Por Félix Córdova Iturregui/ Especial para CLARIDAD
El 20 de septiembre de 2017,la fuerza impresionante del huracán María dejó sobre Puerto Rico un amplio rastro de destrucción. Sobre la herida de la naturaleza siguió avanzando la crisis social. El gobierno se negó a contar o aceptar las muertes porque eran un signo de la creciente inequidad social. La política neoliberal había polarizado la riqueza y el paso del huracán polarizó el dolor. La sociedad quedó al desnudo y nadie pudo negar cómo un solo huracán se convirtió en varios huracanes al pasar por el filtro de una sociedad caracterizada por la desigualdad. El evento natural tuvo dos efectos sociales: sacó lo mejor del pueblo en variadas formas de solidaridad y sacó lo peor del gobierno neoliberal: su insensibilidad. Dos factores quedaron al descubierto: la desconexión del gobierno con la población y una incapacidad institucional de responder con eficiencia ante la catástrofe natural.
Poco más de dos años después, en plena navidad de 2019, comenzó a temblar la tierra. El 2020 llegó con terremotos con gran poder destructivo en el suroeste de Puerto Rico, comparables a los ocurridos en 1918. Sin haber dejado de temblar la tierra, a mediados de marzo, el gobierno tomó la decisión de cerrar una gran cantidad de actividades económicas y sociales debido a la pandemia causada por el coronavirus. Y ahora en medio de la pandemia, pasa al sur de Puerto Rico un extenso y desorganizado evento atmosférico, nombrado Isaías, con una cantidad de lluvias que ha tenido un impacto devastador en muchas comunidades. Cada evento ensancha una imagen conocida: la terrible desigualdad existente en nuestra sociedad. La historia se reitera. Si la riqueza se ha concentrado en pocas manos, el sufrimiento se ha acumulado en el lado de la pobreza. Durante los últimos meses, con terremotos, pandemia, sequía primero y lluvias torrenciales después, la vida social, en el columpio de la desigualdad, se ha visto desencajada de su normalidad. Todo esto ha sucedido en el curso de un año electoral, con la celebración de primarias en los dos partidos de gobierno.
No es extraño que algunos políticos asocien la crisis actual con los eventos naturales. Sin embargo, la crisis que vive Puerto Rico no ha sido causada por la naturaleza. Es una crisis social, aunque haya sido acentuada por los eventos naturales. Lo que ha hecho ahora la pandemia es poner de manifiesto que estamos ante una crisis del capitalismo en su manifestación global neoliberal. Hay que insistir en ello: se trata de una crisis neoliberal a nivel mundial, con una visible e inevitable dimensión relacionada con la salud. La privatización de la salud ahora ofrece una cosecha aterradora. Los intereses privados, motivados por la ganancia, son ineficientes para atender una crisis pública de salud. Una crisis pública de salud requiere un sistema público, guiado por el servicio a la gente y no por el motivo de la ganancia privada.
En el caso de Puerto Rico, la acentuada dimensión neoliberal de la crisis económica-política-social ha puesto de relieve el quiebre de la relación colonial. Aunque todavía no hayamos adquirido plena conciencia del vínculo de dicha quiebra con la política neoliberal, no es posible separar la profundización de la crisis del enunciado principal del neoliberalismo: que el mercado decida. Los que han pensado, incluyendo economistas, que el mercado es algo natural, tarde o temprano tendrán que enfrentarse con el hecho de que con el desmantelamiento del gobierno como espacio público, para favorecer la expansión del mercado y de la empresa privada, se ha ampliado el curso de acción de la enorme crisis que vivimos. Lejos de ser una crisis del gobierno como expresión de lo público, lo que se hace cada día más visible es el avance de la crisis como expresión de los grandes intereses privados que dominan la economía y la política del país.
Una manifestación de la crisis actual es su dimensión política. Se manifiesta en la falta de credibilidad de los dos partidos principales. La internalización de las categorías del mercado en el gobierno, la mercantilización de los servicios públicos, ha erosionado y destruido la ética del servicio público, sustituyéndola por un ambiente de privatizaciones podrido por la corrupción y las ventajas político-partidistas. Los eventos naturales y la pandemia, al abrirle un ancho espacio a la llegada de fondos federales para la reconstrucción, en proporciones nunca antes vista, ha provocado la intensificación de una lucha violenta en el partido de gobierno, por tener acceso y control, en la medida posible, de tales fondos. Ha convertido las primarias del PNP en una guerra irreconciliable.
No obstante, una aguda contradicción se manifiesta en la urgencia por lograr el acceso a los cuantiosos fondos federales: para poder administrarlos adecuadamente, hace falta una maquinaria estatal efectiva, instituciones públicas capaces de actuar con agilidad. Hace falta lo que la política neoliberal ha desmantelado en más de tres décadas de acción bipartidista. La falta de ejecución del gobierno, su ineficiencia ante los desastres naturales y la pandemia, no es resultado principalmente de la incompetencia de funcionarios del gobierno, sino del desmantelamiento sistemático del servicio público. El reciente escándalo en el Departamento del Trabajo, incapaz de tramitar con agilidad las ayudas a desempleados, cuentapropistas y pequeños negocios afectados, es una de tantas pruebas que se pueden señalar.
¿No fue el gigantismo gubernamental uno de los conceptos claves de la estrategia neoliberal para desmantelar el gobierno? La eliminación de empleos públicos nunca fue acompañada por la capacidad de crear empleos privados. El aparatoso asalto al gobierno de parte de intereses privados, apropiándose de miles de millones de dólares de la riqueza pública, ha hecho cada vez más pequeño e ineficiente al gobierno, debilitando también otros sectores de la economía.
Por consiguiente, la política neoliberal ha conducido a la quiebra del estado, a la pérdida masiva de empleos, al fracaso de la política federal con su estrafalaria y vergonzosa Junta de Control Fiscal, con una tendencia imparable a la desintegración de las instituciones gubernamentales. Nada de esto es producto de los desastres naturales. Todo es de factura social, de hechura humana. No ha sido una casualidad que el único gobernador expulsado de La Fortaleza por grandes movilizaciones del pueblo, perteneciera al partido hegemónico de la política neoliberal: el Partido Nuevo Progresista. Tampoco es una casualidad que ese partido retóricamente reclame la igualdad, cuando su política ha sido el motor principal en la creación de desigualdad e inequidad social. La quiebra de la relación colonial opera con fuerza también en el interior del movimiento estadista. Su propuesta de plebiscito para el próximo noviembre nada en el mismo pantano de corrupción en que flota la barca rota del PNP. No es la estadidad lo que buscan. Buscan aferrarse al gobierno para administrar el presupuesto y los miles de millones en fondos federales. En medio de la quiebra de la colonia recurren al sueño de la estadidad. Pero ese sueño ha pasado por el caldo de la corrupción y está podrido.
