CLARIDAD
Como un tsunami que arrasa todo a su paso se puede describir el paquete de las 13 medidas que proponen enmiendas a la Ley de Permisos 161 de 2009, aprobadas hace unas semanas en la Cámara de Representantes. Ahora se supone que ahora pasen a consideración en el Senado. Al margen de estas 13 medidas, todavía queda en el tintero el proyecto PC 1034, que pretende enmendar los requisitos en el Código Municipal del puesto de Director de las Oficinas de Ordenamiento Territorial (OOT), de modo que profesionales que no sean planificadores puedan ocupar estos cargos.
En entrevista con CLARIDAD, David Carrasquillo Medrano, director ejecutivo de la organización Planifiquemos, expuso que el PC 1034 es una medida irresponsable que tendría “consecuencias desastrosas para el futuro de la planificación y el desarrollo sostenible de Puerto Rico”. El proyecto fue aprobado primero en la Cámara y, a inicios de marzo, fue aprobado en el Senado, aunque con enmiendas. Se supone que la medida pase ahora a un comité de conferencia.
Originalmente, el proyecto surgió de la Federación de Alcaldes. Pero a Carrasquillo no le sorprendería que hubiese intervención de algunos grupos, como la Asociación de Constructores, que suele perseguir ese tipo de medida. Este hizo la observación de que era importante enmarcarlo en las 13 medidas aprobadas que reforman la Ley de Permisos. “Muchos de estos proyectos le hacen juego a esa medida del PC 1034”.
El PC 1034 permitiría que arquitectos o ingenieros ocupen la dirección de una OOT en un municipio. Esta es una posición que tiene capacidades inherentes a representar al municipio. Por ejemplo, en términos legales es la única figura que puede hacer interpretaciones de los reglamentos, es el único que tiene la potestad para negociar con la Junta de Planificación (JP) sus competencias a través de convenios y también es el que aprueba el plan de ordenación territorial y uno de los planes de calificación, expuso. En el caso de los 13 proyectos aprobados, el PC2067 propone que esta posición pueda ser ocupada mediante un contrato por servicios profesionales, lo que a juicio de Carrasquillo, es absurdo.
Al presente, ese puesto es el único en toda la estructura del gobierno que está separado para un planificador licenciado. “Con toda la razón, el director de la oficina territorial, que muchas veces se llama Planificación de Ordenación Territorial, es la figura que tiene el poder de ser una mezcla entre la teoría y la práctica. Así que todas las decisiones que toma el director de la Oficina Territorial no solamente se firman, sino que tiene que incluir una justificación de los raciocinios de cómo se llegó a esa conclusión”, explicó.
Un aspecto que el entrevistado señaló que es muy importante que quede claro es el contexto de que, en tanto, la Junta de Planificación está en rebeldía con la decisión del Tribunal Supremo, que declaró nulo el Reglamento Conjunto. Todas estas medidas que se están presentando tienen como única intención considerar la planificación como la de facilitar la tramitación de permisos, “cuando lo que hace un planificador, hasta cierto punto, es lo opuesto. Nosotros estamos velando por el balance entre los diversos tipos de intereses, no solo social y económico, sino también en términos de gobernanza y participación, que son cosas que dentro de la preparación de un arquitecto e ingeniero no figuran como parte de su preparación de ninguna forma”.
Carrasquillo Medrano rechazó el argumento de la Comisión de Vivienda, que es la que la que sirve como administradora del proyecto con los proponentes y coautores, de que hay falta de profesionales disponibles para ocupar estos puestos. Precisó que solo hay 12 municipios autónomos que tienen oficina de planificación y que hay cientos de planificadores disponibles en el país, por lo que no hay razón alguna de acudir a otros profesionales para poder cubrir esas necesidades.
Respecto al paquete de los 13 proyectos aprobados en la Cámara sobre la Ley de Permisos, denunció que, excepto dos, el resto de los proyectos son inaceptables. También denunció que los proyectos no se hicieron accesibles al público hasta el viernes en el Sistema SUTRA; fueron presentados lunes y aprobados martes.
Planifiquemos sometió a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología una ponencia, con copia a la presidencia de la Cámara, en la que examina cada uno de los proyectos. Entre los señalamientos se expone que algunas de las propuestas, como “el PC 1992, PC 2057, PC 2058, PC 2063 y PC 2065 apuntan a reducir de manera drástica los plazos para que agencias y municipios evalúen solicitudes de permisos, asumiendo que la falta de respuesta equivale a un endoso automático. Esto es sumamente problemático, ya que podría resultar en la aprobación apresurada de proyectos sin una evaluación adecuada de sus impactos ambientales y comunitarios. Los 20 o 30 días sugeridos son insuficientes para un análisis riguroso, especialmente en casos complejos. Se deben mantener mecanismos para extender estos términos cuando sea necesario”.
Otro ejemplo de las medidas es el PC 2061, el cual propone que se permita utilizar el 25 % de un hogar en zonas residenciales para uso comercial. Planifiquemos advierte que aprobarlo de forma automática y ministerial, sin certificaciones de seguridad ni participación comunitaria, es imprudente.
Los únicos dos que considera se podrían aprobar con mejoras son el PC2059, el cual propone fortalecer la fiscalización de los Profesionales e Inspectores Autorizados para prevenir conflictos de interés y que el acceso a su información sea pública, y el PC 2064, el cual propone requerir participación ciudadana en enmiendas al Reglamento Conjunto. Pero el lenguaje debe ser más específico sobre los mecanismos concretos de participación en cada etapa.
Por otro lado, el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Dennis Márquez Lebrón, al ser entrevistado por este semanario declaró que no solo los proyectos no estuvieron disponibles a las personas lo más pronto posible, sino que estos eran proyectos reciclados que fueron parte de uno que se había aprobado en la Cámara anteriormente, que había sido dividido en 12 proyectos. “Más allá, en esta nueva radicación en proyectos individuales, se hicieron unos informes proforma y se aprobaron el martes pasado”.
En términos generales, los proyectos siguen privatizando parte del proceso de la otorgación de permisos en el país. De su lectura se denota que se les permite a los denominados ‘profesionales a cargo’ evaluar muchos asuntos de los permisos. Ahora les añaden funciones de otorgar licencias y certificaciones cuando esas son funciones del gobierno, describió. El representante fue firme en censurar el que se promueva el nombramiento de funcionarios del ordenamiento territorial de los municipios mediante contratos de servicios cuando se supone que estos son funcionarios investidos de política pública.
“En estos proyectos de ley se promueve todo fast track, términos cortos para que no haya la evaluación adecuada. Aquí no nos estamos refiriendo a proyectos de ley en una avenida llena de cafeterías. De lo que estamos hablando es de grandes proyectos de construcción, de grandes propuestas, que quieren hacer sin una evaluación adecuada. Vamos a tener otro desastre más de los muchos errores que se han cometido en este país”, manifestó.
A Márquez Lebrón le alegra que el único proyecto que no fue aprobado fue el que proponía que, para todos los proyectos con fondos federales, las agencias de gobierno de Puerto Rico tuvieran solo 30 días para expresarse, que tampoco tuviera que notificársele a ciudadanía mas allá de una mera notificación a los colindantes y que el único proceso para oponerse era acudiendo al Tribunal Apelativo.
Al examinar los proyectos, surge la interrogante de dónde quedaría la JP. Márquez indicó que es obvio que hay una renuncia a muchas de sus labores. Por ejemplo, los funcionarios especializados van a levantar expedientes, y como todo lo harán los profesionales autorizados de los proyectos, lo que permiten evaluar es hasta un máximo de 5 % de esos expedientes. “Estamos hablando de que la inmensa mayoría de los permisos del país no serían evaluados por ninguna agencia del Gobierno de Puerto Rico”.
Se supone que ahora los proyectos pasen a consideración del Senado. La opinión del representante del PIP es que en ese cuerpo es más difícil que se aprueben. Añadió que además le han señalado que esos proyectos no tienen mucho futuro. “Pero cualquier cosa puede suceder en este país. Habrá que ver qué pasará en el Senado y habrá que ver si llegan a Fortaleza. Mi posición es que no debe aprobarse ninguna de ellas tal y como están redactadas”, recalcó.
