Matemático. Con esa palabra sentenciaba Jenaro “Tuto” Marchand sus opiniones y las decisiones que tomaba en la vida. Con ella impactó el deporte de Puerto Rico, las Américas y el Mundo. Con sus decisiones, acertadas las más, obtuvo grandes logros para sí y para Puerto Rico.

A menudo acompañaba la expresión refiriéndose como “cabo” al interlocutor más cercano. Unas veces lo hacía después de oír las opiniones de unos y otros y considerar las avenidas disponibles para tomar posición. En otras “se las sacaba de la manga” de inmediato. En innumerables ocasiones en cerca de 50 años de amistad lo oí decirme “Cabo Julio, matemático.” Acababa de tomar una decisión sobre un asunto y una vez comprometido, empeñaba toda su capacidad y esfuerzo para que su determinación imperara. A pesar de su terquedad legendaria –se dice que en su vida sólo perdió una discusión: con Pantalones Santiago– de vez en cuando reconsideraba ante argumentos válidos o cuando la realidad lo revocaba.

En el Baloncesto hizo de todo. Jugador del montón, árbitro, apoderado de difícil manejo, director de excelencia tanto en el ámbito nacional como en las Américas y el mundo. Se sacaba alternativas y soluciones “de la manga” en un instante. Inteligente, brillante, sosegado, tranquilo y osado. Su paso por el deporte dejó una estela imborrable.

Fue del grupo de puertorriqueños que nos trajo Mundo Basket en 1974 inscribiéndonos como país de primer orden en la presentación de eventos deportivos mundiales. Siendo apoderado de Canóvanas para 1977 y 1978 ocurrió un intento, de muchos, de la Administración Romero Barceló para asaltar la Federación de Baloncesto aprovechando un incidente menor que fue sacado de proporción. En ese instante asumió junto a René Aponte Caratini la representación de la Federación de baloncesto. Fue osado y a la vez creativo al enfrentar el ataque logrando que al culminar el mismo saliera una Federación de Baloncesto más independiente y fortalecida que antes. Asumió las riendas de la Liga Superior de Baloncesto enfrentándose inmediatamente en 1979, lo que fue probablemente la peor temporada.

Tuto puede considerarse el deportista puertorriqueño que más ha defendido la soberanía deportiva de Puerto Rico (no autonomía) en toda la historia.

A pesar de que sólo era el delegado alterno de la Federación ante el COPUR, para esa época fue integrado al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico que presidía Germán Rieckehoff. Ese Comité era un dream team. Osvaldo Gil, Efrén Bernier, Héctor Cardona, Libertario Pérez y Tuto eran de lo mejor que había en el deporte puertorriqueño y mundial. En una lamentable negociación entre Rieckehoff y Romero Barceló, se acordó usar ambos himnos y banderas en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de 1979. Los presentes narran que cuando Rieckehoff informó el acuerdo Tuto se sacó un grito diciéndole “Tú te has vuelto loco, Germán”. A partir de ahí, el Comité Ejecutivo revocó a Rieckehoff. Sus componentes dieron una batalla colosal que culminó en que se respetara la soberanía deportiva puertorriqueña y los principios olímpicos usándose solamente la bandera y el himno de Puerto Rico en la apertura de los Juegos Panamericanos de 1979.

Casi chorreando el sudor de la batalla de los himnos y las banderas, vino una nueva batalla: la asistencia a las Olimpiadas de 1980 en Moscú. El Presidente Carter de los Estados Unidos proclamó un boicot. Muchos países lo siguieron. La batalla en Puerto Rico fue campal. La Federación de Baloncesto votó por ir a Moscú, pero su presidente opinaba lo contrario. Al momento de la votación, Tuto, como delegado alterno, le requirió a éste la papeleta y depositó uno de los votos decisivos a favor de respetar la Carta Olímpica y desoír el llamado de Carter. El Equipo Nacional de Puerto Rico cualificó para las Olimpiadas de 1980. Las presiones directas de los políticos a los jugadores hicieron que éstos rechazaran el honor de representar a Puerto Rico en ese certamen. Probablemente nos privaron de una medalla olímpica. Sé que la ausencia de nuestro equipo nacional de baloncesto a Moscú fue una de las mayores decepciones que Tuto recibió en su vida.

Pero Tuto no descansaba. En ese mismo año 1980 inició la Reforma del Baloncesto Superior Nacional. Sobre el principio de que había que establecer balance competitivo y con el lema de que nadie sale de la casa a la cancha si sabe quién va a ganar, estableció una serie de medidas para lograr ese balance: Refuerzos para los seis últimos equipos del año anterior; distribución equitativa de los ingresos que producía el baloncesto; reducción a siete de las reservas al terminar la temporada; reconocimiento de los hijos de franquicia producidos en las categorías menores por un equipo como jugadores fuera de la reserva para estimular que los equipos de superior organizaran las categorías menores: control de los gastos en los equipos: televisión colectiva y otras medidas. El éxito fue tal que en la década del 80 ningún equipo repitió el campeonato. Así se reflejó también en la calidad del equipo nacional que Tuto dejó al abandonar la presidencia de la federación a finales de la década.

En 1984 se suscitó una nueva batalla que nuevamente amenazó nuestra soberanía deportiva y la permanencia del olimpismo en Puerto Rico: David Ponce. Éste participaba en nuestro torneo nacional cuando se descubrió que no tenía raíces puertorriqueñas: era chivo. Tuto lo expulsó y confiscó los juegos en que había participado. El Tribunal federal dictaminó que Ponce podía jugar en la Liga Superior de Puerto Rico por el mero hecho de que era ciudadano de Estados Unidos. En síntesis, decidió que cualquier ciudadano de los Estados Unidos tenía derecho a participar en nuestro Torneo Nacional aunque no tuviera ninguna relación con Puerto Rico. Esa decisión no sólo afectaba nuestra soberanía deportiva sino que ponía en riesgo nuestra participación olímpica internacional pues cualificaba a ciudadanos estadounidenses sin relación alguna con Puerto Rico sin otro requisito que la común ciudadanía. A Tuto no le tembló el pulso. Desacató la orden del Tribunal. Antes que permitir que Ponce jugara, suspendió el torneo y eventualmente lo dio por terminado. Ponce nunca tiró una bola más en nuestras canchas. La Liga Superior invirtió cerca de medio millón de dólares en defender los principios deportivos nacionales y olímpicos, obteniendo una resonada victoria en el Tribunal de Apelaciones de Boston. Ese caso estableció claramente nuestra soberanía deportiva sin intervención del gobierno y los tribunales.

Desde la década del 70 y hasta su muerte, una de las criaturas favoritas de Tuto era el Equipo Nacional. Fue su Gerente General. Desde la dirección de la Federación de Baloncesto garantizó la mejor representación para Puerto Rico. No es casualidad que nuestro equipo cualificara consecutivamente para las Olimpiadas de 1988, 1992 y 1996 amén de una actuación destacada en los torneos regionales y de las Américas. Esa actuación logró su punto máximo en el Mundial de Argentina de 1990 en el que llegamos cuarto y en el que estuvimos muy cerca de ganar una de las medallas en un certamen en que aún participaban Yugoeslavia y la Unión Soviética.

Pero Tuto era multifacético. En esa misma década asumió la presidencia primero y después la Secretaría General de lo que entonces se llamaba COPABA, que posteriormente se convirtió en FIBA Américas. Fue su Secretario General hasta hace una década.Fue también Miembro del Comité Ejecutivo Mundial de FIBA en donde ejerció marcada influencia en múltiples decisiones. Gozó el favor de todos los directivos de FIBA en el mundo. Al retirarse fue seleccionado Secretario General Emérito de FIBA Américas. En su honor se creó la Copa Tuto Marchand. Participó activamente en la reorganización de FIBA mundial que se encuentra en el proceso de iniciar nuevos caminos para el baloncesto. En todo ese tiempo nunca abandonó sus gestiones en favor de Puerto Rico y de su equipo nacional. Sus últimas dos batallas así lo demuestran. Aseguró, no sin pasar por muchas dificultades, la reorganización de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico que culminó en mayo 2016 con la que ha sido probablemente la elección más democrática realizada en cualquier federación deportiva en Puerto Rico. Aun al momento de su muerte se mantenía batallando para que las oficinas de FIBA en América se mantuvieran y se mantengan en Puerto Rico.

El sello de Tuto Marchand al Baloncesto Mundial, de las Américas y por sobre todo de Puerto Rico es imborrable. Su amor por el baloncesto no le impidió participar con éxito en otros deportes. Así, en la década del 90 fue dueño de equipos de béisbol y organizó equipos y series que todavía están en el recuerdo de los deportistas borincanos. Fue dueño de caballos y en esa época fue líder de los dueños de equinos en obtener lo que entendía era lo mejor para ese deporte.

Como abogado fue excelente. Representó al Pueblo de Puerto Rico ante el Tribunal Supremo como Sub procurador. Obtuvo importantes victorias en los tribunales de Puerto Rico. Defendió a muchos perseguidos en época de represión. Fue un líder indiscutible del Colegio de Abogados de Puerto Rico en la época en que dicho Colegio y su sede eran centros de poder, de grandes movimientos y decisiones en el Puerto Rico de aquel tiempo. Otra de sus grandes decepciones fue cuando visiones limitadas hicieron cambios que sacaron a los abogados de su sede y los alejaron del Colegio, como consecuencia de lo cual, el Colegio dejó de ser un centro de poder en el país.

Era un amigo incondicional. Su frase favorita sobre esto era “a los amigos no se puede tener a beneficio de inventario”. Con ello significaba que a sus amigos los quería con defectos y virtudes, porque eran sus amigos. Así lo demostró dando grandes batallas defendiendo a amigos aún en situaciones en que aquellos habían cometido errores. Perdonaba sus errores y estimulaba a que mejoraran.

Su actuación en todas estas áreas y en otras, su vida, puede resumirse en decir que fue un defensor a ultranza de la Puertorriqueñidad. Lo mismo en el deporte que en actividades profesionales o políticas su único norte era actuar conforme a su conciencia y lo que consideraba justo. Así lo hizo hasta el último momento de su vida.

Estoy seguro que el sábado 5 de agosto, cuando Tuto llegó al más allá lo estaba esperando Elliott, quién al verlo gritó: “Qué bueno es”. Desde acá, un Puerto Rico unido en una sola voz, desde el sábado le contesta: “De acuerdo Cabo Elliott, MATEMÁTICO”.

La auditoría de la deuda pública es una tarea que asusta. Cada vez que se menciona, los responsables de que esa tarea sea descargada, sueltan el tema como si fuera un hierro candente. Según los sondeos, existe un vigoroso reclamo público para que se realice la auditoría, pero cada intento por efectuarla de inmediato resulta torpedeado.

De lo que se trata es de determinar si toda la enorme deuda que se nos adjudica realmente nos pertenece y/o, si debe pagarse. Para ello es necesario revisar el proceso seguido en cada emisión, identificar las personas y entidades a cargo y conocer las responsabilidades que asumieron o debieron asumir. Es pertinente, además, revisar el cumplimiento de la reglamentación, las comisiones y honorarios pagados y, finalmente, el uso que se le dio al dinero que quedó en manos del país luego de cubrir los gastos. Todo el mundo sabe, o al menos intuye, que cuando se revuelquen todas esas yaguas viejas aparecerán cientos de cucarachas. De ahí el miedo y la oposición a una revisión a fondo de lo ocurrido.

El único intento serio para efectuar esa investigación ocurrió durante la pasada administración de gobierno, la de Alejandro García Padilla. Entonces se aprobó legislación que creó una comisión de ciudadanos, separada del Gobierno, a cargo de efectuar la auditoría. A esa comisión se le asignaron recursos que, aunque no cuantiosos, permitían encaminar la indagación.

Como sabemos, tan pronto la actual administración de Ricardo Rosselló llegó al poder (perdón, a la Fortaleza) destituyó sumariamente a los miembros de la comisión. Luego, la Legislatura del mismo PNP derogó la ley que la creaba.

Cuando se liquidó la comisión de ciudadanos, personeros del Gobierno dijeron que la responsabilidad de auditar la deuda era de la Junta de Control Fiscal (JFC), pero el presidente de este cuerpo, el empresario José Carrión, de inmediato se zapateó del asunto, diciendo que eso era función “de los tribunales”. Así, con esa frase evasiva, le sacó el cuerpo al asunto. Los tribunales no actúan a menos que alguien se lo solicite.

Pero, ¿es cierto que ese asunto le compete a “los tribunales”? La propia ley que creó la JFC – esa mal llamada PROMESA – contiene una disposición que reconocía la existencia de la comisión ciudadana ya creada en Puerto Rico y advertía que la legislación federal no pretendía limitar ni entorpecer sus trabajos. La Sección 411 dice: “Nothing in this Act shall be interpreted to restrict (1) the ability of the Puerto Rico Commission for the Comprehensive Audit of the Public Credit to file its reports”. Esa sección se incorporó a la ley por gestiones de los congresistas puertorriqueños Nydia Velázquez y José Serrano, quienes presentaron la enmienda y lucharon por su aprobación.

El objetivo de la enmienda fue dejar plasmado en el estatuto una clara política pública a favor de la auditoría, protegiendo los trabajos de la comisión de ciudadanos. “Nuestra enmienda”, dijo entonces la congresista Velázquez, “asegura que la ley no impedirá que la Comisión concluya su importante trabajo permitiendo que tanto el gobierno local como como la junta supervisora consideren sus hallazgos”.

La acción del gobierno del PNP contra la comisión ciudadana – producto de la politiquería o del miedo a que se conocieran las acciones de sus antecesores – tronchó aquella investigación dejando todo en manos de la JCF. Como sabemos, ésta tiene entre sus miembros a dos pasados presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José González y Carlos García, quienes participaron directamente en las emisiones de la deuda que sería investigada. Por eso la Junta arrastró los pies mirando hacia “los tribunales” como tabla de salvación.

Sin embargo, recientemente la JCF decidió actuar cuando, contrario a lo que ellos esperaban, algunos abogados decidieron utilizar el procedimiento de quiebra que dirige la jueza Laura Taylor Swain para efectuar descubrimiento de pruebas sobre emisiones de deuda de pasadas administraciones de gobierno. Los representantes legales de los acreedores “no asegurados”, mayormente empresas con las que el Gobierno tiene facturas pendientes de pago por servicios rendidos, solicitaron la producción de una larga lista de documentos por parte de los bancos que sirvieron de intermediarios para las emisiones de deuda. No se trata de una “auditoría” como la que pudo haber hecho la comisión de ciudadanos, sino de un uso imaginativo del proceso litigioso para obtener información hasta ahora escondida.

Como era de esperarse, dos de los bancos aludidos – el Popular y el Santander – corrieron a oponerse al pedido de documentos. También se opuso a la JCF, aun cuando la producción de documentos en nada le afecta. Pero la jueza Taylor no ha descartado la solicitud y, en cambio, le asignó el asunto a una magistrada de Boston que deberá escuchar a las partes y adjudicar la controversia.

Enfrentada a estos desarrollos, la JCF se ha visto obligada a actuar y recientemente nombró una comisión de entre sus miembros a cargo de efectuar una investigación sobre las emisiones de deuda. También se anunció que la comisión nombrada habrá de designar un oficial examinador para que dirija la investigación.

Nadie sabe qué puede salir de este esfuerzo investigativo de la Junta, que es ahora mismo el único organismo con poder (y con recursos) para hacer una investigación seria. Sospechosamente, el mismo aparece en el momento en que la propia JCF está oponiéndose al descubrimiento de pruebas que quieren hacer los abogados en el proceso ante la juez Taylor Swain, pero al menos el esfuerzo indica que han tenido que responder a la presión ciudadana que debe continuar manifestándose.

Agradezco al amigo Prof. Roberto Alejandro su advertencia sobre este tema y haber provisto la información sobre lo ocurrido en el Congreso.

De ninguna manera una reducción de la jornada laboral a las y los trabajadores(as) del gobierno central va a “mejorar” las finanzas del gobierno. Todo lo contrario, el resultado será perjudicial para todos, trabajadores, el gobierno y la economía en general.

La Asociación de Economistas (AEPR) ha denunciado que el recorte de jornada que quitaría el 20% de los salarios a los y las empleados(as) públicos del gobierno central y el 10% a los salarios del magisterio y a personal de primera línea tales como enfermeras y médicos estatales es similar a una imposición de un impuesto de 20% mensual. Además de que en la práctica hará que todos estos y estas trabajadores(as) más pobres, con esta imposición las y los empelados(as) públicos(as) del gobierno central aportaran más que los empleados de las corporaciones públicas donde el salario es mayor y más que trabajadores de otros sectores en el país.

“La pregunta es si los jefes de agencia y contratistas de las agencias del gobierno y de la Junta de Control Fiscal tendrán el 20% de recorte también. Si las empresas que gozan de subsidios gubernamentales también sufrirán el 20% de recorte o la total eliminación de ese mantengo corporativo”, cuestionó la economista Martha Quiñones Domínguez, presidenta de la AEPR. Ya es sabido que los contratistas de la JCF no tendrán una reducción, como tampoco los miembros de la Policía.

En entrevista Quiñones Domínguez, censuró que el recorte de jornada tendrá efectos en todos los sectores pues la gente se mueve en diversos escenarios y consume, como lo es la compra en supermercados, gasolineras, farmacias, tiendas de ropa y zapatos, cines, teatros, chinchorros, cafeterías, cuidados de los niños, la compra de materiales, todo se vera afectado. Indicó que el efecto ya se está viendo por ejemplo en las grandes tiendas que han cerrado y hasta en colegios privados que también han cerrado. “Lo mismo aplica para los pensionados, menos ingresos menos gastos, menos IVU y más problemas pues tendrás menos dinero para medicamentos y gastos. Todos pagarán menos impuestos y el gobierno tendrá menos ingresos”.

Aunque indicó que no sabe de dónde el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, saca el número de que la reducción provocará unos $600 millones en pérdidas en la economía, el representante del gobernador en la JCF, Christian Sobrino tiene razón en señalar los efectos multiplicadores que tendrá la reducción porque para estimular la economía la gente debe tener dinero para gastar y así los empresarios puedan mover su inventario y pedir nuevas órdenes. En tanto el economista José Alameda ha estimado que la reducción puede significar un impacto en la economía de unos $250 millones, la Presidenta de la AEPR cree que puede ser $500 millones por los efectos multiplicadores en los diversos sectores.

La situación dijo, puede llevar a que se generen puestos de trabajo en la economía subterránea y se amplíen las ofertas en áreas legales no reportadas eso también conlleva a que los riesgos para los trabajadores se diversifican.

Pero en la situación actual del país una reducción de la jornada genera a su vez puestos de trabajo en la actividad economía ilegal, la cual paga, aunque el riesgo es mayor. En referencia al negocio del tráfico de drogas, Quiñones Domínguez apuntó sobre las consecuencias, “al aumentar la demanda por estos empleos comienzan las matanzas para sacar al oponente o porque abriste un espacio y le restas clientes al otro. Se mueven los puntos a lugares rentables como las urbanizaciones de lujo, hoteles y otros lugares donde desde el área invisible manejas el negocio con diversas ramificaciones, desde trata humana hasta drogas. Los laboratorios clandestinos aumentan pues ven oportunidad”.

Otra consecuencia social es el aumento en los robos y escalamientos en busca de dinero para pagar. “Esto a su vez mueve la economía legal de las rejas, alarmas, vigilancia. Esta muy relacionado”, afirmó. Otro aspecto que trajo a la atención es el que la reducción de jornada afecta a los que van a conseguir empleo, que son los más jóvenes, los cuales optaran por irse del país. “Los mayores de 40 tienen el problema de que el mercado laboral no los absorbe con la misma rapidez que a los jóvenes, pues ya están en proceso de ser menos productivos y menos explotables. Sólo cuando tienes unas destrezas que el mercado quiere es que te emplean, como enfermera, maestra, los demás tardan, por eso irse es más riesgoso”.

Quiñones Dominguez denunció sobre el propósito de la política de sacar población de Puerto Rico tiene la intención de que se vendan áreas que son rentables para el capital para explotar (minería) y contaminar o para prácticas militares, además de otras con capacidad comercial turística.

En esa dirección trajo a la atención que el mercado de empleo en Puerto Rico no genera los puestos de trabajo que se necesitan desde hace tiempo y se debe a las prioridades que da el gobierno. Censuró que el Gobierno -presente y anteriores- se han enfocado en sectores de la economía para atraer capital y descuida los otros. “En vez de balancear los sectores busca destruir unos a cuenta de los otros, así cuando hay crisis no se puede sobrevivir con los sectores no afectados, pues la crisis no afecta a todos por igual. Tampoco crea capital nacional, depende de y fomenta la dependencia del capital extranjero favoreciendo el mismo con los incentivos y las deducciones contributivas. Mientras al capital nacional lo penaliza”.

Expuso que esta política tiene el efecto de que cuando se va el capital extranjero el país se queda sin nada y cae en crisis. En su lugar, expuso, que si protegiera y favoreciera el capital local para invertir y seguir creciendo y se atrae sólo lo necesario (o sea lo que no se produce en el país) entonces cuando se va el extranjero se sigue funcionando con el de aquí que genera los puestos de empleos necesarios.

Sobre las políticas que han aplicado otros países que se han encontrado en una situación similar a Puerto Rico, a pregunta de CLARIDAD, la profesora de economía y planificación ambiental comentó que en lugar de aplicar estas políticas de austeridad algunos países lo que han hecho es mantener sus gastos y fortalecer las ayudas, moviendo la economía a sectores positivos. Sólo han recortado en los salarios de los jefes de agencias y ministerios y redujeron los contratos dado a que esos recortes afectan menos la economía o sea buscaron dónde los recortes tendrían menos impacto. En este enfoque se sabe que las ayudas, la educación y la salud son necesarias y generan multiplicadores positivos, así que éstos se mantienen y se concentran en reducir en los que ganan má s y cobrar impuestos a los que más ganan, además de proteger las industrias nacionales y exigirle eficiencia. Portugal es un ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca son ejemplos de países que estaban en crisis pero re definieron los gastos. Además de auditar la deuda y poner controles más estrictos.

Hace dos meses, para sorpresa de los viequenses, la Guardia Costanera autorizó que la chatarra bélica se transportara en el ferry hacia Fajardo junto a los pasajeros, según le aseguró a este medio el director de la Oficina de Emergencias Médicas y Manejo de Riesgos de Vieques, Héctor Olivieri. Esta autorización se concretó, a pesar de que la misma Guardia Costanera llevaba cuatro años prohibiendo ese tipo de transporte.

“La Guardia Costanera prohibía el transporte de explosivos en el ferry, pero ahora violan las mismas regulaciones federales, y a la Agencia de Protección Ambiental (US EPA) por sus siglas en inglés) le importa poco […] Ahora, la Guardia Costanera va a ser el perro de caza que nos azota contra la Marina. Bonito papel está haciendo nuestra guardia costanera, digo la de ellos, porque aquí no se sabe quién es quién”, sentenció Olivieri.

“Yo puedo entender que las agencias federales apoyen su Marina, pero no que nuestra Junta de Calidad Ambiental (JCA) y nuestro Departamento de Recursos Naturales, no nos defiendan a nosotros”, continuó.

“Aquí lo que se da es una situación de colonialismo ambiental. Tú (Estados Unidos) abusas porque eres un imperio, porque esto es una colonia sometida a la fuerza por tu gobierno […] Son unos términos que ya es hora de que los vayamos usando para despertar. Es muy bueno y saludable hablar de ellos y nosotros. Si la JCA y Recursos Naturales están con ellos, pues son de ellos, pero que no digan que gobiernan Puerto Rico y actúen a favor del otro (Estados Unidos) y en detrimento nuestro. Aquí hay dos equipos, como en un juego de baloncesto”, remató Olivieri.

Desde la oficina que dirige y en representación de todas las personas que viven en Vieques, denunció el hecho de que las agencias reguladoras y las autoridades que se supone velen por el bienestar del ambiente y la salud en la Isla Nena, además de avalar el manejo incorrecto de transporte de chatarra bélica, apoyan la detonación abierta de residuos de bombas.

Como ejemplo del incumplimiento con la protección de Vieques, Olivieri expresó que desde el pasado 23 de septiembre de 2016 (último periodo de la administración del exgobernador Alejandro García Padilla) se está practicando la quema abierta de material contaminante. “Aunque los residentes hemos hecho los cuestionamientos pertinentes, nunca nos han contestado si fue el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces quien avaló la quema abierta. Desde septiembre del año pasado hasta hoy, tanto bajo García Padilla como del joven Rosselló, han estado quemando y detonando”, confesó Olivieri luego de aclarar que hasta el año pasado, los gobernadores desde Sila M. Calderón para acá se habían opuesto a la quema abierta.

“Antes llevaban las bombas a la punta del este y allá las detonaban. Eso cambió. Ahora, detonan donde las encuentren. Pareciera que las bombas en Vieques son de teflón, que no contaminan, que explotan y no liberan tóxicos […] Por eso me encuentro a viequenses que me cuentan del humo y de las vibraciones de la explosión que sienten en sus casas”, continúo.

Héctor Olivieri también denunció que los informes sobre contaminación en la isla municipio que rinde la Marina los hace ella misma, por lo que no dicen la verdad. “Pero si se dejara que los profesores y científicos de Puerto Rico hicieran el proceso, fuera más confiable. Me parece que tenemos gente muy capacitada en nuestras universidades y en nuestro Colegio de Químicos”, comentó el portavoz viequense.

Sobre el proceso justo para la detonación de residuos de bombas, Olivieri explicó que “cuando tú vas a detonar una bomba, tienes que meterla en una cámara de detonación”. La compañía privada CH2MHILL, que tiene un jugoso contrato para limpiar Vieques, tiene la potestad para funcionar con la cámara de detonación, sin embargo, está utilizando las detonaciones abiertas, la más peligrosa, informó el vocal.

Aunque EPA asegura que el método que utiliza la compañía estadounidense contratada es el más prehistórico, “sólo levanta la bandera; no hace nada más allá de observar porque se conforma con lo que dice la Marina”, manifestó Olivieri.

“Estamos viendo una ofensiva de la Marina de seguir con su contaminación y abuso contra este pueblo de Vieques. Nosotros tenemos que exigir como comunidad o, yo como director de Emergencias Médicas, que se vele por nuestra ciudadanía, que se hagan los estudios pertinentes por científicos de crédito, no de encargo de la Marina”, concluyó el viequense.

Este tema de la limpieza ambiental de Vieques sigue dando de qué hablar. A finales del pasado mes de julio, los viequenses organizaron una manifestación en la isla municipio para denunciar la detonación a cielo abierto y cerca de la colindancia residencial de residuos de bombas que dejó la Marina de Guerra de Estados Unidos tras su salida hace más de una década.

El pasado viernes la Junta de Control Fiscal aprobó el plan fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) sometido por el Gobierno de Puerto Rico. El mismo parece ser el golpe mortal a la participación del movimiento cooperativo en la gobernanza de esta corporación pública. A pesar de que el plan reconoce que la Corporación no ha emitido deuda pública, que no es deudor de obligaciones que requieran reestructuración, que no tiene déficit estructural, que no depende de fondos del gobierno central y que es capaz de pagar todos sus gastos operacionales, se impone una nueva gobernanza y un programa para mitigar “posibles” riesgos que puede confrontar el sistema cooperativo. Pero antes de entrar a discutir el plan, debemos hacer un recuento histórico para entender el porqué se le ha impuesto a COSSEC un plan fiscal.

En la actualidad, COSSEC es una corporación pública que tuvo su origen en la Ley del Fondo de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 99 de 1980, como un programa en la Oficina del Inspector de Cooperativas. Con este programa se creó un seguro similar al que utilizan los bancos comerciales y otras instituciones financieras para asegurar los haberes que sus clientes tienen depositados en dichas instituciones. El propósito del mismo era asegurar la igualdad competitiva a las cooperativas de ahorro y crédito con otras entidades financieras y el crecimiento y desarrollo de éstas en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Cabe señalar que este fondo de seguro de depósitos a diferencia de otros, incluyó en el seguro las acciones de los socios de las cooperativas.

Una década después, este programa fue sustituido por la Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 5 de 1990, (conocida como PROSAD-COOP) la cual creó una corporación separada de la Oficina del Inspector para asegurar a las cooperativas y velar por su solvencia económica. Esta nueva corporación, creada por el Estado con fondos privados, estableció una junta de directores con participación de representantes del gobierno y el movimiento cooperativo. Más adelante, esta ley fue sustituida por la Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 114 de 2001, (conocida como COSSEC) que reestructuró y re-designó la corporación. También, dispuso la continuidad jurídica, operacional y financiera de dicha entidad cooperativa. En esta ley es importante señalar que la corporación fue re-designada como una corporación pública, aunque no se explica en detalle el porqué ni las implicaciones de este cambio. Finalmente, en el 2008, la Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Ley 247, se adscribió la Corporación como componente operacional de la Comisión.

El 13 de junio de 2016, se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico o “PROMESA”. La misma estableció una Junta de Control y ayuda al Gobierno de Puerto Rico, incluidas sus instrumentalidades, en la administración de las finanzas públicas, y para otros propósitos. El principal de éstos, es proveer un método a un territorio abarcado para que logre la responsabilidad financiera y el acceso a los mercados capitales.

Esta ley dispone que la Junta de Control, en su plena discreción, en el momento en que lo considere apropiado, puede designar a cualquier Instrumentalidad territorial abarcada, sujeta a las obligaciones de la Ley. De acuerdo con esto, el 30 de septiembre de 2016, la Junta de control determinó que COSSEC era una de las instrumentalidades abarcadas por la Ley PROMESA. Esto se debe a que actualmente la personalidad jurídica de COSSEC es una corporación pública y por lo tanto es considerada como una Instrumentalidad del territorio.

La intervención a COSSEC por parte de la Junta de Control pone de manifiesto muchas interrogantes sobre la evolución y estructura de la corporación. En primer lugar, aunque la gobernanza de la corporación ha estado en manos de una Junta de Directores compuesta por representantes del Estado y el Movimiento Cooperativo, la financiación de la misma ha sido provista en un cien por ciento (100%) por las primas pagadas por las cooperativas aseguradas. Por otro lado, en el caso de COSSEC a diferencia de otras instrumentalidades del territorio, no emite deuda pública. Por el contrario, COSSEC, al igual que muchas cooperativas individualmente, es un acreedor del Gobierno de Puerto Rico. En este sentido, COSSEC no requiere lograr la responsabilidad financiera ni tener acceso al mercado de capital que es el propósito principal de la Junta de Control.

El plan fiscal presentado por el gobierno y aprobado por la Junta de Control Fiscal se hizo a espaldas y sin la participación activa del sector cooperativo, por lo que no necesariamente responde a las prioridades de las cooperativas sino a la propia Corporación. Al igual que otros planes fiscales presentados, la información ofrecida en el plan fiscal no presenta los detalles de las medidas específicas que se tomarán por lo que se mantiene en un estado de secretividad y de poca transparencia por parte del Gobierno y la Junta de Control Fiscal. En lo poco divulgado sobre el plan fiscal se establece que COSSEC como aseguradora de depósitos y acciones en las cooperativas, enfrenta riesgo ante las posibles reclamaciones de socios asegurados debido a las posibles pérdidas sustanciales de las cooperativas que invirtieron en bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y la posible fuga de depósitos y acciones por una falta de confianza en el sistema cooperativo. Es decir, el plan fiscal busca proteger a COSSEC ante “posibles sucesos” a pesar que el propio plan establece que el seguro tiene el capital adecuado para cumplir con sus obligaciones regulatorias y de seguro bajo escenarios ordinarios y relativamente estresados.

Para asegurar una “ejecución efectiva del plan fiscal, al gobierno de Puerto Rico se le ha impuesto una “nueva reforma de la gobernanza” mientras el plan fiscal esté vigente y se esté implementando. La misma consiste en crear un comité compuesto por tres funcionarios del gobierno: el presidente de la Junta de COSSEC, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comisionado de Instituciones Financieras. Este comité tendrá todas las facultades que tiene la actual Junta de COSSEC y podrá adoptar los reglamentos y la normas que sean necesarias para el éxito de la implantación del plan fiscal. Para esto el Gobierno tendrá que enmendar las leyes cooperativas en un plazo de 30 días sin consultar al sector cooperativo.

La estocada a la participación del sector cooperativo resulta cuestionable ya que les otorga a los funcionarios que responden a la política partidista del gobierno, todo el poder sobre la Corporación sin que haya una legítima representación del sector cooperativo que son finalmente los que aportan el 100% del capital de COSSEC. Esta acción no es poner en sindicatura a COSSEC como reportan algunos medios de comunicación, es una toma (taking) del Gobierno a otra corporación pública como lo hicieron anteriormente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto no es una propuesta o recomendación de la Junta de Control Fiscal, es del gobierno quien presentó el plan fiscal de COSSEC. Debemos preguntarnos, ¿por qué la Junta de Control Fiscal acogió y aprobó la creación de este Comité que desplaza a la Junta de COSSEC y cómo esto garantiza el cumplimiento y ejecución efectiva del plan fiscal? Pero sobre todo, ¿cuál es el interés del gobierno en controlar esta corporación pública? Es importante recordar que fue el gobierno quien promovió, por no decir presionó, a algunas cooperativas a invertir en los bonos y permitió incluso que se obviaran las políticas de inversión de las cooperativas permitiéndoles que invirtieran más de lo debido, concentrando así sus inversiones en bonos del gobierno que hoy se valoran en aproximadamente un 49% por debajo de su valor par. ¿Cómo se puede confiar en que ahora el gobierno cumpla y gestione el plan fiscal sin la participación del sector cooperativo? Los cooperativistas no deben permitir que el gobierno continúe violando la autonomía y la independencia de las cooperativas al momento de decidir sobre los recursos económicos que no son públicos sino privados. De esta manera, las cooperativas podrían atender más eficazmente la situación por la que atraviesan sin la influencia indebida del gobierno.

Ante esta situación el movimiento cooperativo tiene una gran responsabilidad ante los socios cooperativistas y el País. En primer lugar, deben informar a todos los socios de las cooperativas la condición económica de sus instituciones, poner en práctica los valores cooperativos de la honestidad y la transparencia, no se puede seguir negando la realidad, hay que aceptar los errores y asumir la responsabilidad fiduciaria sobre las decisiones tomadas. Es preciso comunicar y educar sobre las pérdidas, la falta de liquidez, la necesidad de fusión o consolidación de algunas cooperativas para mantener la solidez del sistema cooperativo. Esta será la única forma en que nuestros socios continuarán confiando y respaldando nuestras cooperativas y evitaremos la fuga del capital del sistema. En segundo lugar, debemos ser proactivos en los cambios a las leyes cooperativas, aprovechar este momento histórico para reclamar que se restructure COSSEC y se separen las funciones de supervisión y el seguro de las cooperativas de ahorro y crédito. Reconocemos que el Estado debe mantener su rol de supervisión para garantizar el interés público de los depositantes en nuestras cooperativas, pero el seguro debe ser administrado por un ente cooperativo privado como existen en otros países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. De paso, deben reclamar que COSSEC deje de supervisar a las Cooperativas de Tipos Diversos para que sean supervisadas por la industria a la que pertenecen, de manera que éstas puedan estar en pie de igualdad con los otros sujetos de derecho privado.

También, deben reclamar de una vez y por todas, la transferencia de las funciones de promoción y desarrollo del cooperativismo que hoy realiza la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) conforme a lo establecido en su propia ley orgánica. Finalmente, debemos reclamar la salida del gobierno y la autogestión del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FDECOOP). En estas tres organizaciones, la co-participación del sector gubernamental y el sector cooperativo ha fracasado. La solución a esto no puede ser la sustitución o eliminación de la participación del sector cooperativo en sus Juntas, sino la transferencia de las funciones y responsabilidades

Los cooperativistas no deben permitir que el gobierno pretenda continuar controlando, mediante este plan fiscal o cualquier cambio en legislación, al movimiento cooperativo puertorriqueño. Si lo permiten, el cooperativismo nunca será una opción real de desarrollo socioeconómico para nuestro pueblo.

El autor es profesor del Instituto de Cooperativismo Universidad de Puerto Rico.