CLARIDAD
Una Marea Verde constituyó la marcha en que feministas, organizaciones no gubernamentales, servidores de servicios de salud, de apoyo, de servicios legales, de derechos humanos, sindicatos, organizaciones políticas, académicas, artísticas y movimientos sociales se unieron en apoyo al derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo y en defensa del derecho al aborto.
La marcha estuvo enmarcada en la fecha del 28 de mayo, Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Las y los asistentes se concentraron frente al antiguo edificio del Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico en el Viejo San Juan. De allí partieron cerca de las tres de la tarde para subir por la calle Tetúan, detenerse en la Plaza de la Barandilla y continuar hasta el lado norte del Capitolio. Durante el recorrido, custodiado todo el tiempo por observadores del capítulo de Puerto Rico de Amnistía Internacional (AI), los asistentes pudimos sentir el apoyo de muchos transeúntes al enterarse de los motivos de la manifestación.
La salud de la mujer
La joven Grisaly Pedraza Izquierdo, portavoz de la Marea Verde y miembro de la campaña Aborto Libre Puerto Rico, que junto a otras organizaciones presentaron su oposición, expresó a CLARIDAD que el PS 693 pretende restringir el derecho al aborto a partir de las 22 semanas, lo que resultaría en que personas que necesiten hacerse un aborto por cuestiones de salud estén en una posición bien triste. “Hay veces que hay personas que están gestando en embarazos deseados, añorados, y que surgen situaciones médicas que les impide completar ese embarazo. Estas personas serían las que más en riesgo estarían”.
Señaló que tanto los argumentos como el proceso completo del proyecto en el Senado ha sido uno violento: “Quien tuvo la oportunidad de ver las vistas pudo notar la violencia con la que la senadora —se refiere a la senadora Joan Rodríguez Veve, quien presentó el proyecto— expone sus puntos de vistas”. Pedraza Izquierdo censuró las alegaciones que esta ha hecho, de que las motivaciones para que las mujeres aborten en el primer trimestre son ‘nimiedades’, sin sentido, porque están inconformes con el género del feto”.
“En la campaña Aborto Libre sabemos porque tenemos personas en nuestro colectivo que han realizado abortos, que asisten. Acompañado sabemos que las mujeres gestantes de la clase trabajadora no abortan por esas razones. Un aborto de esos cuesta miles de dólares”.
La joven maestra de Historia de nivel secundario defendió que los procedimientos de abortos no son un problema en el país, que al contrario, el problema que sí hay en Puerto Rico es que no es del todo accesible y que hay mujeres que necesitan hacerse un aborto y no pueden porque no hay una clínica cerca, porque no tienen el dinero e, incluso, porque piensan que no es legal. “Esas son las cosas a mejorar referente al aborto en este país. No es que no estén regulados, se realizan en clínicas, se realizan a mano de gente profesional. Tenemos que dirigirnos a una educación sexual integral, significativa a todas las personas y a mejorar los acceso a servicios de salud sexual y reproductivos”.
Un derecho humano más
Entre los asistentes que dieron apoyo a la actividad se encontraban miembros del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. A preguntas de CLARIDAD, su portavoz, el licenciado Edgardo Román Espada, destacó que la pertinencia del Comité en este asunto es que la intención del proyecto no es precisamente comenzar un proceso no de regulación, sino de la abolición del derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo.
“Los derechos humanos reconocen ese derecho. Nosotros tenemos el compromiso de proteger los derechos humanos, promoverlos, defenderlos, y creemos que en una manifestación de esta naturaleza donde fundamentalmente convocan las mujeres, nuestro deber es estar presentes y dar un apoyo a la causa y servir de voz en relación con el reclamo que tiene toda mujer de proteger su cuerpo”.
En esa línea, expuso que aunque el derecho al aborto se ve como uno aislado, ningún derecho humano es un derecho aislado. Los derechos humanos todos están interrelacionados y no solo lo están, sino que unos dependen de los otros, por lo que se tienen que ver siempre como un conjunto. Cuando se limita un derecho humano, se tiene el efecto cascada sobre los otros derechos humanos. A nivel del plano internacional se ha reconocido que precisamente los derechos humanos deben verse de manera coherente, interrelacionados, interdependientes, ya que esa es una de sus características.
En el caso de Puerto Rico, abrir la puerta a esa negación sería un retroceso a lo que es un derecho reconocido por décadas, y abre la puerta a que otros derechos adquiridos por la mujer, el hombre o incluso los niños estén de igual forma afectados, ya que se estaría abriendo el precedente de que el hecho de que el derecho sea reconocido no significa que sea respetado en el futuro, explicó.
La lucha para derrotar el PS 693
En tanto, la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciada Ana Irma Rivera Lassén, también presente en la manifestación, contestó a CLARIDAD en qué etapa se encontraba la medida. Indicó que en estos momentos, lo que debería estar pasando es que la Comisión de Vida y Familia, que fue la que presentó el proyecto, esté haciendo su informe. La Comisión de la Mujer debe estar haciendo el suyo, también. Explicó que son informes independientes y que de no llegar a la misma conclusión se consideran por separado, aunque sean para el mismo proyecto.
En ese caso, el Hemiciclo del Senado tendría que pasar por cada uno de los informes. El procedimiento es que la comisión que presenta el proyecto presenta su informe primero y dependiendo de lo que pase, se presenta el segundo. “Eso no quiere decir que el segundo informe no se pueda presentar como quiera, porque la segunda comisión tiene derecho a presentarlo. Así que sabremos lo que cada una de las comisiones piensa sobre el proyecto”.
La senadora Rivera Lassén trajo a la atención que tanto el PS 693, como otros muchos que se han estado radicando, cuando se ven en conjunto, la idea es que se retroceda: “Por eso es tan importante dar la voz de alerta, seguir luchando en contra de esos proyectos, seguir defendiendo nuestros derechos como los conocemos, sobre todo como el día de hoy, que estamos en el día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. Por eso los derechos hay que seguir defendiéndolos todos los días”.
Un servicio esencial
Mientras la doctora Yarí Vale Moreno, quien ha sido objeto de una campaña de difamación y agresión por parte de la senadora Rodríguez Veve, compartió que la experiencia en su práctica con el procedimiento de un aborto es que es un servicio de salud esencial.
“Lo que quiero decir es que tanto como al cuidado prenatal, el que tenga la gente acceso, ¿por qué al aborto no se puede tener el mismo acceso que al cuidado prenatal, si es para preservar la salud de la mujer? Estamos luchando por algo que debe estar ya claro y por las experiencias previas que hemos tenido en nuestra historia antes de la legalización del aborto, donde las mujeres morían a consecuencia de abortos clandestinos. Desgraciadamente, estas personas no ven los números, las estadísticas, que hablan claro; y la ciencia, que está a favor, que fortalece y defiende lo que nosotros decimos”.
La doctora describió como una desgracia el que los que quieren prohibir el derecho al aborto pongan la alternativa de la adopción para obligar a una mujer a gestar cuando la mujer no quiere gestar, lo cual representa un riesgo para su salud. Añadió que los que favorecen la medida ni tan siquiera tienen la sensatez de considerar el aborto para pacientes que han sido violadas o víctimas de incesto. “¿Cómo es posible que se obstinen tanto cuando uno, que está viendo a diario a estas pacientes, sabe la necesidad que hay? Es atroz lo que se quiere con el proyecto, y no se puede permitir”.
Hizo referencia a la advertencia de la senadora Rivera Lassén de que hay otros proyectos pendientes atados al PS 693. Ese es el caso de un proyecto que pretende hacer cambios a las leyes de adopción del Departamento de la Familia, para facilitar que agencias privadas del exterior vengan a adoptar menores de Puerto Rico. “Es una desgracia que sean tan cortos de mente, tan discriminatorios y tan no inclusivos, que no tienen un poco de respeto a la dignidad humana, a la dignidad de la mujer gestante que atendemos con mucho cariño y tratamos de atender día a día”.
En términos de la calidad de la práctica del aborto, la doctora Vale Moreno expuso que en Puerto Rico tenemos que las nuevas generaciones de estudiantes de medicina están viendo el proceso de aborto como lo que es: un servicio de salud pública. Y están siendo adiestrados para llenar esos espacios que son muy necesarios. De hecho, en la actividad hubo un grupo de estudiantes de la doctora que expresaron su solidaridad. Ahora mismo, en Puerto Rico solo hay cuatro clínicas que practican este procedimiento, que no es cubierto por ninguno de los planes médicos. “Tenemos ese problema grande de salud pública frente a nosotros. Aun si no cambiaran las leyes, tenemos que cambiar las estructuras para permitir que ese servicio continúe”, afirmó.
La intimidad y la Constitución de Puerto Rico
Una vez se llegó frente al Capitolio los asistentes fuimos recibidos por el grupo de mujeres Barrileras del 8 M (en referencia al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora). Luego de varias presentaciones se leyó un manifiesto en el cual se destacó la defensa del derecho al aborto como un servicio esencial de salud, el derecho a decidir sobre sus cuerpos de todas las personas, ya sean mujeres, personas trans o queer.
Se lanzó la advertencia a la Legislatura de Puerto Rico de que en caso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoque el caso de Roe vs. Wade y otros casos pendientes, en Puerto Rico existe el derecho a la intimidad, expresamente incluido en el Artículo II sección 8 de la Constitución, y que este derecho no se limita a mantener asuntos en la esfera privada, sino que incluye la toma de decisiones sobre nuestros asuntos personales, íntimos y sobre nuestros cuerpos, por lo que el derecho al aborto está cobijado bajo el derecho a la intimidad por tratarse de un derecho constitucional fundamental. Se reiteró que en el PS 693 no se expone ningún problema crítico que requiera restringir el aborto desde las 22 semanas en adelante.
