CLARIDAD
En lo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Junta de Planificación (JP) desobedecen la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), que declaró nulo el Reglamento Conjunto 2020, es mucho lo que está en juego. Así lo entiende el arquitecto planificador, Pedro Cardona Roig.
Aun cuando el 27 de enero el TSPR por segunda ocasión determinó que no iba reconsiderar la decisión del Tribunal Apelativo, que declaró ilegal el reglamento, el 31 de enero la JP emitió una resolución en la cual dice que se continuará utilizando ese reglamento hasta tanto se resuelvan otros casos. Incluso, el presidente de la JP, Julio Lassús Ruiz, reiteró ante la Asociación de Constructores de Puerto Rico que el reglamento continúa vigente. En tanto, el director ejecutivo del DDEC, Manuel Cidre también hizo declaraciones en el mismo sentido.
En entrevista, Cardona Roig fue enfático en señalar que la decisión del Supremo determinó que la decisión del Tribunal de Apelaciones es correcta y que, por lo tanto, no va a revisarla. Esta es la segunda ocasión en que el TSPR le dice a la JP que se atenga a la determinación de ese tribunal y tome las medidas necesarias para eliminar ese reglamento que “nunca debió haber estado”.
Destacó que la decisión del Supremo quiere decir que las decisiones que se han tomado desde que surgió la determinación del Apelativo en abril del 2021, que dijo que el reglamento era nulo, de ahí en adelante todas las decisiones que se han tomado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) y la JP utilizando ese reglamento son inválidas y no se sostienen. Esta determinación, por ejemplo, toca a proyectos como el cuestionable Sol y Playa, en Rincón, y hasta el recientemente anunciado de Punta Bandera, en Luquillo. Se supone que los interesados tienen que acudir al tribunal para que se declare el permiso.
El conocido en los medios como El urbanista insistió en que todo permiso que descansa en un reglamento nulo es nulo y que la decisión afecta a todo esos casos que ha estado denunciando durante este año.
Cardona Roig, quien fue vicepresidente de la JP, censuró la resolución de la Junta, de que continuará utilizando el reglamento, con el argumento de que todavía hay asuntos que no están adjudicados. “Eso aparte de ser un disparate, es además una acción ilegal de parte de la JP y se expone a una declaración de desacato de sus miembros y a un posible arresto por estar en incumplimiento de la ley”. Añadió que como vicepresidente nunca había visto que una Junta se expresara mediante resolución sobre asuntos legales.
“Es decir, que la división legal de la JP le ha recomendado a sus miembros que firmen una opinión legal cuando ninguno de ellos es abogado, y al así hacerlo los ha expuesto a que puedan ser arrestados”.
A juicio de Cardona Roig, la situación es una seria, que requiere la intervención tanto del Gobernador como la de los presidentes legislativos y demás miembros. “Tienen que intervenir porque aquí hay cuatro personas que claramente no saben lo que están haciendo, que son los miembros de Junta, y hay un secretario de desarrollo económico, que es su jefe, que tampoco parece que sabe lo que está haciendo, y están poniendo al país en una posición muy peligrosa”.
Según expuso, se está poniendo en juego la estabilidad de comunidades porque el RC del 2019 y 2020 promovía que donde hubiese parques se pudieran hacer centros comerciales, edificios de oficina, apartamentos, hoteles y hospitales, y eso compromete la habitabilidad del 60 al 78 % de la población en Puerto Rico que vive en urbanizaciones. Además, se comprometen todos los fondos de recuperación a raíz de los huracanes Irma y María y los fondos de recuperación de los terremotos. Esto responde a que si el reglamento es declarado nulo y los permisos para esas actividades son anuladas, los proyectos también se anularían y el uso de fondos no se puede dar “y vamos a seguir teniendo a familias viviendo en miseria y estructuras que no son seguras, producto de la incompetencia, pero también producto de la ilegalidad y temeridad de los miembros de la JP”.
Insistió en que la situación era una muy peligrosa, que compromete tanto la economía, su desarrollo, la recuperación y estabilidad social y todos los balances de los sistemas naturales en la isla. En cuanto a esto último, destacó que el hecho de que esta administración gubernamental ha dado más permisos para construcción en las costas —que, de paso, son para personas millonarias— el RC es lo que ha viabilizado que esos proyectos se autoricen en lugares donde nunca se debieron haber concebido.
Sobre la otorgación de permisos en lugares indebidos, Cardona Roig aseguró que el asunto es uno que trasciende a quién tiene dinero y quién no. “Aquí hay un asunto de que se ha abierto la pluma para viabilizar todo y pasar cualquier cosa, y pasar por alto todo lo que ha sido la tradición de planificación, análisis, estudios ponderados de lo que se quiere que suceda en Puerto Rico. Y eso está en entredicho. Esos proyectos que se autorizaron, que refleja un 29 % de aumento de lo que había sido las autorizaciones del año anterior, todos ellos pueden ser anulados. Imagínate el desastre que se va a formar que todos esos casos comiencen a caerse”.
Para Cardona Roig, tras la determinación del TS, se supone que con carácter de urgencia la JP dijera cuál es el reglamento que va a aplicar. Eso es lo que se esperaba; pero de no hacerlo, le corresponde al gobernador Pierluisi Urrutia decir cuál es el reglamento que se va a utilizar, agregó.
Por su parte, la planificadora ambiental Martha Quiñones Domínguez, también a preguntas de CLARIDAD, dijo que, en primera instancia, la determinación del TS significa que la JP ha agotado la posibilidad de solicitar que la sentencia del Tribunal de Apelaciones sea anulada. Igualmente, implica que cualquier determinación que se haya realizado utilizando el RC 2020 puede declararse nula si se lleva ante el Tribunal de Apelaciones. Destacó, además, que se supone que ninguna agencia de gobierno puede utilizar el RC 2020, debido a que el TA reconoció que la Junta no cumplió con la Sección 2.5 (b) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, pues no preparó “un resumen ejecutivo que disponga de forma clara y precisa el propósito, la justificación y los costos y beneficios” del RC 2020. Se supone que la anulación active el Reglamento Conjunto de 2019, que también fue declarado nulo el 4 de marzo de 2020 por el Apelativo, ya que son en la práctica lo mismo, y tiene los mismos problemas procesales y de contenido.
La planificadora y economista cuestionó los señalamientos de que el proceso de permisos ha sido señalado como uno de los problemas que enfrenta la economía. Indicó que, por el contrario, la evidencia demuestra que todos los procesos administrativos y reglamentarios basados en la Ley de Permisos del 2009 y sus posteriores enmiendas no han logrado una mejora en el proceso para obtener un permiso al no diseñarse con criterios de planificación, sino con criterios de caprichos y sin validez de argumentos.
Por el contrario, denunció, los altos costos se deben al proceder de la corrupción en la otorgación de los permisos para torcer la ley y aprobar proyectos que no cumplen con los procesos. “Así que esta determinación le atina un duro golpe a la corrupción de los permisos y hace un llamado a los administradores públicos a reflexionar y a utilizar de manera correcta las herramientas de planificación en función de la protección de la sociedad. Hay que recordar nuevamente que los altos costos están en ese proceso corrupto y en las consecuencias posteriores que la sociedad debe enfrentar. La prevención y la prudencia se imponen para salvar la sociedad puertorriqueña y la isla, en especial ante el reto del cambio climático”.
Hay que traer a la atención que, según lo establecido, un mismo recurso solo se puede presentar dos veces ante el Tribunal Supremo, por lo que este segundo intento significa que la Junta de Planificación agotó sus recursos legales para atender el tema ante el máximo foro judicial.
