La reunión sobre Puerto Rico celebrada en la Casa Blanca en Washington la semana pasada, entre varios oficiales de alto y mediano nivel de la administración Biden, y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y miembros de su gabinete y ayudantes, fue como “un cohete de lagrimita”. Ningún anuncio ni pronunciamiento importante salió de la misma. Lo fundamental en la relación de subordinación política y económica que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico es la discusión sobre el estatus político. Ese asunto no estaba en agenda. Tampoco la reunión fue un diálogo en búsqueda de consenso entre los más amplios sectores de la sociedad puertorriqueña que desembocara en la elaboración de un plan de acción económico que tome en cuenta las realidades y necesidades que tiene Puerto Rico, las cuales se han ido intensificando a partir de la aprobación de la Ley PROMESA y de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal, que han desequilibrado el funcionamiento del gobierno y la prestación de servicios esenciales al pueblo puertorriqueño. Por eso, a pesar de los repetidos anuncios de millonarias asignaciones del gobierno de Estados Unidos para la llamada “recuperación de Puerto Rico”, de la creciente injerencia federal en los asuntos del gobierno de la Isla, de las repetidas visitas del subsecretario de Comercio, la secretaria de Energía, el secretario de Educación, y el propio presidente, Joe Biden, de los titulares y noticias que anuncian progreso, crecimiento y dinero a manos llenas, la realidad dice otra cosa. El pueblo puertorriqueño que diariamente trabaja y lucha está hoy más empobrecido, recibe peores servicios en todos los órdenes, paga más caro por la canasta básica y los artículos de primera necesidad, y su calidad de vida está afectada por los rigores de la sobrevivencia en circunstancias de estrechez económica y carencias básicas.
Por eso, en ciertos círculos en Puerto Rico la reunión en Casa Blanca fue “un baño de agua fría”: una reunión estrictamente procesal, donde se habló mucho y se decidió poco. Tal pareciera que la idea de hacer la reunión estuvo basada en un estricto cálculo de política electoral. Es lógico para los altos mandos de la administración Biden querer atribuirse progreso y logros en la “recuperación de Puerto Rico”, que está poco menos que paralizada tras cinco años del paso del huracán María. Dentro de dos años, en el 2024, habrá otro ciclo electoral que culmina con la elección de un presidente o presidenta de Estados Unidos. Los puertorriqueños- solidificados por la emigración robusta de años recientes- son una pujante fuerza electoral en muchos estados y ciudades importantes. Por varias generaciones, la penetración del Partido Demócrata en los barrios y comunidades puertorriqueñas prácticamente les aseguraba la totalidad de dichos votos a los candidatos de dicho partido. Esa tendencia ha empezado a cambiar en la medida en que el perfil del puertorriqueño que emigra ha ido cambiando. De un tiempo a esta parte el voto puertorriqueño por candidatos del Partido Republicano ha comenzado a dejarse sentir. Así ha sido, especialmente en el estado de Florida, un barómetro neurálgico para predecir el resultado de las elecciones presidenciales.
Por eso, desde su óptica, es probable que la administración de Biden interese proyectar que ha logrado hacer la diferencia para Puerto Rico, sobre todo si se le compara con el gobierno de su antecesor inmediato, Donald Trump, donde no se disimulaba el disgusto y el desprecio por Puerto Rico y el pueblo puertorriqueño. Pero un imperio es un imperio. Y por sobre todas las consideraciones, están los intereses imperiales del complejo sistema industrial, financiero, tecnológico y militar de Estados Unidos, que es donde reside el verdadero poder a través del cual el imperio estadounidense mantiene el control sobre buena parte de los países y regiones del mundo.
En el orden de los asuntos imperiales, Puerto Rico es prioridad cero. Por eso, no existe, ni nunca ha existido, un programa robusto y viable de desarrollo económico para Puerto Rico- basado en la utilización plena de los recursos naturales, físicos y humanos que posee nuestro país. Cinco años después de la quiebra fiscal del gobierno de Puerto Rico, del paso de los huracanes Irma y María, de los terremotos del suroeste y de la pandemia del Covid- 19, el plan para la recuperación de Puerto Rico sigue en la etapa de un “laundry list” de iniciativas inconexas, muchas de ellas en etapa conceptual, y las demás espaciadas en las varias capas del largo proceso de aprobación burocrática que antecede al desembolso de fondos por parte de las agencias federales pertinentes.
Esta realidad no debería sorprender a nadie. Esa es nuestra historia, nuestra larga jornada como colonia de dos imperios. Y sobre todo, ha sido aún más destructivo desde que nuestro país fue cedido por España a Estados Unidos como botín de guerra en 1898. El detente a esa ruta de destrucción es la soberanía. Solo en la soberanía plena que se obtiene con la independencia podrá Puerto Rico poseer los poderes para labrarse un futuro económico y social propio y sin sujeción a intereses extranjeros, sean estos los de la metrópolis insensible y explotadora, o los de las fuerzas ciegas del capital insaciable.
