Por Rafael Bernabe
Especial para CLARIDAD
El nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Andújar, indicó recientemente que las agencias de gobierno requieren “reformas estructurales”. Esto es cierto, pero se queda corto: no solo el gobierno, sino toda la economía de Puerto Rico necesita cambios estructurales. La pregunta es ¿qué cambios necesitamos y qué quiere decir Andújar con “reformas estructurales”?
Para cambiar una estructura primero hay que identificarla. ¿Cuál es la estructura fundamental de la economía de Puerto Rico, más allá de la estructura básica de toda economía capitalista? En el siglo XX y lo que va del XXI, esa estructura se formó y evolucionó en un ámbito específico: el movimiento irrestricto de mercancías, dinero y capital entre Puerto Rico y Estados Unidos. Como consecuencia de esa relación, la economía de Puerto Rico se estructuró como una economía dependiente y colonial que incluye los siguientes aspectos:
- El control de su mercado por productos importados provenientes de Estados Unidos.
- El control de sus sectores productivos más importantes por el capital externo, fundamentalmente de Estados Unidos.
- La especialización unilateral de la economía de Puerto Rico de acuerdo con los intereses del capital externo.
- La fuga de parte importante de las ganancias o el excedente que se genera en la economía de Puerto Rico.
- Dada la no reinversión de ganancias, la incapacidad crónica de esa economía unilateral de proveer empleo para buena parte de la fuerza laboral.
- La presión del desempleo masivo crónico sobre los salarios, que se mantienen a un nivel bajo, comparados con los de Estados Unidos.
- Los niveles relativamente altos de pobreza y de bajo ingreso per cápita, comparados con los de Estados Unidos.
- La tendencia a la emigración de parte de la fuerza laboral, dada la falta de empleo y los bajos salarios.
- La elegibilidad de buena parte de la población para programas de ayuda federal a personas pobres, que mitigan, pero no eliminan, las carencias de una economía dependiente y colonial.
El predominio del capital externo en la producción se estableció en la primera época de la relación colonial con Estados Unidos, entre 1900 y 1930. A partir de 1947, la política económica del gobierno, que se mantiene hasta hoy, se orientó a perpetuar ducha estructura a través de la exención contributiva y el ofrecimiento de los más bajos salarios “bajo la bandera americana”. Con altas y bajas, esta política logró un indiscutible crecimiento económico entre 1950 y 1975 y entre 1990 y 2006, aunque acompañada por la emigración masiva en la década de 1950 y el aumento de fondos federales a partir de la década de 1970. Pero esta estructura en ningún momento logró reducir la población bajo el nivel de pobreza a menos del 40 por ciento. Tampoco logró convertir el crecimiento en desarrollo mínimamente orgánico y autosustentable.
Esta estructura entró en una crisis aguda a partir de 2006, cuando se inició lo que podemos describir como la gran depresión de Puerto Rico del siglo XXI. Varios factores contribuyeron a desatarla, entre ellos la eliminación de parte de la exención contributiva federal (la sección 936) y las políticas de libre cambio que dieron acceso al mercado de Estados Unidos a nuevos países. La economía de Puerto Rico empezó a contraerse, el empleo se redujo, lo recaudos del gobierno cayeron.
Ante esa realidad, en lugar de reconsiderar su política económica, el gobierno aumentó tímidamente los impuestos al capital foráneo (el impuesto de 4 por ciento a algunas de sus transacciones), empezó a implantar medidas de austeridad (Ley 7 en 2009, Ley 66 en 2014, etc.) y se endeudó cada vez más. Economía deprimida y deuda creciente es una fórmula que conduce al impago, que se materializó en junio de 2015 cuando el gobierno anunció que no cumpliría con el servicio de la deuda. Ante ese hecho, el Congreso de Estados Unidos decidió tomar control sobre el proceso de renegociación de la deuda a través de la imposición de la JCF.
¿Qué políticas ha implantado la JCF? ¿Acaso corresponden a los cambios estructurales que Puerto Rico necesita? Muy lejos está ese de ser el caso. La JCF ha aplicado el libreto neoliberal, favorable al gran capital. Según ese libreto, la crisis de la deuda se debe al “gigantismo gubernamental” y la crisis económica se debe a que los trabajadores tienen demasiados derechos. La solución, por tanto, es la privatización y la reducción del gasto público (incluyendo reducir a la mitad el presupuesto de la UPR) y la reducción de derechos laborales (la llamada reforma laboral de 2017, que la Junta sigue defendiendo en los tribunales). El argumento del “gigantismo” es falso: la cantidad de empleados públicos comparado con la población de Puerto Rico es igual o menor que la de muchas otras jurisdicciones en y fuera de Estados Unidos. Si el empleo estatal en relación con el privado es mayor que en otros lugares, esto se debe, no al “gigantismo” del gobierno, sino al raquitismo de la economía privada que no reinvierte buena parte de sus ganancias en el país.
Las políticas de privatización, reducción del gasto público y eliminación de derechos laborales de la Junta no buscan transformar la estructura de nuestra economía. Al contrario, aumentan la dependencia en el capital foráneo y pretenden vender nuestros recursos y capacidad de trabajo lo más barato posible. Es decir, las “reformas estructurales” que anuncia Andújar no pretenden cambiar las estructuras dependientes y coloniales existentes, sino perpetuarlas, a la vez que aseguran el mayor pago posible a los bonistas Es lo opuesto de lo que necesitamos.
A pesar de esto, el gobernador ha proclamado que la economía está en plena recuperación. Debemos señalar que las economías capitalistas siempre fluctúan entre momentos de expansión y contracción. En todo caso, lo sorprendente es que no haya habido prácticamente ningún periodo de recuperación en los pasados quince años. Sabemos la causa de esta recuperación relativa: el influjo masivo de fondos federales para reconstrucción. De esta forma se logra algún crecimiento sin cambio estructural alguno. Lo mismo ha ocurrido en el pasado (fue el caso de los fondos ARRA durante la administración de Luis Fortuño). El gobierno apuesta a que con el estímulo federal podrá pagar el ajuste de la deuda acordado sin tener que incrementar medidas de austeridad. Pero sabemos que ya asoma una nueva recesión de la economía capitalista global, que no dejará de afectar a Puerto Rico.
Incluso sin la recesión, el pago de la deuda impone sacrificios. Cada vez que se diga que no hay fondos para aumentar salarios o ampliar servicios de gobierno o que se señale que las agencias no tienen el personal necesario para ofrecer servicios adecuadamente, hay que recordar que en lo que va de año fiscal el gobierno ha pagado cerca de $1.1 mil millones en el servicio de la deuda de obligaciones generales y más $494 millones de COFINA, para un total de $1.6 mil millones.
Corremos el peligro de que cuando se sequen los programas federales, sus fondos hayan pasado por el país sin que se hayan hecho los cambios estructurales necesarios, dejándolo ante una nueva depresión, que llevará a un nuevo impago de la deuda. La ausencia de planificación en la realización de los distintos proyectos de reconstrucción también contribuye a ese resultado.
Sin dejar de atraer inversión externa, Puerto Rico necesita incentivar las iniciativas internas (estatales, cooperativas o privadas, según convenga en cada sector) que reinviertan sus ganancias o excedentes en el país. Sin abandonar la exportación, es necesario fomentar la producción más diversificada para el mercado interno. Es necesario asegurar que una parte mayor de las ganancias del capital foráneo se reinviertan en Puerto Rico. Debemos recuperar parte de esas ganancias a través de impuestos, que correspondan al volumen de las primeras. Debemos asumir como fundamento una clase trabajadora cualificada con alto potencial productivo y altos salarios, en lugar de ofrecer al país como plataforma de bajos salarios y superexplotación laboral. La utilización de los fondos federales de reconstrucción (en vivienda, carreteras, energía, etc.) debe coordinarse de acuerdo con estos objetivos.
Nada de esto ocurrirá espontáneamente como resultado de la competencia en el mercado. Al contrario, ese mecanismo no hará más que reproducir la estructura colonial existente, como ha ocurrido desde 1900. Estos objetivos requieren un radical salto al frente en planificación y en la dirección pública de la actividad económica. Esto también exige una radical democratización de la gestión pública, con participación laboral y ciudadana.
Globalmente, el movimiento ecologista ha puesto en duda la relación entre desarrollo y crecimiento. Sabemos que el crecimiento ilimitado es imposible en un planeta limitado. Es necesaria una concepción del desarrollo como vida segura y aumento del tiempo libre, en lugar de la acumulación incesante de mercancías. En Puerto Rico hemos tenido crecimiento sin desarrollo y recientemente carencia de ambos. Ahora debemos aspirar al desarrollo, pero no como el capitalismo lo ha definido y define. Es la perspectiva que debemos formular y defender ante la agenda neoliberal, privatizadora y antiobrera de la Junta.
