La organización Kilómetro Cero (Km 0) calificó como una ejecución extrajudicial la muerte de Javier Antonio Cordero Nevares a manos de la Policía este lunes 1.0 de agosto en horas de la noche en la urbanización La Riviera en San Juan.
Según han reseñado los medios, el joven de 16 años fue ejecutado luego de una persecución. Este recibió alrededor de quince (15) heridas de bala por parte de siete agentes y un sargento de la Policía de Puerto Rico. El menor de edad estaba desarmado y los oficiales dispararon sobre sesenta (60) veces.
En comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro cuyo propósito es monitorear el desempeño de la Policía denunció que lamentablemente la muerte de Cordero Nevares no se trata de un caso aislado en Puerto Rico. Precisó que este año la Policía ha matado al menos a tres jóvenes de 21 años o menos y hay otros casos de disparos policiales que Km 0 no ha podido confirmar si han resultado en muertes. Desde el 2014, 84 personas han muerto por uso de fuerza policial; 18 de estas han sido jóvenes de 21 años o menos.
“Exigimos que el Negociado de la Policía de Puerto Rico revele de inmediato cuáles son los nombres y números de placa de los policías relacionados con este caso, como está obligada a hacerlo cada vez que un policía hace uso de su arma de reglamento. También exigimos investigaciones administrativas y criminales externas e independientes, con participación ciudadana, y que el Departamento de Justicia de Puerto Rico presente cargos criminales contra todos los agentes que abusan de la fuerza y del poder, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones. El trabajo de la Policía no es matar a nuestros jóvenes”, manifestó Km 0.
Añadió que la expectativa mínima es que las acciones de la Policía de Puerto Rico cumplan con los parámetros constitucionales. Las propias políticas de uso de fuerza de la agencia exigen que todo uso de fuerza sea proporcional, escalonado, razonable y con un objetivo legal.
Kilómetro Cero expuso que se supone que toda instancia en que un/a integrante de la Policía enfrenta una sospecha de conducta criminal, negligente, o cuando mata a una persona en cumplimiento de sus funciones, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente y no por la misma Policía ni por el NIE.
La organización se reiteró en abogar por que se lleven a cabo investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública, a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales deben ser efectuadas por una fiscalía especializada en delitos de funcionario/as de seguridad pública o una División de Derechos Civiles como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia. Además, que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
“La Policía de Puerto Rico ha demostrado que ni siquiera bajo reforma es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables. Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimientos de casos y deben reducirse sus intervenciones con la ciudadanía. El aumento presupuestario de al menos 26 % que se ha otorgado a la Policía desde la llegada de la Junta de Control Fiscal debe reinvertirse en el bienestar de nuestras comunidades más marginadas, lo que se considera una verdadera medida de prevención del crimen”.
Entre otros señalamientos, Km 0 recalcó que es necesario la creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que no envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupos vulnerables como son las personas con la salud mental comprometida, habitantes de calle, asuntos de la niñez, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas en trabajo social y profesionales de la salud. “En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social”.
