El dilema de Charlie y Lúgaro

 

CLARIDAD

Cualquier visitante que no conozca la realidad puertorriqueña, al observar la actual campaña electoral de algunos candidatos pensará que ha llegado a un País donde se vota por el puesto de presidente o primer ministro de la república. Creerá que, una vez electo, el ganador tendrá el poder para imponer los cambios que propone. El hecho de que el puesto pretendido se llame “gobernación” – título que en los países se reserva para las provincias – le puede sugerir al visitante nuestra verdadera la realidad, pero los discursos de algunos candidatos le indicarían otra cosa.

La confusión del visitante responde a que, al menos, un candidato y una candidata a la gobernación con toda intención esquivan la realidad boricua al hacer sus promesas. Sólo Juan Dalmau, el candidato del Partido Independentista, habla con claridad. Para los otros, tanto el colonialismo, con la penosa carga que lo condiciona todo, como a las posibles soluciones, están ausentes de la campaña. Cuando les preguntan responden, pero tratan de cambiar de tema con rapidez. Aún cuando en las elecciones de noviembre se incluye un plebiscito en torno a la anexión como alternativa, le huyen al estatus y hacen campaña para el cargo de gobernador como si desde allí de verdad pudieran imponer todos los cambios que proponen.

A pesar de lo que implica ser gobernador de una colonia, de vez en cuando se escuchan ciertos alardes de poder. “Ese contrato no va”, dijo con énfasis, como dando un puño sobre la mesa, el candidato del Partido Popular, Carlos “Charlie” Delgado. Se refería al acuerdo que privatiza las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación que, al menos en teoría, es propiedad del pueblo puertorriqueño. El también presidente del PPD, tratando de pescar votos entre los afectados, no sólo manifiesta su inconformidad con el pacto, sino que decreta su muerte. Quien lo escucha podría pensar que tan pronto llegue a la mansión ejecutiva firmará el decreto que liquida el acuerdo y ahí termina el problema.

Según el pacto que Charlie se propone eliminar, un consorcio creado por dos empresas extranjeras operará la AEE a cambio de una gran cantidad de millones de dólares. El nuevo arreglo, además de la enorme suma a pagarse, supone el desplazamiento de miles de trabajadores e incidirá sobre los derechos adquiridos, tanto de ellos como las decenas de miles de jubilados. Además, para pagarle al privatizador y a los acreedores que desde las tinieblas lo impusieron, todos los abonados de la AEE sufriremos aumentos periódicos en la tarifa eléctrica.

Charlie dice que el pacto no va. ¡Enhorabuena! Pero resulta que, en cuanto a ese acuerdo, y prácticamente todo lo que tiene que ver con la AEE, el gobernador o gobernadora que se elija el próximo 3 de noviembre, sólo puede tratar de influenciar, como lo hace ahora cualquier cabildero, dada nuestra realidad colonial. Amparándose en la ley del Congreso de Estados Unidos que la creó, la Junta de Control Fiscal asumió jurisdicción sobre la AEE y la sometió al proceso de quiebra. El acuerdo que Delgado dice que “no va” está ante la consideración de una juez de Nueva York quien, interpretando la ley del Congreso, decidirá sobre lo pactado. Obviamente, si el gobierno de Puerto Rico, que desde un principio ha estado apoyando a la JCA, cambia de opinión pudiera influenciar a la juez neoyorquina y, está muy bien que cambie, pero si Charlie es gobernador no lo podrá cancelar de un porrazo, ni tampoco la hará Legislatura. La ley que otros nos impusieron lo impide.

Ni Delgado ni el PPD quieren hablar de la colonia. Aún cuando Delgado alega ser “soberanista”, igual que los que todavía dicen que la tierra es plana cree que el colonialismo quedó atrás y sólo hacen falta cambios cosméticos. Por eso habla en todo momento abstrayéndose de lo que permea toda la realidad boricua.

Delgado no es el único aspirante a la gobernación que le huye al tema del estatus político. La candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, está en la misma liga. En 2106, cuando corrió como independiente, en muchas comparecencias proclamó su independentismo y reclamó el fin de la colonia sin la extinción de la Patria que supone la anexión. A pesar de todas las estrategias de miedo, obtuvo entonces una gran cantidad de votos. Ahora, sin embargo, el movimiento desde donde se postula optó por aquella línea de campaña que Luis Muñoz Marín proclamó en 1940 con una frase híbrida: “el estatus no está en “issue””. Aún cuando se trata de un asunto que lo contagia todo, la solución soberana al problema colonial no es parte del programa del MVC. Esa línea responde a la creencia de que, al esquivar el tema, atraerán un torrente de votos anexionistas. Creo que de entre los votos que atraerán apenas habrá un puñado de estadistas, pero ellos están convencidos de lo contrario.

Si la posición híbrida del MVC de verdad les trajera votos anexionistas, el PNP estaría preocupado y atacándolo, pero es el PPD quien lo hace. Sin embargo, gran parte del liderato del MVC aparcó su independentismo y soberanismo para ir a buscar a los votantes del PNP.

Esa posición del MVC no sólo ha enmudecido a Alexandra Lúgaro en el tema más importante en toda colonia. También le ha impedido, tanto a ella como los demás candidatos de su partido, asumir una posición clara en el plebiscito que el PNP coló en las elecciones de noviembre. Independientemente de los propósitos de esa consulta, es posible utilizarla para darle un golpe a la anexión, pero la hibridez del MVC no se lo permite. Si tienen como candidata a comisionada residente a una persona que no sólo postula la anexión, sino que la ha promovido durante la presente campaña, no pueden llamar a votar por el NO a la estadidad.

 

 

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