CLARIDAD
El vocablo “pala” y el verbo “atornillar” se han pronunciado repetidamente en Puerto Rico durante las últimas semanas. Y no es porque a tres años del paso del terrible huracán María finalmente se estén reconstruyendo las viviendas que, como resultado de la incompetencia y la desidia, todavía permanecen averiadas. La referencia continua a esos dos términos no es por la alegría del trabajo productivo, sino por la tristeza de la corrupción. A tres meses del día en que debe abandonar el puesto de gobernadora, Wanda Vázquez utilizó la pala ejecutiva para empujar a 76 protegidos a cargos públicos bien remunerados. Si son confirmados por el Senado, el casi centenar de protegidos quedarán atornillados por más de una década, con buenos salarios garantizados.
Tal vez en algún otro país se esperaría de alguien que arribó al cargo de gobernadora por pura carambola actuara con mesura a la hora de llenar cargos públicos, mucho más cuando se trata de nombramientos que, en algunos casos, tiene términos que llegan a los 16 años. Pero en Puerto Rico nadie se asombra, todo lo contrario, ya aceptamos esas cosas como algo normal. La única sorpresa es el momento en que Wanda Vázquez hizo la friolera de nombramientos. Estábamos acostumbrados a que la carrera para atornillar allegados en puestos públicos de relevancia se produjera después de las elecciones, luego de que el incumbente resultara derrotado. En esta ocasión se produce antes de las votaciones, cuando ese acto descarnado de corrupción puede costarle votos al partido oficial. Pero es que a esta señora, que fue rechazada como candidata a la gobernación, le importa poco que las críticas que generan muchos de sus nombramientos afecten las posibilidades electorales de su partido. Todo lo contrario, disfruta a todo dar de esa pequeña venganza.
Sin embargo, la inminencia de la cita electoral ya provocó el rechazo del más importante de los nombramientos y, según informes de prensa, más de una docena también será repudiada en el Senado. Dado que muchos legisladores van a la reelección el 3 de noviembre se apresuraron a rechazar el más polémico de los nombramientos, el de un individuo llamado Osvaldo Soto para el importante cargo de Contralor. Ciertos medios de prensa también informan que, al menos, otros 12 de los designados no pasarán el escrutinio legislativo.
Nadie crea que el rechazo legislativo a la docena de nombrados, si finalmente se produce, responda a buenas prácticas evaluativas. Además de protegerse ante posibles señalamientos de cara a las elecciones, los senadores estarían reservando una buena camada de puestos para llenarlos luego de la contienda electoral. Entonces algunos de ellos estarán camino a la fila del desempleo y la reserva que hacen ahora sería la tabla de salvación. De hecho, el proceso en el Senado ha estado a cargo de Héctor Martínez, quien perdió la primaria y está buscando de dónde agarrarse.
Decía antes que en el Puerto Rico de hoy ya estamos acostumbrados a esta desvergüenza. La costumbre viene de lejos, desde que el PNP y el PPD se turnan en la gobernación, pero se ha acentuado a partir de 2000 porque desde entonces los gobernadores sólo duran un cuatrienio. Desde que Pedro Rosselló fue reelecto en 1996 nadie ha logrado repetir en el cargo. Por lo tanto, la avalancha de nombramientos a los protegidos se ha repetido ininterrumpidamente desde 2004 luego de las elecciones, solo que en esta ocasión Wanda Vázquez quiso adelantar la fiesta.
En cuanto a los 76 puestos que Vázquez se apresuró a llenar con allegados y colaboradores hay un dato que sido ha pasado por alto por todos los que hasta ahora han comentado sobre el tema. Nada menos que 60 de esos 76, ¡casi el 80 por ciento!, son cargos relacionados con la administración de la justicia. En cualquier sociedad que aspire a ser democrática este sería un dato aterrador porque las personas que estarán a cargo de hacer investigaciones y presentar acusaciones criminales, como es el caso de los fiscales, son seleccionados por criterios puramente partidistas o como premio a la lealtad personal. Lo mismo sucede con los que serán responsables de evaluar y adjudicar la prueba, los jueces y juezas. Entre los 76 nombramientos que la gobernadora envió a toda prisa al Senado hay 26 jueces e igual número de fiscales. A esos 52 de añaden tres procuradores de familia y cinco registradores de la propiedad.
Tal vez la poca atención a este dato responde a que, dadas las experiencias del pasado, la mayoría ya da por sentado que detrás cada nombramiento de juez o un fiscal hay alguna pala política. A veces, a pesar de haber contado con un padrino político, el designado hace una buena labor, pero no es por ese potencial desempeño meritorio que la mayoría resulta seleccionada.
Dejando de lado el posible freno del Senado a algunos de los designados, en la judicatura puertorriqueña habrá 26 personas muy agradecidas de Wanda Vázquez, mientras que en la fiscalía, donde se inician los procesos criminales, habrá otros tanto. Para una persona que está ahora mismo siendo objeto de una investigación por la Oficina del Fiscal Independiente el dato no es irrelevante.
El más notorio de los nombramientos hechos por Vázquez fue el de Osvaldo Soto para Contralor, un individuo sin profesión conocida, que estudió para abogado y no pasó la reválida. La extrema desfachatez de esa designación opacó las otras, que resultan igual de cuestionables.