Especial para CLARIDAD
A pesar de los muchos años que llevo colaborando con los esfuerzos para erradicar la violencia de género en Puerto Rico, no dejo de sorprenderme y de sentir una gran tristeza con los reiterados casos que se reportan en los medios noticiosos. El desasosiego es mayor cuando de feminicidios y trans feminicidios se trata. La semana pasada comenzó con el bizarro asesinato de la mujer cuyo rostro fue borrado con múltiples disparos. Ni siquiera habían podido identificada. En el notorio doble asesinato que ocurrió en la entrada del Tribunal de Caguas, una de las víctimas fue Rosa Calderón, que recibió los disparos junto a su hermano. Durante el fin de semana Nashma Vázquez Cornier fue asesinada en Añasco por su expareja y Mariliz Montañez, una trabajadora de Caguas, tuvo como victimario a un hombre obsesionado que la seguía y la pretendía, sin que fuera correspondido. El primer feminicida fue arrestado y el segundo se privó de la vida. La víctima más reciente, quien parece haber sido paciente de salud mental, fue apuñalada en Puerto Nuevo. Hay que sumar a estos hechos trágicos a una joven de 22 años, Tatiana Sánchez Figueroa, que disparó contra su expareja en lo que parece ser un acto de defensa propia. El individuo, de la misma edad, la golpeó, luego la persiguió mientras ella huía en su auto. Logró sacarla de la carretera y que chocara contra un talud. Cuando él se acercó, ella, temiendo por su vida, le disparó con un arma para la cual tenía licencia y el agresor, quien estaba ilegalmente armado, falleció. Días antes la sobreviviente se había quejado con la policía de la conducta de su expareja, pero no presentó denuncia formal ni solicitó una orden de protección.
La gente se pregunta a qué se debe esta embestida contra las mujeres. Nosotras las activistas contra la violencia machista reflexionamos, nos planteamos y debatimos sobre qué más podemos hacer para disminuir los ataques a las vidas de las mujeres, para que podamos disfrutar de la justicia y la paz a la que tenemos derecho. Aunque parezca que está lloviendo sobre mojado, la causa de la violencia machista, de las desigualdades que enfrentamos, de que tengamos que estar pendientes de nuestra seguridad aún en el entorno íntimo de relación de pareja, está en los resabios de la ideología patriarcal sobre la que se sostiene la sociedad en la nos formamos y desarrollamos como personas. La construcción sigue siendo el hombre como centro; el que más y mejor sabe sobre cómo debe funcionar la pareja, la familia, el mundo laboral; cómo debe ser la crianza de la niñez, su formación social; cómo dirigir el país y su gobierno. En él reside el mayor poder y las mujeres estamos subordinadas a su control. Grandes luchas y creativos movimientos hemos llevado a cabo con el respaldo de compañeros preclaros y movimientos solidarios para promover la equidad y que se valoren las aportaciones que hacemos, se visibilice nuestro quehacer, indispensable para el desarrollo de la sociedad. Por ello hemos ganado espacios, pero la lentitud del proceso y la resistencia a los cambios y a la pérdida de poder, deja abierta la puerta para que se mantengan instalado el discrimen y la violencia por género como una de sus más dramáticas manifestaciones.
Ante un mal social tan deshumanizante continúa siendo una prioridad la educación como la mejor arma para la prevención y eventual erradicación de la violencia. Tiene nombre y apellido “Educación con perspectiva de género”. Es necesario trabajar desde la niñez temprana para que los estereotipos y los roles asignados sin ninguna validez objetiva, no sean aprendidos por la niñez. Tan sencillo como el hecho de que, aunque las mujeres son las que paren, ello no las convierte en las únicas capaces de criar y de hacer las tareas del hogar; que tener una relación de pareja, por matrimonio o consensual, no establece un derecho propietario. Cualquiera de sus integrantes puede terminarla, sin que la otra parte tenga por qué impedirlo, hasta el extremo de matarla. Es un hecho indiscutible que, en la inmensa mayoría de los casos de violencia de género, las víctimas son mujeres, tanto en los feminicidios como cuando sobreviven. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico le ha cerrado las puertas a esta herramienta necesaria, por oportunismo político partidista. Esto, a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi se comprometió con ello cuando en enero de 2021, firmó la Orden Ejecutiva 2021-013, para decretar un estado de Emergencia por la Violencia de Género. El Por Cuanto número 11 dispone: “Estamos comprometidos con establecer un proceso para desarrollar un currículo de Perspectiva de Género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia.”
El ex secretario del Departamento de Educación Eliezer Ramos Parés, se sometió a los requerimientos del Partido Proyecto Dignidad y a otros sectores conservadores para excluir el currículo de educación con perspectiva de género, a cambio del voto para su confirmación, la que logró, aunque un poco más tarde haya sido despedido. Desde luego, esto no pudo haberlo hecho Ramos Parés sin el conocimiento del gobernador. Las campañas publicitarias para la comunidad que tienen el objetivo de prevenir y educar sobre la violencia de género, también han estado ausentes, a pesar de que el inciso 14 de la sección 6 de la Orden lo mandata. Para demostrar de forma contundente el compromiso de política pública en contra de la violencia contra las mujeres hace falta amplitud, masividad y creatividad de esas campañas, las cuales deben ser hechas por agencias que se asesoren con personas expertas en el problema y que apelen a todos los niveles sociales. En repetidas ocasiones la Orden 2021-013 hace referencia a los acuerdos colaborativos con el sector privado y con las organizaciones no gubernamentales que le ofrecen servicios a las sobrevivientes para la coordinación de los esfuerzos de divulgación y prevención. No hemos visto estos esfuerzos.
Las ONGs de mujeres hacen una labor titánica para darle apoyo y protección a las sobrevivientes, sus hijas e hijos; para hacer campañas educativas y de concienciación a través de las redes sociales; ofreciendo charlas y talleres en las escuelas, centros de trabajo, aceptando las invitaciones de los medios de comunicación para hablar sobre el tema cuando ocurren noticias funestas sobre agresiones y feminicidios, como en días recientes. Más no pueden hacer porque carecen de recursos económicos.
La Orden de Emergencia por la Violencia Doméstica finalizó en junio de 2023, luego de que fuera extendida. Sin embargo, gran parte del trabajo realizado por el Comité PARE requiere de seguimiento para tener la certeza de que las agencias están cumpliendo con las responsabilidades que les corresponden. El problema continúa y sería una gran contradicción que el gobierno se quedara de brazos cruzados ante la pérdida de vidas de las mujeres. Poco hemos sabido de lo que hace la Oficial de Cumplimiento, la fiscal Ileana Espada, que el gobernador dejó en su puesto. Le correspondería ese seguimiento a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) cuya efectividad está cuestionada desde hace años.
A pesar de lo anterior, no podemos perder la combatividad, sino afirmar nuestro compromiso de lucha en contra de la violencia machista, de las causas que la propician y de los sectores que impulsan posiciones que la refuerzan, como es el caso de los opositores a la educación con perspectiva de género. Se lo debemos a las mujeres que no lograron sobrevivir los ataques de sus agresores. Las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico nos recuerdan los 45 feminicidios de este año, entre ellos 14 íntimos o de pareja o ex pareja y 24 que están en investigación.
