Editorial- Enorme el precio de nuestra dependencia energética

La dependencia en Puerto Rico es consustancial a nuestra condición colonial, que nos mantiene en un perpetuo estado de subordinación política y económica a Estados Unidos desde hace más de un siglo. La mentalidad colonizada alimenta el sentido de dependencia, lo cual también es promovido por los anexionistas del patio y demás miembros de la élite criolla que se benefician de múltiples maneras al mantener a nuestro pueblo mirando solo hacia Estados Unidos para la solución de nuestros muchos problemas. Estos problemas están condensados ahora en una crisis monumental que se profundiza cada día más, y que le roba a nuestro pueblo sus mejores recursos económicos y humanos y entorpece su capacidad de imaginar un país construido por y para las y los puertorriqueños.
El mito de la dependencia inevitable se quiebra cuando el pueblo comprende que el colonialismo y la dependencia van de la mano y son la camisa de fuerza que impiden su desarrollo. Esa es la gran disyuntiva que vive nuestro pueblo hoy, cuando tiene que cargar sobre sus hombros el peso de la colonia que colapsa, y pagar el alto precio de la dependencia en todas las áreas  fundamentales de su quehacer cotidiano, como por ejemplo, la energía.
Es imperativo que el pueblo puertorriqueño tome el control de su sistema energético y lo conduzca por otro rumbo. Sin energía eléctrica estable, asequible y sostenible  no es posible un desarrollo económico y social vigoroso para ningún conglomerado humano y ningún país. En Puerto Rico, la crisis del sistema eléctrico tiene su raíz en nuestra condición colonial. La odiosa privatización del sistema de transmisión y distribución eléctrica a través del contrato con LUMA Energy,  y el estado frágil y caótico de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) son solo las dos manifestaciones más visibles de una crisis más profunda que incluye la enorme dependencia que tiene Puerto Rico de combustibles fósiles importados que no posee, como el petróleo y sus derivados, y el gas natural licuado, junto a la cadena y candado de las leyes de cabotaje (Ley Jones de 1920), que atan a nuestro país al trafico marítimo en embarcaciones de matrícula estadounidense. La ley Jones de 1920  tiene el efecto de encarecer artificialmente el transporte de combustible a Puerto Rico, y prohíbe el libre tránsito de embarcaciones desde  mercados energéticos alternos a Estados Unidos.  También nos obliga a pagar el costo de la marina mercante norteamericana, la más cara del transporte marítimo en el mundo.
En días recientes hemos visto dos ejemplos flagrantes de la injusticia colonial de las leyes de cabotaje, cuando se obligó a Puerto Rico a solicitar dispensa especial del presidente de Estados Unidos para recibir dos barcazas con combustible de emergencia, una con diésel para los hospitales de Ponce, sin luz por el paso de la tormenta Fiona, y otra con gas natural para la planta Ecoeléctrica, y así tratar de evitar más apagones generalizados. El que un país deba vivir a merced de las dispensas caprichosas de otro para recibir y transportar energía no sólo es esclavitud colonial, sino un desafío a los derechos humanos de una población de millones de personas.
Un estudio de agosto 2022 por analistas del Instituto Cato de Estados Unidos, entidad de análisis sobre políticas públicas e  impacto económico de tendencia conservadora, concluyó que las leyes de cabotaje son dañinas y discriminatorias contra Puerto Rico. » La ley Jones (1920) ha estado haciendo daño a Puerto Rico por largo tiempo. Es el resultado inevitable del proteccionismo del transporte marítimo  que obstruye la.competencia y requiere el uso de embarcaciones significativamente más costosas para construir y operar que las de otras marinas mercantes de banderas internacionales. Aunque esta ley hace daño a todo el país ( Estados Unidos) , es particularmente onerosa para una isla con grandes retos económicos y altamente dependiente del transporte marítimo. Esa es una realidad que no se puede soslayar ni ignorar, no importa cuántas denuncias sobre «estudios defectuosos» hagan los defensores de la ley Jones».
Para Puerto Rico debía ser obvio hacia donde dirigir sus miras energéticas: hacia las energías renovables del sol y el viento que abundan en nuestro trópico. Está claro que en la transición hacia el logro de esa meta, la utilización de combustibles fósiles importados será necesaria por un tiempo, e igualmente como reserva para emergencias. Lo que no puede seguir siendo es la costosa dependencia casi exclusiva de combustibles fósiles  que tenemos hoy,  la cual unida a la esclavitud de las leyes cabotaje, y al mal gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos, tienen a nuestro país sumido en esta crisis profunda.
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