbalances, y eso no fue lo que realizó la Junta.
Trajo a la atención que como ya no se hace el ejercicio de planificación del presupuesto, eso no se tomó en cuenta. Más aun, denunció que la negociación que realizó la Junta con su visión neoliberal no contempla fortalecer el Gobierno, “sino que estipula esos gastos alegres, no recurrentes y que funcionan como soborno o clientelismo por endosar el plan de ajuste, creando ese individualismo neoliberal donde solo los que endosan importan”.
En contraste, expuso que se supone que si todos contribuimos, el sobrante se distribuya socialmente. Que en eso consiste la solidaridad social, en invertir en gastos que nos benefician a todos y todas. “El colectivo se riñe con el individualismo neoliberal. Por eso se supone que la sana política fiscal es que se mire las necesidades sociales y se sutilice en inversiones sociales: educación, salud, UPR, seguridad y vivienda, se fomente investigación y desarrollo para mejorar la economía y se invierta en gastos en infraestructura para mejorar las condiciones del país”.
Reconoció que si hubo una negociación, se debe cumplir; pero que no se da tanto dinero. Considera que ello es un derroche que se va en consumo y que, con el alto coeficiente de las importaciones, ese dinero se va de Puerto Rico y muy poco se reinvierte en el país. Además, agrava el proceso inflacionario que estamos viendo en Puerto Rico, donde una gran mayoría no recibe bono y un grupo lo recibe y gasta.
Algo similar ocurre con el gasto de millones en una fiesta. Su propósito es que las personas olviden la incertidumbre y la falta de dinero que se vive. Y aquí también será un grupo quien recibirá el “bono” de los contratos millonarios, que tienen el mismo efecto temporero en la economía y luego se van.
