CLARIDAD
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Organizaciones activistas defensoras de los derechos civiles, otras que abogan por la auditoria de la deuda y en contra del acuerdo de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), en contra de la represión, expresaron su rechazo al arresto y radicación de cargos contra la maestra de música, Elimar Alicia Chardón, por sus llamadas a la jueza Laura Taylor Swain, repudiando la aprobación del acuerdo de COFINA.
En lo que parece ser un nuevo caso de represión en contra de personas que se manifiestan contra la Ley Promesa, su Junta de Control Fiscal (JCF) y la jueza quien atiende todos los casos relacionados a la Ley Promesa, el miércoles 27 de febrero la maestra Chardón, fue dejada en libertad bajo fianza luego de cinco día de encarcelamiento en el Centro de Detención Federal, en Guaynabo. La maestra fue acusada de haber dejado tres mensajes amenazantes en el teléfono de la juez Taylor Swain. El magistrado del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (el llamado Tribunal Federal) Bruce McGuiverin, le fijo una fianza no asegurada de $10 mil dólares, la cual no tuvo que pagar. Los abogados de Chardón informaron que la fiscalía tiene hasta el 8 de marzo para presentar el caso ante un “Gran Jurado”.
Durante el proceso de la vista de fianza el miércoles representantes de variadas organizaciones manifestaron su solidaridad con la joven maestra de la Escuela Loaiza Cordero, frente al tribunal. Entre las organizaciones que defendieron la acción de Chardón se encuentra el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda (FCAD), en comunicado de prensa recordó que junto a la organización con base en New York, Diáspora en Resistencia, hicieron una convocatoria amplia para que la ciudadanía llamara y enviara cartas a la jueza Swain, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, con el propósito de mostrar el rechazo del pueblo al acuerdo de COFINA, por sus terribles consecuencias para el país en los próximos 40 años.
El Frente se atribuyó que su convocatoria fue una exitosa y que cientos de personas llamaron y enviaron cartas, y que recogieron más de 40,000 firmas en rechazo al acuerdo. “A la misma jueza Swain no le quedó más remedio que reconocer la magnitud del descontento ciudadano. En fin, las llamadas de Elimar no fueron acciones aisladas, ella es la voz de miles de personas en Puerto Rico que no pudimos dormir ese día ante la terrible noticia de la decisión de Swain”, expresó la Lcda. Eva L. Prados Rodríguez, portavoz del Frente.
La licenciada Prados Rodríguez resaltó que no debe pasarse por alto que la intervención del FBI contra Chardón se da dentro del contexto de un país que ha sido azotado por décadas de políticas de austeridad que han desmantelado las instituciones públicas, han eliminado derechos adquiridos y han despedido a decenas de miles de empleados públicos. Señaló que, en el contexto de la educación pública, desde donde Chardón se desenvuelve, el Gobierno y la Junta han provocado el cierre de sobre 400 escuelas en los últimos años y ahora proponen recortar severamente el pago de pensiones a los maestros jubilados. “En este sentido, las expresiones de Elimar no sólo son una manifestación de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino que son un reflejo de la rabia y la desesperación provocada por la realización de que el Gobierno y la Junta están construyendo un nuevo país en el que las personas como Elimar no tienen cabida”, añadió.
Mientras la portavoz de la Diáspora en Resistencia, María Torres-López, en el mismo comunicado expresó que; “¡Elimar Chardón Sierra tiene todo nuestro apoyo”! En esa línea defendió que la campaña en la que participó la organización se creó porque sabían que el sistema no les daría acceso a los Tribunales de EEUU, algo que han visto a lo largo de nuestra historia.
“Los puertorriqueños han sido siempre eliminados de estos procesos de toma de decisiones. Sin embargo, seguimos adelante y nuestras voces se escucharon. Esta acción tomada por el FBI es una forma de intimidación en contra de quienes levantaron sus voces. Los puertorriqueños conocemos de antemano esta táctica y siendo los descendientes de aquellos que ellos no pudieron silenciar, sabemos que nuestra capacidad de unión y fuerza en números es nuestra mejor arma, ¡y sabemos cómo usarla”!.
En tanto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico (AIPR) Liza Gallardo, censuró que el accionar del aparato federal es completamente desproporcionado y discriminatorio contra esta joven maestra, “que sólo levantó el teléfono para ejercer su derecho a expresarse, y ejemplifica el sentir de frustración y desasosiego ante la terrible decisión de la jueza Swain al aprobar el Plan de Ajuste de COFINA”. AIPR acusó que no se puede más que pensar que lo que está detrás de todo esto es utilizar a esta joven para intentar amedrentar e intimidar al pueblo puertorriqueño que se está levantando en protesta”.
Gallardo además denunció que era insólito pensar que alguien pueda estar seis días encarcelada por manifestarse ante la grabadora telefónica de la oficina de una funcionaria pública federal que tiene más poder decisional sobre el destino de todo el pueblo de Puerto Rico. Además de que esto era una práctica en extremo peligrosa del FBI, sobre todo porque se ejecuta en el contexto de un ejercicio de expresión protegido por nuestra Constitución y la de Estados Unidos.
Por último Mari Mari Narváez, portavoz de la organización Kilómetro O, la cual entre otros temas trabaja el de los derechos civiles y sigue el proceso de la reforma de la Policía, observó que: “El caso contra Elimar Chardón Sierra parece más bien otro intento del gobierno federal de intimidar y desincentivar la protesta en Puerto Rico mediante la exhibición de una especie de “escarmiento” público, especialmente a mujeres jóvenes que luchan. Esto lo denunciaremos y lo combatiremos hasta las últimas consecuencias”.
Las organizaciones han lanzado una campaña de firmas de apoyo a la joven maestra a través de change.org.
