Mirada al País: Puerto Rico: Isla de contrastes

Jorge Haddock Archivo CLARIDAD

 

Especial para CLARIDAD

 Los contrastes escandalosos en el Puerto Rico de hoy salieron a la superficie con la imposición federal de la Ley PROMESA en el verano de 2016 y la llegada de la Junta de Control Fiscal. ¿Cuándo se había visto en Puerto Rico un sueldo de $52,083 dólares mensuales, como el de Natalie Jaresko, pagado con fondos públicos? ¿Cuándo un presidente la Universidad de Puerto Rico había recibido $20,000 mensuales, como fue el caso de Jorge Haddock, o $20,833 al mes por dirigir el Departamento de Educación para luego ser arrestada y procesada por corrupción, como sucedió con Julia Keleher? ¿Cuándo, con fondos públicos, vimos sueldos millonarios como los que obtienen los directores de LUMA? La JCF ha sido, además, la coronación de la doble moral de la política neoliberal: muy generosa con el capital y sus representantes ideológicos y violentamente austera con los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Cuando la jueza Laura Taylor Swayne aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno general, el 18 de enero de este año, pareció haberle dado el campanazo a la indignación. Con su impacto negativo sobre el retiro del magisterio, puso en marcha la protesta. Ante la violencia sistemática de la política de austeridad, impuesta por la JCF y el gobierno, el 9 de febrero las maestras y maestros del Departamento de Educación se lanzaron a la calle y lograron imantar a otros sectores de trabajadores y trabajadoras del gobierno convocándolos a una marcha hasta La Fortaleza que movilizó entre 30,000-40,000 personas. Si exceptuamos un notable sector de bomberos, con predominio de hombres, la protesta tuvo principalmente un rostro femenino. El gobernador no encontró otra alternativa que anunciar un aumento de $1,000 mensuales a la empobrecida fuerza educadora del país, así como aumentos significativos a otros sectores también en protesta. Sin embargo, queda pendiente el reclamo principal: la defensa del sistema de retiro de maestras y maestros.

La enorme multitud movilizada el 9 de febrero, heterogénea y enérgica, con la participación de madres y estudiantes, con una notable presencia de jóvenes, debió recordarle a Pedro Pierluisi el verano de 2019. Y el mismo gobernador arrogante, elitista y despectivo, que días antes había expresado que nadie estaba obligado a ser maestro, policía, o bombero, de inmediato encontró el dinero para un aumento al magisterio. La marcha del 9 de febrero le recordó al país que vivimos en tiempos de gobiernos débiles. La debilidad, además, se acentúa a medida que la política de austeridad, sin ningún tipo de propuesta económica alterna, erosiona la base de apoyo del bipartidismo. La fragilidad del gobierno se acrecienta en la medida que avanza la polarización de la riqueza en nuestra sociedad. Por un lado, una claque de nuevos millonarios improductivos alimenta su voracidad asaltando la riqueza pública, mientras por otro lado, la mayoría trabajadora y las comunidades se empobrecen con condiciones de trabajo más precarias y con el aumento en el costo de los servicios esenciales. Ninguna de las dos piezas del bipartidismo tiene la disposición o la capacidad de separarse de la política neoliberal. Ambos van en implacable descenso como embarcaciones en naufragio.

Sin embargo, es preciso destacar una fuerza poderosa que le sirve al bipartidismo de sostén, de andador o de respirador artificial para retardar la caída. Me refiero a la masiva cantidad de fondos federales que ya ha llegado y seguirá llegando a Puerto Rico. La profunda transformación política que viene sucediendo en la isla, visible desde 2016 hasta el presente, es uno de los polos principales de la coyuntura actual. El otro polo, cuya función es contrarrestar o ponerle una sordina a la revuelta política, está compuesto por la acentuación dramática de la dependencia con respecto a los fondos federales. El país se encuentra en acentuada tensión entre estas dos fuerzas. Una de ellas, la revuelta política, tiende a la movilización, mientras la otra, la profundización de la dependencia en los fondos federales tiende a la desmovilización. Sin embargo, debemos destacar un aspecto clave: los elementos más cargados de energía e imaginación, las generaciones más jóvenes, tienden a favorecer el polo de la movilización y en no pocos casos arrastran a sus padres y abuelos.

Por otro lado, hay una situación que vincula a jóvenes y a no pocos adultos mayores. Los jóvenes se enfrentan a una sociedad decadente que les cierra el horizonte de sus posibilidades. Por eso he repetido en varias ocasiones que han sufrido la expropiación del futuro. Este drama juvenil se combina con la dura amenaza que se cierne sobre miles de trabajadores al ver menoscabado o amenazado su sistema de retiro. El Plan de Ajuste de la Deuda, recientemente aprobado, le da un golpe severo al retiro de maestras y maestros. Este importante sector laboral está viviendo una experiencia que puede traducirse en una expropiación significativa de su pasado laboral. El impacto de la política neoliberal cruza todo el tejido social con efectos de expropiación de gran impacto. Y esta experiencia no puede separarse de las acciones de la JCF.

La época de los gobiernos débiles, con manifestación visible a partir de noviembre de 2016, coincidió con la llegada de la JCF y el despliegue inhumano de su violenta maquinaria de austeridad. No se puede olvidar que el movimiento de destitución popular de Ricardo Rosselló se expresó en una consigna contundente: Ricky renuncia y llévate a la Junta. La JCF es un componente principal de los gobiernos débiles y de la disposición a la movilización de grandes sectores de la población. La enorme cuantía de fondos federales, acentuada después de huracanes, terremotos y pandemia, no ha podido desmantelar la protesta.

El verano de 2019 fue un ejemplo imposible de borrar de la memoria. Se dio en el contexto de la creciente tensión entre los dos polos señalados. Para que se tenga una idea, considérese lo siguiente. En 1995, en un momento de auge económico, la transferencia de fondos federales a individuos, devengados y no devengados, alcanzó la cifra de $5,837, 700 millones. En 2016, antes del huracán María, la transferencia de fondos federales a individuos llegó a $16,906,800 millones. Un crecimiento de 245%. En 1995, la compensación a empleados fue de $17,773,000 millones. La transferencia de fondos federales a individuos representó el 33% de los salarios recibidos por los empleados. El cambio en 2016 fue dramático. Ese año la compensación a empleados fue $28,571,900 millones. Si vemos la proporción de la transferencia de fondos federales en 2016 con relación a la compensación a empleados, $16,906,800/$28,571,900, se puede observar que la transferencia de fondos federales a individuos ascendió a 59%. Subió de un 33% en 1995 a un 59% en 2019.

Pero ese es solo un aspecto del proceso. En 1995 los ingresos procedentes de la propiedad ($4,784,900 millones) representaron 27% del total de la compensación a empleados ($17,773,000 millones). En 2016, el ingreso de la propiedad fue $27,620,500 millones frente a los $28,571,900 millones de la compensación a empleados. Ascendió a 97% en comparación con la compensación a empleados. Por consiguiente, el aumento de fondos federales a individuos, antes de María, se combinó con un proceso de polarización de la riqueza en el interior de la economía de Puerto Rico, favoreciendo el ingreso del capital frente al ingreso de los sectores laborales. Después de María, terremotos y pandemia, la situación ha empeorado para los trabajadores. Los fondos federales han amortiguado los efectos de la rapacidad del capital en nuestra sociedad neoliberal. Pero no han podido detener la erosión del bipartidismo y no pudieron evitar la destitución de Ricardo Rosselló en el verano de 2019. La masividad de fondos federales que ha llegado al país como resultado de huracanes, terremotos y pandemia, ciertamente apuntalan la economía, pero no han podido revertir la profundización de los gobiernos débiles. Se sigue acentuando la debilidad y Puerto Rico parece descansar sobre un polvorín. Cualquier chispa puede poner en marcha movilizaciones muy peligrosas para el gobierno.

 

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