CLARIDAD
La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) solicitó el retiro del Reglamento 9427 (Reglamento para el establecimiento de Juntas Comunitarias) del Departamento de Estado, por la presión de grupos comunitarios que presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, dio a conocer la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA).
El retiro del reglamento, que se supone tenga el propósito de que las comunidades identificadas por la ODSEC como comunidades especiales tengan una junta comunitaria, se produjo luego de que siete líderes comunitarios impugnaran un reglamento presentado por esa agencia el pasado año. La organizadora comunitaria de FURIA, Nilmarie Díaz Ramos, narró a CLARIDAD que la ODSEC publicó el reglamento en el que le dejaban saber a las comunidades que “estamos haciendo este reglamento para decirle a ustedes como se debería establecer sus juntas comunitarias (sic)”.
La organizadora comunitaria aclaró que los procesos administrativos, según la ley de procedimientos administrativos uniformes, tienen que cumplir con unas garantías procesales para que la ciudadanía que se va a ver afectada pueda participar en unas vistas públicas o someter comentarios escritos, proceso que no se dio con el reglamento presentado por la ODESC.
ODESC tampoco anunció el reglamento de una forma efectiva; por ejemplo, lo publicó en su página de internet, partiendo de la premisa de que todas las comunidades tienen acceso a internet y obviando que muchos de los residentes son adultos mayores, de quienes no se puede presumir que tienen acceso a computadoras, internet o dominio de ellas. Además, el enlace para acceder al reglamento no estaba disponible.
La agencia tampoco avisó sobre la presentación del reglamento, lo que es un requisito de ley, y de que las comunidades tenían derecho a solicitar vistas orales. Según denunció, la licenciada Thais Reyes Serrano, directora de la oficina, dijo que la ley le permitía decir que no había que celebrar vistas públicas, y, en efecto, no las celebraron. Luego de que el liderato comunitario logró que se celebrara una vista pública en la Comisión para el Desarrollo para Iniciativas Comunitarias, que preside el senador Vargas Vidot, la ODESC accedió a celebrar una vista pública en Ponce para todas las comunidades.
A finales del pasado mes de febrero, las comunidades se enteraron de que la ODESC anunció un segundo reglamento, sin dejar saber que el primer reglamento había sido retirado. Nuevamente, estas volvieron a solicitar vistas públicas y participación. Antes de esto, RIFA había sometido una revisión judicial para impugnar el primer reglamento, y no fue hasta finales de marzo que el Tribunal declaró no ha lugar la petición porque la ODESC había retirado el reglamento, decisión que una vez más no se le informó a las comunidades.
En entrevista por separado, la líder comunitaria Carmen Villanueva afirmó que el reglamento redactado por la Oficina de Comunidades Especiales pretendía organizar y controlar quiénes, cómo y cuándo se organiza la comunidad. “Eso no es lo que dice la Constitución del país”, advirtió. El reglamento establecía cuánto tiempo podía alguien ocupar un puesto y que la Oficina tenía que estar presente para validar o no a la persona. “Cosas que no han podido estar en las comunidades en los procesos difíciles, luego de los huracanes”. Además, que a las que están organizadas les están requiriendo muchas cosas “para poder establecer controles sobre ellas”, denunció.
Villanueva narró que durante estos dos años el plan de trabajo de la oficina no ha estado disponible y que hay 746 comunidades identificadas como comunidades especiales. “Hay que preguntarse en cuántas de las comunidades han estado presente. Otra cosa es cómo es que la Oficina amplía sus parámetros, si precisamente lo que queremos es que el país comience a arreglar cosas”. Sin embargo, esta reconoció que la ODESC no puede cubrir el universo entero, es decir todas las comunidades.
Villanueva, quien también es miembro del Comité Asesor, el cual es parte de la Ley de Comunidades Especiales, denunció que dicho comité no se ha constituido: “Se supone que haya 4 líderes seleccionados por parte de las comunidades, y eso no se ha dado, así que están en incumplimiento de su propia ley. A ese consejo es que la Oficina tiene que darle sus recomendaciones de a quiénes escoge como comunidad especial con los criterios específicos que dispone la ley de las comunidades especiales”.
Por otra parte, el líder comunitario Jorge Oyola, quien preside la Alianza de Líderes Comunitarios, organización que surgió a raíz de la creación de la Oficina de Comunidades Especiales y del intento del entonces alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, de expropiar 14 comunidades especiales, lamentó la situación y dio su versión de lo ocurrido con el reglamento. Expuso que lo que se presentó fue un borrador de reglamento que en un principio entendía que había que darle más discusión. Para ello se creó una comisión de líderes comunitarios, “para escudriñarlo y corregirlo, porque la ley de Comunidades Especiales lo que tiene son lineamientos y no tiene reglamento. Eso fue importante en el caso de Guaynabo, porque los abogados del municipio pudieron reclamar que no había reglamento”.
Oyola defendió que un grupo de líderes comunitarios cogieron el borrador y “lo viramos al revés, y entregamos un borrador con los cambios que entendíamos que había que hacerle. Se entregó, los abogados de la oficina lo reciben y lo dejan íntegro, tal y como los líderes lo presentamos. El trabajo de nosotros como líderes comunitarios, cuando uno lo mira, hace sentido para organizar a las comunidades que no están organizadas y ratificar las que están organizadas. En ningún momento el reglamento habla de que van a desautorizar a las organizaciones que ya están establecidas”, aclaró.
Oyola señaló que el dilema que hay es que el 80 % de las 746 comunidades no están organizadas y que la idea del reglamento es organizarlas para que tengan ese poder. Alertó de que los municipios están creando juntas paralelas, que le llaman comité de barrios, para prostituir las organizaciones. Admitió que al principio vio el reglamento con recelo, pero luego de todo el proceso del caso de Guaynabo, que a la larga ganaron el caso de expropiación en el Tribunal Supremo, entiende que el reglamento sí hace falta.
El líder de la comunidad Los Filtros defendió el trabajo del grupo, que escudriñó el reglamento describió: “Siete líderes comunitarios, que son gente seria, lo viramos al revés y lo entregamos. En este, lo que están pidiendo es que se discuta. Estuvimos 4 meses esperando respuesta, solo 10 personas llamaron. No sé lo que se busca, no sé lo que se quiere, pero de que hace falta el reglamento, hace falta, con lo vulnerable que están las comunidades al no estar organizadas, por lo que viene el municipio y les pone una junta paralela”, afirmó.
Para destacar la importancia de la organización comunitaria fuera de líneas partidistas, Oyola aseguró que los enemigos más grandes que tuvieron las comunidades con la creación de la Oficina de Comunidades Especiales, hoy la ODESC, fueron las dos organizaciones de alcalde que “querían el dinero del fideicomisario, pero no la organización de líderes comunitarios”. A esos efectos, comparó que cuando gobernaba Sila María Calderón, la oficina tenía $14 millones asignados. Actualmente, solo tiene son $2.3 millones, que son prácticamente para gastos operacionales.
