Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para Claridad
Distintas comunidades y organizaciones emplazaron a la recién gobernadora Wanda Vázquez Garced durante una manifestación frente a la planta de carbón AES en Guayama, el pasado sábado, 24 de agosto, para que reaccione públicamente a la solicitud de reunión que le hicieron hace unos días.
“Si de aquí al lunes 26 no contesta públicamente a la solicitud que hemos hecho, se entiende que continuará apoyando a la AES y que no le interesa ni le importa la vida de las personas que están afectadas por esta planta”, dijo durante la manifestación Víctor Alvarado, uno de los líderes del colectivo Resistencia Contra la Quema de Carbón (Resistencia RCC).
Uno de los reclamos continúa siendo que las agencias gubernamentales pertinentes sean más estrictas que la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en inglés) al ejercer su deber de proteger la salud, el ambiente y la vida de las personas, y aprueben leyes y reglamentos que prohíban todo depósito y uso de cenizas de carbón en Puerto Rico.
El emplazo se debe a que, en momentos en que un estudio científico comisionado por Earthjustice —principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro de interés público en Estados Unidos— revela que la cantidad de arsénico en las cenizas producidas por la carbonera AES se encuentra a niveles que la EPA considera dañinos para la salud humana, la misma agencia federal pretende aprobar enmiendas —propuestas precisamente por AES— al reglamento de manejo de los residuos de la combustión de carbón.
Esas enmiendas implican, por ejemplo, ampliar la cantidad de cenizas de carbón que AES puede acumular en sus predios con la intención de usarlas como relleno de construcción, además, levantar las salvaguardas cruciales impuestas actualmente a la montaña de desechos de cenizas de carbón de esta empresa en su planta de Guayama, que va por 400 mil toneladas, siendo la más grande de Estados Unidos y sus territorios por 40 veces (la otra montaña está en Alaska y es de 11 mil toneladas).
Del mismo modo, las enmiendas liberarían a AES de la responsabilidad de limpiar la contaminación del agua subterránea e incluso no tendría que realizar más inspecciones ni control de escorrentía.
La lucha por eliminar el depósito de cenizas de carbón y la presencia de la carbonera AES en Guayama se extiende por años; sin embargo, se ha acrecentado en estos días a raíz del nuevo estudio de Earthjustice. En las tres muestras analizadas, tomadas en la urbanización Parque Gabriela y la Comunidad Ranchos Guayama en Salinas y en el Conector Dulces Sueños de Guayama, los niveles de arsénico oscilan entre 6 y 15 partes por millón.
Estos niveles son de 9 a 22 veces el nivel de seguridad establecido por la EPA para el arsénico en suelos residenciales y de 2 a 5 veces el nivel considerado seguro para el suelo en propiedades industriales.
Los mismos niveles de arsénico podrían existir en 18 lugares en Guayama, Salinas y Santa Isabel, donde las cenizas tóxicas están expuestas y cerca de residencias, escuela, hospitales y cuerpos de agua. Según Víctor Alvarado, desde el 2006 la AES rellenó con material altamente tóxico y peligroso kilómetros de caminos de estas zonas.
Estos resultados se suman a una larga cadena de investigaciones que demuestran el daño irreparable a la salud pública del país, como por ejemplo la realizada por la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Puerto Rico, la cual establece una tendencia al aumento en enfermedades y muertes en la región de Guayama debido a la quema de carbón.
A juzgar por las comunidades afectadas, el Gobierno de Puerto Rico debería declarar un estado de emergencia nacional ante el grave riesgo a la salud que representa para todo el país la contaminación diaria del agua, aire y suelo que provoca la carbonera AES. No obstante, el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia, antes y después de Ricardo Rosselló, siguen sin investigar cómo los reclamos comunitarios de salud se relacionan con la quema de carbón y los crímenes ambientales de la carbonera.
Del mismo modo, la EPA le da la espalda a la situación al rechazar realizar vistas públicas en Puerto Rico sobre las peligrosas enmiendas a la reglamentación sobre manejo de residuos de carbón.
Para el doctor en Química Osvaldo Rosario, aunque recientemente se están resaltando los niveles de arsénico en las cenizas, hay en ellas toda una serie de metales pesados tóxicos y cancerígenos. “La exposición a un elemento como el arsénico es peligrosa y lo es más aún la exposición a la combinación de todos estos metales, que tienen un efecto sinérgico”, dijo.
Los efectos a la salud pública de esta situación se evidencian, por ejemplo, en el aumento en la diabetes y en la predisposición en la niñez al desarrollo de cáncer de riñón, hígado y vejiga. Asimismo, simboliza un atentado contra la salud pública el que los pozos de agua de los pueblos adyacentes a la AES se estén contaminando con las cenizas tóxicas.
