Por Cándida Cotto
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El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de los trabajos del megaproyecto hotelero Christopher Columbus Landing Resort (CCLR), en el sector Playuela de Aguadilla, hasta tanto se vea el caso de la consulta de ubicación. La detención responde a la moción de auxilio presentada por la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste (LENO), este pasado 20 de noviembre, ante trabajos de remoción y relleno de la empresa en la carretera principal de los terrenos.
El licenciado Omar Sadeé Yordán explicó que la empresa pretende construir su proyecto con un permiso de consulta de ubicación emitido en el 1996. Este permiso —indicó— perdió su vigencia, ya que se supone que un permiso de consulta de ubicación está condicionado a que el proyecto se lleve a cabo en un plazo de 10 años. El pasado año la Liga Ecológica y otros activistas solicitaron al Tribunal que revoque una decisión de la Junta de Planificación (JP) que concluyó que la consulta de ubicación está vigente.
La CCLR compró los terrenos al proponente original en el 2006, pero no completó los procesos de permisos. Ahora pretende construir amparado en el permiso de consulta de ubicación emitido en el 1996, cuando no fue hasta el 2016 que le solicitó a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) autorización para llevar a cabo algunas de las obras incidentales: “Eso es un engaño y burla al país y a la planificación y las condiciones que se impusieron en los 90 para proteger los recursos en el área y a la comunidad”.
El sector Playuela es el único espacio escénico virgen con libre acceso que le queda al litoral del pueblo de Aguadilla. El sector comprende 179 cuerdas, de las cuales 132 corresponderían al pretendido proyecto.
Por su parte, el legislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Eliezer Ríos Santiago expresó que frente a las recientes trabajos de remoción es lamentable que se siga insistiendo en destruir “un área tan ambientalmente sensitiva por la flora y la fauna que alberga y que además tiene un valor como atractivo turístico y económico. Siguen insistiendo porque lo que les interesa es el dinero fácil, aunque conlleve el alto costo de destruir el ambiente. Lo que es peor, están llevando a cabo obras ilegales, ya que los permisos que exhiben en los predios han caducado. Lamentablemente, las agencias del Gobierno y el Municipio hacen caso omiso a los reclamos de los activistas y la comunidad”.
En efecto, el licenciado Sadeé Yordán afirmó que ninguna de las agencias que tienen facultad para intervenir en el asunto, además de la JP, la OGP, la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, han atendido la controversia y puntualizó que incluso estas agencias, todas, tienen facultad para coordinar esfuerzos e intervenir, pero no lo han hecho.
En tanto, desde junio de este año, el Senado tiene pendiente la aprobación de la resolución RS 133, presentada por el senador Juan Dalmau y aprobada por la Comisión de Asuntos Internos, para que la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales de dicho cuerpo investigue la construcción del proyecto, el cual ubicaría en la zona marítimo-terrestre.
