Especial para CLARIDAD
Con la culminación del reciente juicio en contra del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se destapó la olla de grillos que hace muchos años se conoce que existe en el país, aunque no al nivel en que se reveló por dos delincuentes confesos cuyos testimonios fueron parte del proceso. Estos individuos, uno de ellos exalcalde y otro abogado y empresario, aprovechando sus respectivas ocupaciones, disfrutaron del producto de sus fechorías, a costa del tesoro municipal. Ambos individuos, militantes del PNP, escalaron posiciones dentro de ese partido para lograr acceso a figuras de poder dentro de esa colectividad, quienes les abrieron paso hasta alcanzar sus aspiraciones de enriquecerse, desmedidamente, con dinero público. El abogado, Oscar Santamaría, quien inició su carrera como asesor legislativo de diversos legisladores del PNP fue, astutamente, acomodándose en los círculos controlados por ese partido, desde donde comenzó a extender sus tentáculos a los municipios. Hoy se conoce, que Santamaria participaba de reuniones del comité directivo del PNP y de la Federación de alcaldes que agrupa a los alcaldes de ese partido. Santamaría, bajo diversos frentes corporativos y valiéndose del sistema de financiamiento de campañas políticas que impera en el país, ideó un esquema mediante el cual comenzó a sobornar a alcaldes inescrupulosos dispuestos a malversar dinero público a cambio de lucro personal.
Uno de estos alcaldes inescrupulosos resultó ser Félix “El Cano” Delgado, exalcalde del municipio de Cataño y hoy convicto por actos de corrupción, quien se inició en la faena política de la mano de la representante del PNP, Maria Milagros Charbonier, acusada actualmente por corrupción en la esfera federal por, entre otras cosas, obtener “kickbacks” de sus empleados. Cegado por el poder, la fama y el dinero, “El Cano”, se convirtió en presa fácil de Santamaría, quien obtuvo contratos del municipio de Cataño para tres de sus empresas: Waste Collection, VIP Healthcare e Island Builders. La ostentación que hacía “El Cano” Delgado de la ropa, joyas y autos que adquiría con dinero sucio llamó la atención de las autoridades federales quienes, tras investigarlo, lo usaron de señuelo para revelar el esquema que llevó, posteriormente, al arresto de contratistas, alcaldes y otros funcionarios municipales del PNP y del PPD.
Como parte del acuerdo de cooperación con las autoridades federales, “El Cano” Delgado grabó a Santamaria mientras le entregaba dinero al exalcalde. Esas imágenes le fueron divulgadas al contratista, quien viéndose arrinconado por sus actos criminales, decidió cooperar también para beneficiarse en la sentencia que en su día se le impondría. La prensa revela que dieciséis días después de decidir que cooperaría, hizo su primera grabación a Pérez Otero.
La cooperación de Santamaría destapó la magnitud del esquema mafioso que había puesto en marcha y con el que se involucraron tanto alcaldes del PNP como del PPD. Sus primeros contratos los obtuvo con los municipios de Aguas Buenas, bajo Luis Arroyo Chiqués del PPD y de Cidra, bajo Javier Carrasquillo del PNP, lo que le permitió comenzar a amasar una considerable fortuna. En Cidra comenzó como asesor legal del municipio y, mientras se desempeñaba en esa capacidad, creó una compañía de recogido de desperdicios sólidos, a la cual Carrasquillo le otorgó un contrato, sin que fuera sometido a subasta y sin la aprobación de la legislatura municipal. Santamaría logró obtener contratos con 16 municipios. Luego de abandonar la alcaldía, Arroyo Chiqués fue procesado por los federales por estar recibiendo sobornos de parte de Santamaria ascendentes a $5,000.00 mensuales. Tras perder las elecciones del año 2020 a la alcaldía de Cidra, el gobernador Pierluisi cobijó a Carrasquillo, nombrándolo asesor de asuntos municipales en la Fortaleza, puesto al que renunció el pasado año una vez se anunció el nombramiento de un FEI para investigarlo.
Poco después de que cayera Santamaría, se dieron los arrestos de otros alcaldes y funcionarios municipales que participaron de los esquemas de soborno. Entre ellos, fueron arrestados el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, ambos del PPD, el alcalde de Humacao, Reynaldo Vargas y el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, ambos del PNP, lo que puso de manifiesto un bipartidismo carcomido por la corrupción. Funcionarios públicos de ambos partidos cedieron ante la tentación de obtener dinero mal habido, defraudando la confianza de los constituyentes de sus respectivos municipios, a quienes despojaron de los recursos económicos necesarios para garantizarles los servicios básicos a los que tienen derecho. De todos estos funcionarios, solo Pérez Otero decidió enfrentar juicio, habiendo sido declarado culpable por un jurado, por los tres cargos que le fueron imputados.
Como si ello fuera poco, Santamaria confesó haber realizado donativos ilegales a las campañas políticas de varios funcionarios públicos entre ellos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y el senador por Bayamón, Carmelo Ríos. Este último, se dice, está siendo investigado por las autoridades federales, mientras que el alcalde de San Juan fue señalado, junto a los legisladores, Georgie Navarro, Juan Oscar Morales y Víctor Parés, todos del PNP, por recibir asfalto gratis en sus campañas de la compañía J. R. Asphalt, cuyos directivos fueron procesados y convictos por participar, igualmente, de esquemas de sobornos. Tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, rechazaron acusarlos por estos cargos.
En fin, la olla de grillos que se ha destapado con los testimonios de “El Cano” Delgado y Oscar Santamaría, ha develado la podredumbre que ha generado el inversionismo político y que enloda tanto al PPD como al PNP. Este es el mismo bipartidismo responsable del colosal endeudamiento del país, que ha traído un creciente empobrecimiento de nuestra gente y el deterioro acelerado de nuestra calidad de vida. Esta tétrica situación ha provocado que gran parte de nuestro pueblo haya perdido la fe en los políticos, en las instituciones, en que un cambio es posible. A quienes combatimos el bipartidismo vetusto, inservible y corrupto, nos toca reavivar la esperanza en estos compatriotas, de que nuestro país cuenta con mucha gente decente, comprometida y luchadora, dispuesta a trabajar por sanear la administración pública y construir el país que queremos y que nos merecemos.
