CLARIDAD
Con el envío de una carta a los presidentes de la Cámara y el Senado, en la cual les advierten que el Gobierno está recurriendo al mismo proceso sin transparencia en la privatización de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que utilizó para confeccionar el contrato de LUMA, la coalición Queremos Sol lanzó una campaña urgiendo a la ciudadanía a llamar a los líderes legislativos a detener este otro proceso de privatización.
En comunicado de prensa, Adriana González, directora del Sierra Club de Puerto Rico, organización que lidera la iniciativa, demandó que la Legislatura detenga el proceso de privatización debido a que “el pueblo no puede aguantar más contratos como los de LUMA, que subirán la tarifa y empeorarán el servicio eléctrico”. Puntualizó que los elementos leoninos del contrato de LUMA han hecho daño al país, incluida la falta de penalidades si LUMA sobrepasa su presupuesto, como ya hizo, y la negación de los derechos adquiridos de los empleados de la AEE, resultante en que la fuerza laboral de LUMA sea una inexperimentada e insuficiente.
El proceso de privatización de la generación está encabezado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), igual que lo estuvo el de LUMA, y se anticipa que los contratos estén completados próximamente. La Coalición advirtió de que de acuerdo con la Ley 120-2018, y como ocurrió con el contrato de LUMA, nunca ha habido estudios de deseabilidad y conveniencia para analizar esta privatización.
En vez de firmar contratos de largo plazo para el uso continuo de las plantas de combustibles fósiles, como propone la AAPP, la coalición Queremos Sol propone una transformación hacia un sistema de generación descentralizado y basado en la energía solar en techos, con almacenamiento. Según un análisis económico completado por CAMBIO, el uso de $9.6 mil millones de fondos federales para transformar el sistema energético a 75 % energía renovable distribuida, para 2035 resultaría en una tarifa estable de 15 centavos por kWh, de la cual aproximadamente la mitad, 7.5 centavos por kWh, representaría el costo de generación. La coalición también dejó saber su oposición al desarrollo de proyectos privados de energía solar a gran escala en terrenos agrícolas y en terrenos de valor ecológico.
Otro aspecto que destacan sobre la privatización es que el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE requiere el retiro de muchas de las plantas de generación para el 2025, por lo que cualquier contrato de privatización de generación necesita respetar estas fechas y no prolongar la dependencia de la isla en los combustibles fósiles.
En específico, la carta urge a la Legislatura “a adoptar legislación para desarrollar un proceso más transparente con participación pública sobre los contratos de privatización de generación y a públicamente rechazar cualquier acuerdo de privatización que: (a) no cuente con un análisis económico riguroso que demuestre cómo la transacción beneficia al pueblo y bajaría la tarifa; (b) no resulte en una tarifa de generación a largo plazo de menos de 7.5 centavos por kWh; (c) no requiera a la entidad privada tener que retener y contratar a los empleados existentes de la AEE y honrar sus derechos laborales y convenios colectivos; (d) no requiera que la entidad privada invierta su propio dinero en mejorar el sistema de generación; y (e) no impulse una transformación acelerada a la energía renovable distribuida a la vez que retira las unidades existentes según el PIR”.
La ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol, subrayó que “si la Legislatura no interviene en este proceso, no habrá transparencia ni oportunidad para la fiscalización pública antes de que se firmen los contratos de privatización. Como ya hemos visto, esta falta de transparencia es una receta para más contratos políticos que no representan los mejores intereses del país”.
